EL TUNEL DEL 10%

De acuerdo con las advertencias hechas por la mayoría de los economistas, en el sentido de que el campo laboral va a ser uno de los principales temas del año, la semana pasada mostró los primeros síntomas de descontento entre los asalariados del sector público. El anuncio hecho desde el año anterior por el ministro de Hacienda, sobre la limitación de los aumentos salariales a un 10% para conjurar una parte del déficit fiscal, fue rechazado por completo en las entidades del Estado que pueden pactar individualmente sus salarios. El clima tirante vivido en Telecom, fue representativo de lo sucedido en tales entidades que insisten en aumentos superiores al 20%.
En opinión del gobierno, la impopular medida se justifica dentro de los esfuerzos que se adelantan para reducir el déficit fiscal. Aparte de los nuevos impuestos aprobados por el Congreso diferentes especialistas se han manifestado sobre la necesidad de controlar el área de los gastos estatales, que han crecido rápidamente. El año anterior, por ejemplo, ciertas partidas como los gastos generales y la inversión pública se detuvieron, pero otras como el pago de deuda pública y los gastos personales aumentaron sustancialmente.
Ante ello, se llegó a la idea del aumento de salarios del 10%. En un principio se penso en hacerlo generalizado, pero las protestas de los sindicatos hicieron cambiar la idea por un aumento ponderado donde -según los decretos redactados a la hora de escribir este artículo- aquellos que ganen el salario mínimo recibirán un aumento del 20%, hasta llegar a los niveles más altos donde no habrá reajuste. Como resultado, se presentará un "acortamiento" de las diferencias entre los extremos que perjudicará a los directivos y a los profesionales, pero que beneficiará al estrato inferior de la pirámide.
La decisión anterior, recae sobre unas 400 mil personas cobijadas por la medida. Pese a que la semana anterior se anticipaba que habría protestas, el hecho de que el salario se fija a través de facultades extraordinarias, otorgadas por tiempo limitado al Ejecutivo por el Congreso, "asegura -según un miembro del gobierno- que el decreto presidencial no se modifique".
En opinión de un funcionario del Departamento Administrativo del Servicio Civil "la única protesta válida debería venir de los profesionales, que son los más afectados por la situación". Y agregó: "por irónico que parezca, la tendencia muestra que de seguir así la situación, con el tiempo se llegará a que una secretaria gane lo mismo que un ministro".
La otra cara de la moneda la presentan los representantes de los trabajadores estatales. En opinión de Aída Abello, presidente de Fenaltrase (Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado), lo ocurrido es resultado del "tratamiento arrogante del gobierno, que decidió sobre la materia sin consultar a los trabajadores". Pese a que se reconoce que el impacto es menor de lo que se creía en un principio, el aumento del 10% ponderado está muy lejos de uno del 25% generalizado que pedía Fenaltrase. Más aún, se afirma que el reajuste en los precios, típico de enero, se lleva con creces el efecto del incremento.
Fuera de lo anterior, los dirigentes sindicales se mostraron indignados por la presión hecha desde el gobierno central, para obligar a todas las dependencias oficiales a seguir la política de aumentos salariales. Como se sabe, un buen número de empresas del Estado fijan sus reajustes a través de la negociación individual con sus trabajadores, y la orden presidencial del pasado miércoles subrayando la necesidad del aumento del 10% ponderado, fue interpretada como la "abolición de un plumazo del principio de la contratación colectiva". Los problemas presentados en Telecom y Ecopetrol fueron, aparentemente, el abrebocas de una serie de protestas en el seno de las empresas del Estado. A finales de la semana anterior, los diversos gremios sindicales estaban realizando "llamadas a la movilización" para protestar contra la política salarial del gobierno. Si bien no fue posible precisar con seguridad la reacción de los trabajadores públicos a las medidas, los últimos días dejaron en evidencia una profunda división entre los planificadores estatales y las directivas de los sindicatos. Al tiempo que los miembros del equipo económico presentaban en Washington su "informe" sobre el comportamiento de la economía colombiana ante el Fondo Monetario, el Banco Mundial y funcionarios del gobierno norteamericano, quedó claro que el país digiere con dificultades los "remedios" que contiene el programa de ajuste diseñado por la actual administración.