El duro momento de los trabajadores independientes

El odontólogo que tiene un consultorio privado; el trabajador que laboraba con un contrato temporal y para firmarlo le exigían la certificación de pago a salud, riesgos laborales y pensiones, o la empleada doméstica que no pudo volver a realizar su actividad en la cuarentena. Esos son los trabajadores independientes en Colombia, que aunque no tienen una vinculación estable con algún empleador, sí aportan por seguridad social a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

En julio de 2020, cuatro meses después del fuerte impacto que causó la pandemia en la producción del país y el empleo, 334.792 trabajadores independientes dejaron de hacer sus cotizaciones, en comparación con el mismo mes de 2019. Esto implica que se pasó de 2.373.182 de personas que hicieron sus aportes en el séptimo mes del año pasado, a 2.038.390 en igual mes de este año.

La disminución de cotizantes como independientes implica que el 14,1 por ciento de estos trabajadores no registran en las planillas de la seguridad social, convirtiéndose así en la cifra más alta en los primeros 7 meses de 2020.

Esto es lo que muestra el Registro Estadístico de Relaciones Laborales (Relab), un instrumento nuevo que viene utilizando el Dane para tomarle la temperatura al mercado laboral desde la óptica de los aportes a las distintas casillas de la seguridad social: salud, riesgos laborales, pensión.

Si por allá llueve...

La situación laboral es compleja tanto para el independiente como para el que tiene un trabajo con un empleador. Las empresas utilizaron licencias no remuneradas, suspensiones de contratos y vacaciones obligatorias para tratar de mantener la relación laboral, aunque fuera pendiente de un hilo, pero, según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, “el cartucho ya se está quemando”.

El Registro Estadístico de Relaciones Laborales muestra que en julio de 2020 se registraron 8,4 millones de personas en puestos de trabajo dependientes, frente a los 9,2 millones que había en 2019, lo que implica una contracción del 8,3 por ciento, equivalente a 765.964 personas que pueden estar ahora agrandando las cuentas de la informalidad.

Los resultados de este registro deben prender las alarmas, pese a que ya el Gobierno lanzó el salvavidas del subsidio a la nómina, intentando proteger empleos. En julio se evidenciaron 296.384 suspensiones de contratos, algo que no puede pasar inadvertido, pese a la reactivación económica que se ha dado en los meses posteriores. De ese total de suspensiones en julio, 94.621 llevaban más de un mes y, de prolongarse por más tiempo el efecto económico de la pandemia sobre las empresas, podrían llevar a que no se vuelva a llamar al trabajador.

El tema de las vacaciones se ha ido moderando, pero también fue una herramienta muy utilizada por los empleadores. Después de un registro máximo en abril, de 2.403.737 de trabajadores que reportaron en la PILA la novedad de un periodo de vacaciones, se pasó a 536.901 novedades vacacionales en julio.

Por sectores, el que más utilizó las suspensiones fue el transporte, con un incremento del 8,6 por ciento, lo que deja ver lo sucedido, principalmente, en el transporte aéreo.

Es en ese contexto donde el Gobierno nacional tramita un proyecto de ley en el Congreso, en donde se propuso extender el subsidio a la nómina hasta marzo de 2021, y se busca la aprobación de un artículo que permita repetir la aplicación de un auxilio a las empresas para el pago de la prima.

En todo caso, el fuerte impacto sobre el mercado laboral parece no tener desvío este año. Los pronósticos de la OCDE dan cuenta de que la tasa de desempleo llegaría a sobrepasar el 21 por ciento, lo que, de cumplirse, complicaría las metas de reactivación de la economía del país.