Sigue aumentando el contrabando de cigarrillos y ya representa 36% de lo que se comercializa en el país

El contrabando de cigarrillos se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en Colombia. Aunque durante años fue visto como una infracción aduanera menor, hoy representa un fenómeno criminal de gran escala, comparable en estructura y rentabilidad al tráfico de drogas.

De acuerdo con estimaciones de la DIAN, entre 2018 y 2022 cerca del 10% de las importaciones del país correspondieron a productos de contrabando, lo que generó pérdidas fiscales superiores a un billón de pesos anuales. En el caso de los cigarrillos, la más reciente encuesta de Invamer reveló que el 36% de los que se comercializan en Colombia son ilegales, lo que en 2024 se tradujo en pérdidas para los departamentos superiores a un billón de pesos.

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) ha intensificado sus controles en puertos, fronteras y procesos de verificación, logrando la incautación de más de 5,8 millones de cajetillas entre enero y junio de 2025. Sin embargo, la rentabilidad del negocio -con márgenes que pueden alcanzar el 700%- sigue atrayendo a organizaciones criminales que operan en regiones como La Guajira, Norte de Santander, Antioquia y Nariño.

Según las autoridades, grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN y redes transnacionales como el Tren de Aragua participan en la distribución y control de rutas. Estas redes movilizan la mercancía desde países como Uruguay, Corea del Sur y Estados Unidos, pasando por Panamá y el Caribe, hasta llegar a puertos colombianos como Turbo, Cartagena y Buenaventura. Desde allí, los productos se distribuyen hacia grandes centros urbanos como Medellín y Bogotá.

Más allá del impacto económico, el contrabando de cigarrillos representa también una amenaza para la seguridad y la salud pública. Las disputas por el control de las rutas ilegales han incrementado la violencia en zonas fronterizas, mientras que la falta de control sanitario expone a los consumidores a productos alterados o sin regulación.