EL CASO SOCEAGRO

Hubiera podido ser uno más entre los muchos concordatos que se han declarado en empresas nacionales durante la crisis de los últimos tres años. Pero el monto de las pérdidas, la huida al exterior del presidente de la compañía y, sobre todo, el calibre de los personajes vinculados a ella como accionistas, como asesores o como miembros de la Junta Directiva, han convertido el caso de Soceagro S.A. en uno de los más publicitados de los últimos tiempos.

La historia de Soceagro comenzó a principios de los años setenta, cuando los hermanos Alfonso y Carlos Alberto Vallejo Valencia crearon una primera compañía con el nombre de Soceagro Ltda., que tenía por objeto la siembra, procesamiento y venta del arroz de los Llanos Orientales. El negocio parecía tener buenas perspectivas y Colgate Palmolive, compañía multinacional diversificada en diferentes renglones de comercialización, decidió asociarse en un 50% con los Vallejo y crear una nueva firma llamada Socecolte Ltda. No obstante el peso del nuevo socio, el negocio no resultó, al grado que en 1978, la empresa se vio abocada a una crisis financiera que coincidió con la muerte de Alfonso Vallejo.
El único activo que no fue entregado a los bancos en esa crisis fue la planta de procesamiento de arroz precocido, que hoy en día costaría más de 800 millones de pesos montar. Con base en esta planta y en parte de las acreencias que sobre ella pesaban, Carlos Alberto Vallejo y los herederos de su hermano Alfonso, acordaron con sus acreedores fundar una nueva empresa que se llamó Soceagro S.A., con Carlos Alberto Vallejo como presidente, con la cual se aspiraba a volver realidad todas las posibilidades de comercialización de arroz que habían fracasado en el pasado.
Inicialmente las cosas funcionaron. Entre 1980 y 1982, Soceagro llegó a convertirse en la primera empleadora y la primera productora de los Llanos Orientales. Durante la etapa de promoción de la fírma, se vincularon a su Junta Directiva personajes como Hugo Villegas Gómez, ex gobernador del Meta; Arturo Blanco Ordóñez, presidente de una importante exportadora de carbón; Francisco Gómez Libreros, presidente de la Unión de Arroceros; y un hijo del ex presidente López Michelsen, Juan Manuel López Caballero. La firma se amplió considerablemente con la incorporación a principios del 82 de las tierras en el Casanare de este último, que fueron aportadas a cambio del 30% de las acciones de la compañía. La sociedad quedó entonces constituida así: el grupo Vallejo, con cerca del 60%; López Caballero con un 30% y el resto para accionistas minoritarios.
Con la empresa convertida en importante productora y exportadora de arroz, se nombró nueva Junta Directiva en abril de 1983, integrada así: Enrique Gómez Hurtado, Rafael Cuéllar Molano, John Agudelo Ríos, Emilio Pizano de Brigard y Carlos Alberto Vallejo, como principales; y Alfonso Charria Agudelo, Guillermo López Vallejo, Alfonso Castro Sandoval, Ernesto Michelsen Caballero y Fernanda de Vallejo, como suplentes. También habría de ingresar como asesor económico el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Llorente.
La crisis financiera de fin de 1982 hizo que la empresa comenzara a tropezar con dificultades. A éstas se sumaron los problemas de la cosecha arrocera y de los precios internacionales que afectaron al sector por esa época. Esto implicó que créditos considerables de la línea Proexpo, por un valor superior a los 300 millones de pesos, se declararan vencidos al no cumplirse la cuota de exportación. Esta situación llevó a Soceagro a recurrir al Fondo de Capitalización Empresarial, una línea de crédito abierta por el gobierno para darle liquidez a la industria. La solicitud de ápertura de la sociedad para beneficiarse del Fondo fue aprobada por la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia Bancaria y el Banco de la República. Con base en esta aprobación, Soceagro se lanzó a un nuevo proyecto que consistía en sembrar y procesar palma africana, para lo cual obtuvo el apoyo inicial de los bancos del Comercio y, principalmente, de Colombia. El derrumbe del Grupo Grancolombiano a fines de 1983 determinó la suspensión de los créditos que esta entidad iba a destinarle al proyecto.
A comienzos de 1984, la empresa se enfrentaba a dos problemas paralelos: los intereses de la deuda vencida para las actividades de arroz continuaban aumentando y simultáneamente la inversión adicional en tierras para sembrar palma africana tenía un gran lucro cesante ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto.
Fue entonces cuando se produjo una visita de delegados del Banco de la República, que estaban encargados de revisar las inversiones hechas en la nueva tierra a través del Fondo Financiero Agropecuario. Durante esta visita, que duró varias semanas, legalmente no se tenia acceso a nuevos créditos de ese fondo. Se presentó además una visita de la Superintendencia Bancaria, que tenia por objeto verificar los inventarios de arroz de las bodegas para descuento de bonos de prenda, ya que esta entidad tenia la información de que los inventarios oficiales no correspondían a la realidad. Esto se confirmó en abril del 84 y por ello se canceló la licencia de bodega para descuento de bonos de prenda. Esta decisión fue revocada poco tiempo después con el argumento de que el arroz que hacia falta en los inventarios había sido transformado de arroz paddy a arroz precocido, pero que no había desaparecido.
El retiro de la licencia en ese momento ha debido ser el golpe de gracia para Soceagro, pero todo indica que la revocatoria que obtuvo Vallejo probablemente lo llevó a pensar que la situación era capoteable a través de la falsificación de inventarios. Fue en ese momento cuando se intensificó el proceso de falsificar existencias, perfeccionando técnicas como el montaje de andamios sobre los cuales se colocaba el arroz, creando la impresión de volúmenes enormes, cuando de arroz no había sino la "cáscara". El objeto de esto era ofrecer garantías para créditos nuevos con base en inventarios inflados.
En noviembre, horas después de que los bancos afectados entablaron acciones judiciales en su contra, Vallejo huyó a los Estados Unidos, dejando a la compañía acéfala. Presentaron entonces renuncia a la Junta John Agudelo Ríos y Emilio Pizano. Enrique Gómez la había presentado dos semanas antes.
En medio de todo esto se presentó lo que fue considerado un amago de incidente con posibles repercusiones políticas. El diario El Tiempo, en un artículo sobre Soceagro, reprodujo planteamientos formulados por Juan Manuel López sobre la responsabilidad de la Junta en lo sucedido. Las declaraciones eran extraidas de un acta de una asamblea de accionistas de la compañía, que tuvo lugar inmediatamente después de la desaparición de Vallejo. Interrogado por SEMANA, López afirmó que "en esa asamblea yo no quise entablar una pelea personal con los miembros de la Junta, sino simplemente dejar constancia para conocimiento de la Superintendencia de lo que yo consideraba que era la empresa y lo que en ella había sucedido. Estoy seguro de que los doctores Gómez Hurtado, Agudelo Ríos, Llorente y Pizano están de acuerdo con migo en que cuando uno acepta un cargo, asume responsabilidades. Obviamente ellos nada tuvieron que ver con el delito, pero una cosa es no estar vinculado al delito y otra no estar vinculado a la empresa o tener responsabilidades en la misma. La vinculación de ellos no obedeció sólo a razones sociales sino a la importancia real que tenía el proyecto".
La directiva era en realidad una Junta de notables más que una Junta efectiva ya que, con la excepción de Vallejo, ningún principal tenía intereses económicos en la compañía. Además había dejado de reunirse en forma desde diciembre del 83. Según cartas de Pizano y Agudelo publicadas en El Tiempo, nunca fue convocada en el 84 y sólo se reunió dos veces en el 83. Por su parte, Enrique Gómez presidente de la Junta, manifiesta en carta a ese diario que intentó averiguar con Vallejo las razones por las cuales la Junta no se reunía y que éste le respondió que resultaba difícil "debido a las múltiples ocupaciones de sus miembros".
Durante los últimos tres meses se ha venido evaluando la verdadera situación de la empresa y se han buscado fórmulas de negociación con los bancos para llegar a un arreglo. Hace 15 días Soceagro se declaró en concordato. Según el balance presentado a éste, las deudas ascienden a 2 mil 300 millones de pesos y los activos sumando la planta y las tierras, a una cifra cercana a 2 mil 450 millones.