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| 6/18/1984 12:00:00 AM

EL NUEVO MAGDALENA MEDIO

Invasores, paramilitares y guerrilla repiten en el golfo de Urabá la historia del Magdalena Medio.

EL NUEVO MAGDALENA MEDIO EL NUEVO MAGDALENA MEDIO
En Urabá los muertos no se cuentan. En muchos casos, porque ni siquiera se presentan las autoridades para practicar el levantamiento de los cadáveres y, en otros, porque sus familiares los entierran en cualquier parte sin dar cuenta de los hechos. "La mayoría de las víctimas son personas humildes, trabajadores, hasta lavanderas de ropa", afirman las autoridades de Turbo, Apartadó y Necoclí, lugares donde la violencia ha cobrado mayor numero de víctimas.
La muerte es pan de cada día en esa zona, pero gran número de ellas pasan desapercibidas, como pasaron no solamente la masacre de ocho campesinos ocurrida hace dos meses en la vereda de Quirimaní, sino también la de otros cuatro campesinos en la vereda de Tío López en la primera semana de mayo, y la de dos concejales y un dirigente sindical hace pocos meses. Sin embargo, fue el asesinato del dirigente de Urabá, Jaime Ortíz Betancur, el que puso definitivamente el dedo en la llaga y llamó la atención de la opinión sobre esa región que, según algunos, está repitiendo la historia que ha vivido el Magdalena Medio.
De acuerdo con informaciones recogidas en diferentes lugares de Urabá, los asesinatos, especialmente en las zonas rurales, cobran la forma de masacres y son realizados por grupos de cerca de una docena de hombres que van sembrando el terror entre una población que se calcula en 290 mil habitantes. Estos llegaron a la zona atraídos por la bonanza bananera, pero están sufriendo las consecuencias no sólo de una excesiva concentración de la tierra como lo han señalado autoridades le la zona, sino también de una infraestructura insuficiente.
En Urabá hay una cama hospitalaria por cada 2.300 habitantes; un médico por cada 7.500 habitantes; el 153 por mil de los nacidos vivos mueren al poco tiempo; la mortalidad es del 10.4 por mil, lo que significa un 25 por ciento más que el promedio del departamento de Antioquia; sólo el 31 por ciento de las viviendas en el área urbana tienen servicio de agua pero no pura; el 30 por ciento de las viviendas tienen algún sistema de alcantarillado; el 85 por ciento de la población de edad escolar va a clases de primaria y sólo el 14 por ciento a secundaria y el analfabetismo llega al 44 por ciento.
En cuanto al problema de la tierra, el juez primero del Circuito de Turbo, Rodrigo Uribe, afirmaba recientemente a la prensa que los últimos homicidios habían ocurrido "porque los invasores luchan por su tierra y los propietarios defienden la propiedad" y el juez segundo municipal, Pedro Antonio Pérez, señalaba que el problema de Urabá se explicaba por una notoria concentración de tierra en pocas manos.
Otros voceros de la comunidad consultados por SEMANA coincidieron en afirmar que la situación que se deriva de todo ésto es el caldo de cultivo de la indisposición social y sostuvieron que tales problemas han ido creciendo en la última década. El año pasado, para intentar remediar algunos de los males, los bananeros, de motu propio, determinaron crear una bolsa de un centavo por caja exportada, la cual rendirá en el primer año 247 millones de pesos, 74 de los cuales comenzaron a ser invertidos en un plan educativo. Hace unos días, el gobierno departamental de Antioquia cumplió en Apartadó y Capurganá una reunión urgente con dirigentes de la región y con doce viceministros para establecer una tabla de prioridades en la inversión pública.
Un hecho que ilustra este grave problema se remonta al 14 de abril, cuando cerca de la media noche, después de que amainó una tempestad que azotaba el mar, 120 familias de Punta de Piedra se vieron enfrentadas al horror de una matanza. "Llegaron vestidos como policías con sombreros y dijeron: que salgan las mujeres que tengan niños y fueron disparando", le dijo a un periodista de El Mundo, la campesina Clariben Casarubio, y otra confirmó la versión: "Ellos vestían como soldados y como los antinarcóticos y con unas armas largas". El relato de algunos de los sobrevivientes coincidió en que ocho campesinos quedaron tendidos en el terreno abaleados, mientras que la mayoría lograron huir, despavoridos, por los matorrales o por el mar, y otros se hicieron los muertos.
La historia de Punta de Piedra es una una historia de invasiones. Según declaraciones de la ANUC, en un informe enviado a la Procuraduría, el 27 de diciembre de 1982, 180 familias campesinas se tomaron terrenos baldíos de la finca Punta de Piedra (Turbo) y en seis ocasiones fueron desalojadas violentamente por la Policía antinarcóticos. Posteriormente, se afirma en el mismo documento, en enero de 1983 tres pistoleros pernetraron en la casa de Agustín Barón, dirigente de ANUC, y asesinaron a Agustín Plaencia a quien confundieron con el anterior. Luego, el 13 de julio del año pasado, irrumpieron en la invasión varios sujetos armados, asesinaron a cuatro campesinos y dieron un plazo de 5 días al resto de los habitantes para abandonar las tierras. Ante esa situación, los campesinos pidieron una investigación, señalando como autor intelectual a Emiro Montoya, quien se reclamaba propietario del predio. Después vino la masacre, hace apenas un mes.
Otras fuentés consultadas por SEMANA afirman que el problema que se oculta detrás es un enfrentamiento entre diferentes invasores. Según esta versión, habría habido una primera invasión de carácter espontáneo, que fue desalojada en forma violenta por la Policía. En diciembre de 1983 se habría producido una nueva invasión, esta vez patrocinada por un grupo político de la región. A raíz de estos hechos, el Incora decretó la extinción de dominio y ordenó parcelar las tierras, lo que produjo una nueva invasión. Y fue este conflicto entre invasores lo que vivió recientemente Punta de Piedra.
Independientemente de cuál sea la versión que más se ajusta a la realidad de los hechos, lo cierto es que la tierra es el factor determinante del problema de la región, que se hace patente, entre otras cosas en el abandono de una población de cuya vida sólo quedan como mudos testigos humildes ranchos que apenas si se tienen en pie, una estatua de la Vírgen y el tablero de una escuela en el cual resulta irónico encontrar escrita la palabra socorro.
Si bien es cierto que la región estuvo ajena a tan graves conflictos durante muchos años, también lo es que la situación comenzó a deteriorarse hace alrededor de cinco años. Fue entonces cuando se conocieron los primeros chantajes, se registraron los primeros "boleteos" y se produjeron los primeros secuestros, en una sucesión de acontecimientos de violencia que ha ido creciendo desde entonces.
Dirigentes comunales y voceros del campesinado consideran que la violencia tiene su origen no sólo en aquellas deficiencias de infraestructura, sino también en la concentración de la riqueza y de las tierras, lo cual ha llevado a varias invasiones de predios en Necoclí, Turbo y Apartadó. Otra causa, confirmada por la Juez Laboral de Turbo, María Teresa Jiménez, está en los problemas que surgen por los sistemas de contratación patronal donde sobresalen los despidos injustos, las liquidaciones mal elaboradas y todo tipo de violaciones al Código Sustantivo de Trabajo, con un promedio de 48 demandas por semana. A este problema, se suman también el desempleo, la falta de servicios públicos, y además, otro que aunque no tiene las características de escándalo de otros lugares del país, sí tiene alguna incidencia: el consumo de bazuco que ha dado origen a fenómenos de delincuencia común.
Los campesinos aglutinados en la ANUC y que para contar sus problemas al gobierno central viajaron hasta Bogotá para una cita con el Presidente Betancur, consideran adicionalmente que se han formado en la región grupos paramilitares que siembran el terror y persiguen a los campesinos, acusándolos de colaboradores de la guerrilla. Mientras tanto, los dirigentes de la agroindustria atribuyen el clima de inseguridad a aquellos problemas estructurales y de falta de atención de la inversión pública, pero agregan que el conflicto también lo agudizan los grupos subversivos, a quienes atribuyen la autoría de asaltos, secuestros, chantajes y extorsiones.
Urabá, esa región que de tierra inhospita pasó a ser la mayor zona productora de banano (en 1983 se exportaron 39 millones de cajas por una valor de 37 millones 600 dólares) se ha convertido ahora en una especie de caldera del diablo en la que genocidas en las zonas rurales y sicarios en las ciudades están sembrando el terror. En el corazón del problema, la tierra, concentrada en pocas manos.

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