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| 12/6/2014 10:00:00 PM

Castigo en firme

La Superintendencia de Sociedades ratificó lo que se conoce como la ‘muerte comercial’ contra varios de los implicados en la debacle de InterBolsa.

Castigo en firme Rodrigo Jaramillo y Juan Carlos Ortíz
Así, Rodrigo Jaramillo y Juan Carlos Ortiz quedaron inhabilitados para ejercer el comercio por diez años. Esta misma sanción, pero por dos años, fue ratificada para Ruth Stella Upegui en su calidad de representante legal de la compañía. La Superintendencia de Sociedades estableció que los sancionados utilizaron a InterBolsa S.A. con el propósito de defraudar a sus acreedores, causando una crisis de liquidez en el grupo empresarial que se evidencia, entre otros, en actividades como el otorgamiento de cupos de crédito excesivos al Grupo Corridori para la adquisición y posible manipulación de acciones de la especie Fabricato.

Adicionalmente la Superintendencia advirtió que hubo una disminución de los bienes de la sociedad y actos simulados, como la triangulación de dinero realizada a través de la Clínica La Candelaria IPS SAS. Precisamente, también, la semana pasada, la Superintendencia Financiera confirmó en su totalidad las sanciones impuestas por esta última operación. Jorge Mauricio Infante Niño, expresidente de la Sociedad Administradora de Inversión (SAI) quedó inhabilitado por cinco años para realizar funciones de administración, dirección o control de las entidades sometidas a inspección y vigilancia permanente de la Superfinanciera y fue multado con 150 millones de pesos.

Por este mismo caso, Martha Luz Barrero Carvajal, exgerente de la cartera colectiva escalonada InterBolsa Credit, fue la inhabilitada por 12 meses y multada con 100 millones de pesos. Según la Superfinanciera se demostró que parte de los recursos de la cartera colectiva citada se destinaron a apoyar la liquidez de la sociedad matriz InterBolsa, como es el caso de la triangulación en el caso de la Clínica La Candelaria. Adicionalmente, a los sancionados se les comprobó que, con los recursos captados del público, concedían préstamos al denominado Grupo Corridori, entre otros, conductas prohibidas por las normas vigentes.
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