El futuro de Víctor Maldonado

La Audiencia Nacional (órgano jurisdiccional de España) dio luz verde a su extradición a Colombia para que sea juzgado acá, a pesar de que tiene nacionalidad española. Según el tribunal, “los hechos objeto de acusación en Colombia son constitutivos de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, estafa agravada por la cuantía y concierto para delinquir”, lo que en España equivale a un delito de estafa continuada, castigado en ambos países con pena superior a un año de cárcel. Aunque la defensa de Maldonado podrá apelar, en un trámite que puede tardar entre uno y dos meses, la Fiscalía está lista para acusarlo en una audiencia programada para el 15 de octubre.

Hace unos días, el empresario envió una carta a la Superintendencia de Sociedades en la que hace una oferta de pago por sus deudas con Premium, propuesta que poco tiene de nueva, pues se trata de poner a disposición de las víctimas los mismos bienes que ya están embargados por el agente liquidador del fondo. En su lista, Maldonado calcula dichos bienes en 130.000 millones de pesos y propone entregarlos a una fiducia que él está dispuesto a pagar. Maldonado estaría buscando con esta oferta que la superintendencia le levante la medida de intervención para así liberar de los embargos el resto de sus bienes. Fuentes consultadas señalan que esta propuesta tendría el inconveniente de que Maldonado y sus asesores omiten que su intervención no es solo por su calidad de deudor, sino porque la Superintendencia lo considera responsable y beneficiario de la captación. Por lo tanto, su obligación no se limita a los títulos de deuda, sino a la totalidad de los recursos captados, pues es solidario con todos los intervenidos. En cuanto a sus exsocios en InterBolsa Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, estos siguen insistiendo en buscar un principio de oportunidad, sustentado en colaborar con la justicia con datos sobre fondos en el exterior. Esto les daría un beneficio en cuanto al delito de captación. Sin embargo, la Fiscalía ha dejado en claro que para lograr un principio sobre el grave delito de no reintegro tienen que devolver el dinero a las víctimas si quieren negociar, algo que por el momento no es claro. Ortiz y Jaramillo, por ahora, se apoyan en los bienes de Víctor Maldonado.