Mala hora para Drummond

La empresa Drummond pasa por uno de los momentos más complejos en los cerca de 25 años que lleva en Colombia. A los líos legales que enfrenta en una corte de Estados Unidos, así como a las denuncias por contaminación ambiental, se suma la declaratoria de paro que hicieron los trabajadores en el departamento de Cesar.

En el tema específico de la huelga, las consecuencias para el país son graves. La empresa maneja las minas La Loma, El Descanso y la Jagua y participa con el 30 por ciento del mercado exportador de carbón. El año pasado la producción de la número dos del país después del Cerrejón ascendió a 26 millones de toneladas. 

Según el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, el cese de actividades tendrá un impacto grande pues cada día se dejan de producir 70.000 toneladas. Si se prolonga el conflicto laboral, no se cumpliría la meta de 32 millones de toneladas que se había fijado la empresa. Además, dejaría de pagar regalías millonarias al país, que el año pasado ascendieron a cerca de 700.000 millones de pesos. Se estima que cada día de paro se dejan de recibir por este concepto cerca de 1.900 millones.

El gobierno intermedió en el conflicto, pero no logró que fuera superado debido a las grandes diferencias en las propuestas de las partes. El sindicato Sintramienergética pide un alza salarial del 10 por ciento, mejoras sustanciales en los servicios de salud y de educación, así como el reintegro de los trabajadores que fueron despedidos en pasadas protestas. 

La empresa, por su parte, presentó una última oferta para firmar una convención colectiva por tres años, que incluye un aumento salarial del 4,5 por ciento para el primer año y el pago de un bono de 7 millones de pesos a cada trabajador. En la Drummond laboran actualmente cerca de 11.000 empleados, de los cuales 5.000 son directos y los demás contratistas.

Pero la minera no solo tiene que resolver el problema laboral. Según la agencia Bloomberg, el dueño de la compañía, Gary Drummond, enfrenta líos judiciales en las cortes de Estados Unidos. La empresa tiene varias demandas por su presunta complicidad en la desaparición de líderes sindicales colombianos.

Según la agencia, el abogado laboralista Terry Collingsworth, presentó cuatro demandas civiles contra la minera por la muerte de los dirigentes Valmore Locarno, Gustavo Soler y Víctor Orcasita, así como la desaparición de por lo menos 600 personas. El abogado sostiene que la compañía pagó a grupos paramilitares a cambio de la protección de la zona donde opera.

Este es un proceso que lleva cerca de una década. La Corte Federal de Estados Unidos falló a favor de la Drummond en 2007 y 2009 dos demandas que contaban con el apoyo de la United Steel Workers of America, una organización sindical del país del norte. La compañía siempre ha negado estas acusaciones y señala que no ha apoyado ni apoyará a ningún grupo al margen de la ley.

La empresa también ha sido cuestionada por sus prácticas ambientales. A comienzos de este año se registró el vertimiento de carbón en la bahía de Santa Marta, por problemas en una barcaza. La semana pasada se conoció una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena instalar maquinaria de última tecnología para mitigar el impacto ambiental que provoca. 

La providencia fue el resultado de una acción de tutela de un habitante de Chiriguaná que manifestó verse afectado por una de las minas de la empresa. La compañía dijo que siempre ha utilizado la mejor tecnología para manejar las partículas del mineral que extrae.

La Drummond espera superar pronto esta mala hora e insiste en que está dispuesta a seguir dialogando con los trabajadores para lograr un arreglo. Esta es, por ahora, su principal preocupación.