DE HERODES A...JUNGUITO

Si usted vive en Colombia ha oído hablar del tema. La discusión ha involucrado desde los más agudos planificadores hasta la gente común, pasando por los niños de "mamá Yolanda". Como en toda polémica ha habido atacantes y defensores quedando maltrecha la imagen del ministro de Hacienda. De semanas para acá el titular de las finanzas públicas ha sido rebautizado como "Herodes Junguito" y ha recibido el título de "enemigo de los niños".
¿Algún oscuro plan de exterminación masiva? En absoluto. Todo el problema lo han causado 14 artículos del proyecto de ley número 4 de 1985 "por medio del cual se autorizan unos recursos y se dictan normas tendientes al reordenamiento de las finanzas del Estado", presentado por el gobierno nacional al Congreso a comienzos de las actuales sesiones extraordinarias a principios de marzo .
Desde ese entonces, los colombianos se han venido a enterar que dentro de los recursos del Estado existe una clase llamada "rentas de destinación especial", las cuales consisten en impuestos cuyo recaudo va a nutrir específicamente a alguna entidad del gobierno. Es así como, por citar un caso, el 10% del precio de venta de un paquete de cigarrillos se destina a las juntas seccionales de deportes, que a su vez le transfieren un 30% a Coldeportes. Con un procedimiento similar se financian organismos tales como el Fondo Nacional del Café Proexpo, los servicios de salud, la Corporación Nacional de Turismo, etc.
Todo estaría muy tranquilo si en los 14 artículos del proyecto citado el gobierno no planteara la iniciativa de desmontar gradualmente, a lo largo de un período de cinco años, el 50% de las rentas de destinación especial que reciben institutos como el Fondo Vial, Proexpo, el Sena y el ICBF.
En el caso de los dos primeros han existido protestas esporádicas a través de la prensa que se ven opacadas por las quejas sobre los dos últimos.
En lo que hace al Sena, desde su director hasta el sindicato en pleno se han opuesto a la medida por considerarla lesiva tanto para los intereses de la institución, como para los del país.
El Bienestar Familiar, por su parte, ha tenido su voz de denuncia en los niños que reciben atención en la entidad, y quienes se han tomado el Congreso de la República en un par de ocasiones para denunciar la idea.
En general, los críticos del gobierno han sostenido que todo se debe a un movimiento en contra de los programas sociales tradicionales, como resultado de los parámetros que fija el mentado programa de ajuste económico, adelantado por la actual administración.
Sin embargo, apartándose de tanta consideración emocional, los estudiosos del problema insisten en la necesidad de las reformas propuestas.
En el caso del Sena y el ICBF, se afirma que cuentan con recursos de sobra para atender sus necesidades actuales, en contraste con tantos organismos estatales que dependen del presupuesto nacional y atraviesan épocas de penuria (tanto el ICBF como el Sena reciben un 2% de la nómina de las empresas, y el primero recauda adicionalmente un 12% de las ventas de sal). "Aquí no se trata de acabar a nadie, sino de corregir esas desigualdades entre entidades, que llegan a extremos escandalosos", sostuvo un miembro del gobierno.
Aparentemente, las cifras sustentan las afirmaciones anteriores. El Servicio Nacional de Aprendizaje --creado hace un cuarto de siglo con el fin de otorgar capacitación intermedia--tuvo el año anterior ingresos por 17.248 millones de pesos y uno de los peores récords administrativos entre las entidades descentralizadas del gobierno. En opinión de los conocedores, la abundancia de recursos es tal, que ha creado notorias ineficiencias. De tal manera, se cita cómo el costo de capacitar un técnico del Sena es sensiblemente mayor que el de educar un profesional en la universidad pública más cara del país (la del Valle con 250 mil pesos por estudiante al año).
A pesar de los pobres resultados en este campo, los trabajadores del Sena gozan de unas ventajas que envidiarían los integrantes de las más sólidas empresas privadas. Mientras que en promedio para la economía el aumento de salarios se situó en alrededor del 22% en 1984, en el Sena este fue de 23.6% y las primas extralegales lo hicieron en 57.7%, con lo cual, entre primas y prestaciones sociales, el empleado recibe el equivalente de 10 meses de salario.
Adicionalmente, el Sena tiene una serie de fondos para sus empleados, los cuales son únicos en su género y cuyos recursos ascendieron en 1984 a unos 3 mil 400 millones de pesos (excluyendo la suma correspondiente al Fondo para la Industria de la Construcción). Entre otros, existe un fondo de pensiones con 116 millones de pesos, cuya presencia es difícil de explicar ya que el Sena aporta al Instituto de Seguros Sociales, el cual se encarga en su momento de responder por las pensiones de jubilación. Asimismo, hay un fondo de vivienda con mil 487 millones de pesos, cifra que equivale a tres veces lo que el gobierno se va a gastar este año en saneamiento básico rural y programas de acueducto y alcantarillado.
Pese a tanto gasto, el Sena ha logrado liquidar superavit importantes y a 31 de diciembre pasado tenía saldos en entidades financieras por mil 568 millones de pesos. Tal situación es la que ameritaría una medida como la propuesta. "El Sena es un paquidermo burocrático e ineficiente que dispone de tanto dinero que ya no sabe cómo gastárselo" sostuvo un economista del sector oficial.
La administración de la entidad se defiende diciendo que los puntos anteriores y las cifras sobre solvencia de esta no son ciertas. Hablando ante la comisión octava de la Cámara de Representantes la semana anterior, el director del Sena, Alberto Galeano aseguró que los gastos de la entidad se ajustan a un estricto marco fijado por el mismo gobierno, donde son mínimas las posibilidades de otorgar concesiones especiales.
Por su parte, al ICBF tampoco le ha ido bien en su evaluación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyos fines son la protección del menor y el fortalecimiento de la familia atiende tan solo un reducido número de posibles usuarios y, paradójicamente, frente a una gran demanda por sus servicios ha dado repetidos superávit de tesorería en los últimos cuatro años, los cuales ascendieron en 1984 a la suma de mil 456 millones de pesos.
El año anterior, Bienestar Familiar atendió a 191 mil niños en los hogares infantiles, prestó asistencia legal en 160 mil casos y colaboró con 87 mil nuevas madres, pero en opinón de los especialistas esos resultados son muy pobres para una entidad cuyo presupuesto de ingresos ascendió a 12 mil 505 millones de pesos, casí la misma suma aportada al Servicio Nacional de Salud que cobija a millones de colombianos. "El ICBF debería hacer el doble con la mitad de la plata", insistió alguien del ministerio de Hacienda, quien criticó lo hecho tanto en materia de asignación de recusos como en políticas concretas de construcción de nuevos centros de asistencia o de ayuda al público. Como ejemplo, citó el caso de 1984 cuando frente a un superávit tan cuantioso,el numero de niños atendidos (191.612 según la entidad) fue inferior en 3 mil al total de 1.983 .
La dirección del ICBF utiliza prácticamente los mismos argumentos del Sena para justificar su desempeño.
Hablando en el Congreso, su director Javier Uribe, insistio en que hay que ir mucho más allá de lo que muestran las cifras y advirtió sobre los eventuales peligros de un recorte presupuestal.
Pese a los argumentos de defensa que esgrimieron ambos institutos la mayoría de los legisladores estaba convencida la semana pasada de que era necesario hacer algo al respecto. No obstante, el costo político de una medida que les habría endilgado el calificativo de "Herodes", pareció pesar más que los ánimos de solucionar la situación. Adicionalmente, varios congresistas denunciaron las ofertas de cuotas burocráticas por parte de miembros tanto del Sena como del Bienestar Familiar a cambio de oponerse al proyecto.
A finales de la semana, el liberalismo oficialista parecio conjurar la confrontación mediante una propuesta intermedia que consiste en aumentarle las funciones a ambas entidades.
Es así como el Sena asumiría el control y financiamiento de las escuelas industriales y la universidad a distancia, mientras que el ICBF cargaría con ciertos programas de agua potable y el financiamiento de los hospitales infantiles. La idea, con todo, no alcanzó a ser formulada cuando se escucharon las primeras críticas debido a que se pronostica--de pasar la iniciativa--mayor ineficiencia administrativa y errores de procedimiento hasta tanto las entidades no se familiaricen con sus nuevas funciones. "Es uno de esos casos--afirmó un técnico de Planeación Nacional--en los que parece que el remedio va a ser peor que la enfermedad".