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| 5/23/1983 12:00:00 AM

¿DEMOCRATIZACION O NACIONALIZACION?

En medio de rumores y especulaciones, el gobierno reglamenta fondo de 10 mil millones de pesos el sector bancario.

¿DEMOCRATIZACION O NACIONALIZACION? ¿DEMOCRATIZACION O NACIONALIZACION?
Finalmente, después de semanas de especulaciones y suspensos salieron a la luz pública las medidas que regulan el Fondo de Democratización y Capitalizacion de la Banca.
El primer paso de este proceso fue dado en octubre de 1982 cuando el gobierno, en medio de la emergencia económica promulgada para solucionar la crisis financiera, decretó que ninguna persona natural o jurídica podría poseer, cumplidos cinco años a partir de 1983, más del 20% del total de cualquier institución financiera sometida al control de la Superintendencia Bancaria. Agregaba el decreto que para 1985 ningún accionista podría poseer más del 50%, ese porcentaje debería bajarse al 40% en 1986, al 30% en 1987 y al 20% en 1988.
La regulación, pese a la infinidad de fechas y porcentajes que contenía, era tremendamente ambigua. No se estipulaba quién podía comprar, ni cuáles eran los límites de compra, tampoco se sabía de donde iban a salir los recursos necesarios para efectuar una "democratización" que implicaba operaciones por decenas de miles de millones. Se llegó a pensar que todo se reducía a una amenaza moralizadora del gobierno.
El nuevo Fondo creado en el Banco de la República devuelve el decreto a la vida, irrigándolo con 10.000 millones de pesos y cubriéndole la mayor parte de los escapes procedimentales de los cuales adolecía.
Los 10.000 millones (todo indica, provenientes de emisión) serán utilizados para financiar la compra de las actuales acciones o aquellas que resulten de nuevas emisiones, de tal manera que se logre desconcentrar y capitalizar simultáneamente. Ninguna persona podrá adquirir más de un 3% de las acciones en circulación del banco, exceptuando las entidades oficiales. Para la venta de las acciones se tomará como referencia el precio de bolsa, pero si la Comisión de Valores considera que éste difiere del pecio de mercado, podrá determinar un nuevo precio. La financiación ofrecida es tal vez la más barata que se puede conseguir en el mercado: la tasa de interés es del 18% con un plazo de tres años y un período de gracia hasta de un año. Estas condiciones muestran claramente el afán que tiene el gobierno de que los objetivos con los cuales fue creado el Fondo se cumplan, que es precisamente lo que no ha ocurrido con los innumerables Fondos creados en los últimos meses.
Además de los esquemas normales de financiación, la regulaciones de este Fondo incluyen unas complicadas y confusas reglas contractuales de fideicomiso que han despertado toda una serie de dudas en círculos bancarios. Dice el decreto que quienes esten dispuestos a vender sus acciones pueden llevarlas a la sección fiduciaria del banco que va a financiar a los posibles compradores (que no puede ser el mismo banco vendedor) y recibirán anticipadamente hasta el 80% del valor de sus acciones. Mientras éstas no sean vendidas, el dueño de ellas pagará un interés anual equivalente a los dividendos que produzcan, o sea que de su bolsillo no va a salir un solo peso y aunque las acciones no se vendan, el estará usufructuando la mayor parte del precio de venta. Mientras las acciones estén en fideicomiso, un funcionario designado por el gobierno las representará en la junta directiva del banco.
Debido a la cantidad de veces que fue anunciada la expedición del decreto y a la desmedida complicación con que fue redactado, se han venido tejiendo todo tipo de especulaciones a su alrededor.
Ante versiones sobre una posible nacionalización velada, las autoridades se apresuraron a afirmar que no tenían fundamento alguno, que no se podía confundir democratización con nacionalización. Pese a estas declaraciones, algunos se preguntan: ¿Por qué los particulares sólo pueden comprar el 3% de las acciones de un banco, mientras que el sector oficial no tiene límite en sus posibilidades de compra? Limitados los préstamos a los accionistas por las disposiciones del año anterior, la rentabilidad de participar en la propiedad de un banco disminuye radicalmente. Surge entonces una serie de interrogantes: ¿Quién va a ser el demandante de acciones de banco bajo estas nuevas circunstancias? ¿El gobierno? ¿Cuáles son las implicaciones de que el gobierno desee tomar de inmediato puestos en las juntas directivas de los bancos, mediante ese complicado y oneroso sistema de fideicomiso? Si no hay demanda para estas acciones por parte de particulares, ¿terminaría el gobierno quedándose con todas las acciones que están en fideicomiso?
El gobierno considera que una tasa del 18%, que tomando en cuenta el índice de inflación resulta ser negativa, será atractiva a los inversionistas privados, por lo cual la demanda en ningún momento será tan baja como se ha dicho. Respecto a la posibilidad de compra de más de un 3% por parte de las entidades oficiales y la colocación de delegados del gobierno en las juntas directivas, expertos del sector público afirman que esto nada tiene que ver con una nacionalización. Simplemente, agregan los expertos, el gobierno debe vigilar los fondos prestados y ejercer un control sobre los excedentes accionarios colocados en fideicomiso, mientras éstos se logran vender.
Una segunda especulación que tomó fuerza era que los 10 mil millones no estaban dirigidos a la banca en general, sino a ciertos bancos con nombre propio que afrontan problemas de diverso orden. Según esta versión, en el caso de algunos bancos pequeños con endebles estructuras financieras, el objetivo de las medidas seria el de evitar la repetición de una crisis financiera como la del año anterior. El gobierno dice que 10 mil millones es todo lo disponible en este momento; la gente se pregunta: ¿qué pasará cuando la situación monetaria no permita acudir a nuevas emisiones? ¿Se quedará d proceso de democratización a medias? ¿El gobierno para ese entonces ya habrá actuado sobre los bancos en que deseaba actuar?
En otros sectores se comentaba que era inconcebible que precisamente cuando se les estaba acabando el negocio de la especulación a los bancos, debido a los controles impuestos por las autoridades monetarias, el gobierno generosamente decide otorgarles las mejores condiciones para la venta de sus ya menos productivas acciones.
Altos directivos de la banca estiman que lo anterior no tiene ninguna validez ya que el nuevo tratamiento accionario incluido en los decretos de la emergencia, en particular la abolición de la doble tributación, implica un incremento considerable en la rentabilidad de los bancos. Agregaron los directivos bancarios que es un lamentable error suponer que la rentabilidad del sistema financiero sólo es posible hallarla en operaciones ilícitas o puramente especulativas.
También se ha oído decir que el proceso de democratización es bastante utópico ya que algunos bancos cuya composición accionaria parecería cumplir las normas exigidas, lo que tienen en realidad es un sinnúmero de testaferros encubriendo la identidad del verdadero dueño. Se plantea también la posibilidad de que quienes tengan más del 20% le vendan a sus testaferros, lo cual sería un magnífico negocio, ya que estarían consiguiendo dinero en condiciones muy favorables, tan solo por llevar a cabo un traslado accionario ficticio.
Por último, ha extrañado el hecho de que el fondo sólo cubra a los bancos, siendo que el decreto emitido el año anterior cubría absolutamente todo el sistema financiero. Esto sorprende ya que la concentración en Corporaciones de Ahorro y Vivienda y en las Corporaciones Financieras ha tenido las mismas implicaciones nocivas de la concentración bancaria.
Claro está que la entidad financiera con mayor flexibilidad y movilidad es el banco por lo cual, de realizarse los objetivos del Fondo, el sector financiero perdería buena parte de su mal manejada versatilidad.
En el fondo, la meta de democratización de la banca es más fácil anhelarla que alcanzarla. Experiencias análogas como la ley 55 de 1975, por medio de la cual se buscó colombianizar la banca, demuestran que en estas situaciones la disponibilidad no necesariamente genera la demanda, y menos aún en medio de una recesión.
Por esto, el gobierno debió recurrir a innovadoras figuras financieras, que obviamente tienen sus limitaciones, pero abordan el problema en forma pragmática.
Mientras tanto, la gente rumora, especula y teme.

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