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| 1/10/2018 11:15:00 AM

Intervienen a siete sociedades por captación ilegal

La Supersociedades aseguró que se trata de empresas vinculadas con Elite International Américas.

Supersociedades interviene a siete sociedades por captación ilegal Intervienen a siete sociedades por captación ilegal Foto: Fotomontaje SEMANA

Un nuevo golpe a las captadoras ilegales en el país acaba de dar la Superintendencia de Sociedades, que ordenó intervenir a las compañías New Gaia Investments en liquidación; Afecafe SAS en liquidación; Think Cool SAS en liquidación; Serodri SAS en liquidación; R&F Consultores Finacieros SAS (ya liquidada); Celconsultores SAS y la Fundación Samadhi.

Estas empresas, según comprobó la Supersociedades, estaban relacionadas con Elite International Américas, la captadora ilegal de dinero intervenida en febrero de 2017 que provocó un descalabro que alcanzó 1,5 billones de pesos y afectó a cerca de 10.000 colombianos.

Puede leer: Supersociedades interviene a Elite por captación ilegal de dinero

Para el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, “con esta actuación, la Superintendencia de Sociedades avanza en el proceso de identificación de los responsables por captación ilícita con pagarés libranza, a fin de recuperar nuevos recursos para reparar a los afectados”.

La decisión se tomó luego de que la delegatura de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersociedades encontrara pruebas que las relacionan con el esquema de captación ilegal que desarrollaba Elite International Américas. Según la entidad, algunas de ellas cobraron sumas de dinero a Elite por “servicios de consultoría sobre los que no se encontraron soportes. En cambio, se evidenciaron pagos de estas sociedades a exdirectivos de Elite”.

Un caso llamativo es el de Celconsultores SAS, firma que “cobraba dineros para ser repartidos entre los socios de Elite, José Alejandro Navas, Francisco Odriozola y Marino Salgado”, de acuerdo con el expediente.

Consulte: Estraval y Elite: La nueva gran estafa

Algunas de estas compañías incluso apelaron a una liquidación privada, según el expediente de la Supersociedades, que ya le ordenó a la Cámara de Comercio de Bogotá suspender los efectos de la rendición final de cuentas de esas liquidaciones, para reabrir los expedientes. La entidad también ordenó el embargo y secuestre de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de las sociedades mencionadas.

Según Reyes, su despacho mantiene la firme decisión de perseguir a las sociedades que cometan ilícitos que involucren el tema de captación de dinero. “Quien promueva esquemas que deriven en captación ilegal de recursos, serán intervenidos por la Superintendencia de Sociedades y sus cuentas, depósitos, inversiones, participaciones en carteras colectivas, entre otros activos, serán embargados. Adicionalmente, se correrá traslado de estos hechos a la Fiscalía General de la Nación”, aseguró.

Más medidas en caso de libranzas

Además de la intervención de estas siete sociedades, la Supersociedades informó que en los primeros días del año también tomó medidas contra cuatro personas relacionadas con la captación ilegal vinculadas con Estraval, firma que se dedicaba a la comercialización de pagarés libranzas.

Con esta nueva medida, ya son cerca de 100 las personas y empresas intervenidas por captación ilegal en el caso de las libranzas.

La entidad ordenó intervenir y liquidar los bienes de Ángela Marina Daza Saavedra, quien era gerente comercial de la firma; José Iván Castiblanco Fúquene, miembro de comités; Pedro Harold Carvajal González, quien aparece como empleado y tiene vínculos con la organización en la toma de control de las cooperativas y las empresas dedicadas a la compraventa de libranzas; así como Alexander Mondragón Vásquez, -hermano de César Mondragón, una de las cabezas de Estraval- vinculado con la sociedad Colombia Land.

A estas personas, la Supersociedades les decretó el embargo y secuestre de todos sus bienes y ordenó a los bancos congelar sus cuentas y reportar los saldos que allí tengan. Adicionalmente, se les decretó una medida cautelar que les prohíbe enajenar los bienes gravados con patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar.

EDICIÓN 1888

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