Luz verde a la movida empresarial del año: la integración de Tigo y Movistar. ¿Cuáles fueron los alcances?

Casi un año después del anuncio de la adquisición por parte de Millicom de la operación de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autorizó la integración, pero la condicionó.

Esta es la primera parte de la movida, cuyo valor total puede ascender a los mil millones de dólares, pues Millicom tiene el control de Tigo UNE (Colombia Móvil), y está en el proceso de compra de la participación de EPM en esta compañía, y de la parte de la Nación en Coltel. Por eso esta etapa es definitiva en un proceso, que tiene dos caras.

Por un lado, los que advierten que, con esta integración, se conforma un duopolio entre la empresa fusionada y Claro, que tendrá cerca del 90 por ciento de participación de mercado y que, como señaló un estudio de Analysis Mason, convertiría a Colombia en uno de los países más concentrados del mundo en el sector de telecomunicaciones.

Por otro, están quienes aseguran que esta era, tal vez, la única salida a un mercado en dificultades, y con un solo jugador fortalecido: Claro. Tanto, que fue declarado con posición de dominio, pero las medidas regulatorias para equiparar el mercado nunca llegaron.

Tigo, Movistar y WOM atraviesan serias dificultades financieras. Telefónica se está recogiendo en América Latina buscando mercados más rentables, mientras WOM está en proceso de reestructuración. Para muchos, este es el salvavidas de Tigo y Movistar para buscar eficiencias, economías de escala y poder competir.

Al dar a conocer la decisión, la superintendente Cielo Rusinque insistió en que, para el buen desarrollo de la fusión, habrá mecanismos de vigilancia permanente con el fin de verificar el cumplimiento de los condicionamientos, los cuales estarán vigentes por 4 años a partir del arranque de la fusión. Descartó el argumento de la creación de un duopolio, pues insistió en que ahora se le podrá competir en mejores condiciones al operador con posición de dominio.

Rusinque dijo que encontraron que esa integración afectará a 19 mercados, pero insistió en que no representa ningún riesgo para la libre competencia, ni para los usuarios. Así mismo, estableció unos condicionamientos, en particular en lo que respecta al servicio de Roaming Automático Nacional (RAN).

Ese es el caso de WOM, el nuevo operador deberá mantener las condiciones de competencia efectiva en roaming y ofrecerle una tarifa de acceso con un descuento de entre 12,5 y 24,3 por ciento respecto de la tarifa que paga actualmente. En los Operadores Móviles Virtuales (OMV) los descuentos deben ser del 11 hasta el 46 por ciento.

En los mercados de telefonía fija, internet corporativo, duoplay y triple play, así como en servicios de fibra óptica, la SIC detectó que en 82 municipios la empresa integrada podría desmejorar las condiciones de precio para incrementar sus utilidades. Con el fin de evitar ese escenario, se escogieron cuatro municipios –Bogotá, Pasto, Popayán y Soacha– porque tienen las mejores condiciones de competencia y cuyas tarifas deberán ser replicadas en donde existe este riesgo.

“Eso garantiza que los municipios pequeños tengan tarifas muy competitivas. Y hay otros condicionamientos que son de comportamiento que se enfocan particularmente en reportes de información de auditoría y renuncia a derechos económicos sobre entidades vinculadas”, advierte una fuente.

A pesar de la voz de Rusinque y de los argumentos a favor de la integración, la preocupación en el mercado es alta. Stan Chudnovsky, uno de los socios del fondo Sur Holdings, que es hoy el propietario de WOM, aseguró que la aprobación de la fusión se tomó sin tener en cuenta a los pequeños operadores y que, probablemente, impactará los precios, afectando en especial a los usuarios de estratos 1 y 2.

Con respecto a si esta movida podría llevar a que decidan irse del país, Chudnovsky señaló que, tras haber invertido este año 40 millones de dólares en Colombia, están mirando todas las opciones, al tiempo que insistió en la necesidad de proteger la competencia.

“Estamos investigando los pasos a seguir. Obviamente, Colombia es un país de un sistema legal muy fuerte y de leyes muy fuertes. Esperamos que haya una manera para que podamos salir de esta situación, pero no hemos analizado y preparado nada porque estamos completamente asombrados por la decisión, no la esperábamos, pues estábamos seguros de que el sentido común iba a prevalecer, porque así ocurre en todos los lugares del mundo cuando se definen estos temas”, insistió.

Incluso, desde partidos de Gobierno días antes del pronunciamiento de la SIC, algunos de sus integrantes habían hecho observaciones sobre la concentración del mercado. Susana Boreal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, al invitar a un debate de control político el martes 18 de noviembre sobre esta fusión advirtió: “La aprobación de la fusión entre Tigo- Movistar crearía un duopolio donde los derechos de los ciudadanos podrían correr grave riesgo”, y dijo que esta fusión “no puede pasar en silencio, beneficiando nuevamente capitales extranjeros sobre los intereses de la nación”.

A su turno María del Mar Pizarro, también representante del Pacto, anticipó que si Tigo y Movistar se fusionan, controlarán el 42% del mercado móvil, mientras Claro tiene el 44%: un duopolio con solo 14% para otros. “Más que regular a los gigantes, hay que proteger al consumidor. ¿Si la competencia puede ayudar a regular precios y calidad no debe reconsiderarse esta fusión? ¿Cuáles serían los beneficios en cuanto a acceso a la ciudadanía?”, agregó en su cuenta de X.

Opinan los expertos

Como explica Felipe Serrano, experto en competencia y socio de la firma Serrano Martínez CMA, la empresa matriz de Tigo (Millicom) compró a Telefónica (la compañía que controla a Movistar en Colombia). “Esto no quiere decir que Movistar desaparezca de inmediato ni que usted pierda su línea o sus servicios. Significa que ahora Tigo y Movistar tendrán la misma empresa controlante, y que se reorganizarán para operar de manera más eficiente en redes y servicios”.

A su juicio, esta transacción tiene efectos en dos niveles. Por un lado, en los mercados mayoristas (empresa a empresa), donde Tigo–Movistar ofrece acceso a su red a otros actores, como los operadores móviles virtuales (OMV) u operadores que necesitan roaming automático nacional. Allí, los condicionamientos exigen reglas de acceso claras, precios tope y no discriminación, para que estos terceros puedan competir en igualdad de condiciones y, con ello, presionar a la baja los precios y al alza la calidad en el mercado, dice.

Por otro lado, en los mercados minoristas (empresa a consumidor), explica Serrano, que son los que los consumidores conocen: planes móviles, internet fijo y paquetes de servicios. “En este frente, la SIC impuso obligaciones de transparencia en los precios, salvaguardas para evitar campañas comerciales que perjudiquen a los operadores más pequeños y reglas para mantener la calidad y cobertura, especialmente en los municipios donde puede haber menos competencia”.

¿Qué implica todo esto para los consumidores? Serrano lo explica de la siguiente manera: Primero, continuidad: el servicio que presta Movistar no se va a interrumpir, el número no se pierde y Movistar no “desaparece” de un día para otro. Lo que cambia es que Tigo y Movistar pasan a tener un mismo dueño y trabajarán con redes más integradas para mejorar cobertura y calidad. Segundo, más transparencia: la SIC exige que los paquetes detallen cuánto cuesta cada servicio, para que los consumidores tengan mejor información para comparar entre los servicios de uno y otro operador. Tercero, presión competitiva: los OMV y operadores como WOM seguirán compitiendo, y la SIC obligó a Tigo–Movistar a ofrecerles acceso a su red en condiciones razonables, lo que ayuda a que los precios no suban de forma desproporcionada y la calidad se mantenga. Cuarto, vigilancia: habrá reportes periódicos y auditorías externas para verificar que se cumplan los compromisos, y si hay cambios técnicos que afecten a los usuarios (como reemplazo de SIM), debe existir un plan de contingencia que garantice la continuidad del servicio.

“En resumen, la integración busca que dos redes se complementen para operar mejor, y la SIC la permitió bajo el cumplimiento de reglas estrictas para proteger la competencia. Para el consumidor, esto debería traducirse en servicios estables, mayor cobertura y ofertas claras. Si Tigo–Movistar incumple, la SIC puede investigar y sancionar”, advierte.

Para Jorge Sánchez, socio de JSM Abogados y experto en materia de competencia, en todos los mercados evaluados, la medición técnica revelaba un aumento importante en la concentración, la ampliación de las brechas entre operadores, y serias limitaciones a la libre competencia económica en un escenario postintegración.

“Espero que haya acertado, porque se trata de una muy ambiciosa apuesta que confía en que el seguimiento regulatorio y los condicionamientos bastarán para mitigar los riesgos evidenciados y para asegurar que las condiciones de competencia no se deterioren aún más. Todo este enfoque parece justificarse en la idea de que la consolidación Tigo–Movistar funcionaría como un contrapeso frente a la alegada dominancia de Claro”, anticipa Sánchez.

Sin embargo, el experto recuerda que la función de la autoridad de competencia no es resolver el problema sectorial de cómo responder a la posición de Claro, “sino realizar un análisis propio de integraciones centrado en si la operación en sí misma genera o aumenta restricciones indebidas a la competencia”, dice Sánchez.

Por su parte, Germán Bacca, exsuperintendente delegado de Competencia y excomisionado de la CRC, advierte que la SIC “no estuvo a la altura de las dimensiones del reto que enfrentó”. Y agrega: “Luego de 10 meses concluye que las preocupaciones de la integración son superables con unos condicionamientos leves para el nivel del impacto esperado. El país será reconocido como uno de los que tiene el nivel más alto de concentración en el mercado”, señala.

Pero advierte que este no es el único frente. “En la provisión de acceso a operadores virtuales, el nuevo operador quedará como monopolista y en la provisión de acceso al roaming automático nacional con una participación superior al 70 por ciento. La SIC aceptó dócilmente lo propuesto por las empresas integradas y, además, generó desde el punto de vista tarifario discriminaciones prohibidas por la regulación en telecomunicaciones, pero, especialmente, por la misma ley de competencia”, puntualizó.

Finalmente, Carolina Pardo, socia de Cumplimiento y Antimonopolio de la firma Baker McKenzie, asegura que la decisión de la SIC autorizó la consolidación entre dos de las tres empresas más fuertes en el sector de las comunicaciones. “Se genera expectativa dada la concentración con la que quedaría el mercado. Sin embargo, la SIC ha impuesto condiciones que se esperan mitiguen eficazmente estos efectos adversos para la competencia bajo la nueva estructura de mercado”, afirma.