Campanazo de la SIC a dos cámaras de comercio por presunto mal manejo de datos personales sensibles

Es claro que en Colombia para que alguien utilice los datos personales de los ciudadanos debe tener, en mano, la autorización expresa del titular.En los últimos tiempos se están presentando, con más frecuencia, casos como el que llevó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a abrirles pliego de cargos a las Cámaras de Comercio de Villavicencio y Montería, por lo que considera una posible infracción de varias disposiciones del régimen jurídico de habeas data.Según la entidad de control, las mencionadas entidades, mediante formularios que utilizan en sus páginas web, recolectan datos personales, pero en algunos casos se encontraron algunas fallas que son las que intenta revisar la SIC.Por ejemplo, en muchos casos no solicitan la autorización de las personas para recolectar y usar sus datos personales.La SIC también detectó que, en ocasiones, no informan a las personas la finalidad de la recolección y tratamiento de sus datos personales. De igual manera, la entidad de control recordó el derecho que tiene todo ciudadano a que se le informe lo que está contenido en el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, es decir, qué se va a hacer con su información.Datos sensiblesPuntualmente, en el caso de la Cámara de Comercio de Villavicencio, la Superintendencia pudo establecer que se recolectan datos sensibles relacionados con la pertenencia a población vulnerable, raizal, palenquera, afrocolombiana e indígena, pero no les informan a las personas que esa información es sensible, ni les indicaron que no es obligatorio suministrar esos datos.La entidad encontró, además, que la institución tampoco da a conocer a las personas los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos personales y de revocatoria de la autorización, ni pone en conocimiento de las personas la política de tratamiento de información.Luego de la apertura de la investigación, las cámaras de comercio mencionadas tienen un plazo de 15 días para atender estos requerimientos. En caso de comprobarse las violaciones, las multas podrían ascender hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.