TOMA Y DAME

Aunque no tuvo el carácter lánguido que había tenido las últimas veces, la reciente negociación del salario mínimo tropezó con serias dificultades para terminar con acuerdo entre las partes, lo cual no había sucedido en los últimos gobiernos cuando se reunieron los Consejos de Salarios y del Trabajo por primera vez con el equipo económico de turno.
Paradójicamente, lo anterior ocurrió en un gobierno que ha adoptado como bandera la concertación dentro de una vieja idea promulgada por el Presidente Betancur: la contratación del desarrollo.
La razón de las dificultades, sin embargo, es evidente: por primera vez en varios años, el gobierno sostiene que el aumento en el salario mínimo debe ser inferior a la inflación, como estrategia para estabilizar los precios. En el pasado se consideraba que el ajuste del salario que se realiza a finales de cada año debe compensar, precisamente, la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios ocurrida de manos de la inflación entre enero y diciembre. Era la teoría del ingreso real: el ajuste anual por lo menos debe igualar la escalada de los precios de los artículos que conforman la canasta familiar.
Los consejos de Salarios y del Trabajo presentan, además, obstáculos de tipo estructural. La composición de los mismos está constituída por representantes de sectores de la población que no tienen interés directo en el salario mínimo. Las asociaciones de empresarios que tienen asiento en las mesas de discusión representan a establecimientos productivos que se ubican en sectores económicos que, por su tecnología y tasa de sindicalización, pagan salarios superiores al mínimo.
Por su parte, los trabajadores que acuden a estos organismos en defensa de los intereses remunerativos de la clase obrera, son altos jerarcas de la burocracia sindical que después de varios años como trabajadores, han alcanzado escalas de remuneración superiores al mínimo.
LA LEY DE ARRASTRE
Unos y otros, en consecuencia, se reúnen a negociar por terceros. Lo hacen sobre la base de que los movimientos que se acuerden en relación al mínimo se reflejan en toda la estructura de salarios.
La realidad de este supuesto, sin embargo, arroja serias dudas a la luz de los estudios que se han realizado sobre el tema. Uno de ellos, por ejemplo, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, muestra cómo los aumentos en el salario mínimo se reflejan en otro tipo de salarios solamente despues de rezagos considerables. En la industria manufacturera el aumento en la remuneración mensual al trabajo ocurre 17 meses después de que lo ha hecho el sueldo minimo legal. En el transporte y el comercio el ajuste se realiza con un rezago de 17 y 20 meses respectivamente y en la construcción y los servicios con 10 y 8 meses.
Se observa la existencia de rezagos más altos en los sectores de actividad económica con mayores índices de sindicalización, lo que resulta como consecuencia de la periodicidad con que se llevan a cabo las discusiones de los pliegos de peticiones: dos años.
Esto permitiría concluir que el sistema económico posee elementos que de por sí llevan a que los salarios crezcan a espaldas de la inflación sin necesitar una ayuda demasiado importante en el arrastre que le puede propiciar el sueldo mínimo.
Lo anterior no abarca todavía la totalidad de dificultades que tiene en la práctica el salario mínimo como instrumento de intervención del Estado para mejorar la distribución del ingreso. Se trata de una ley con amplio margen de evasión. Aunque los estudios relativos al tema no son muy numerosos, existe evidencia de que la población cubierta por la ley de salario mínimo dista mucho de alcanzar un número tan grande como el que le señalaba recientemente la prensa nacional.
EN TERMINOS REALES
Un seguimiento de lo que ha sido en los últimos años el comportamiento del salario mínimo permite concluir que, en términos reales, es decir descontando la inflación, durante los últimos años ha habido una recuperación importante.
Tal como se ha constituído en costumbre, el aumento a finales del año restituye la capacidad adquisitva que se ha perdido por la inflación. Una vez se realiza un ajuste, que normalmente entra en vigencia al comenzar el año, el monto del salario permanece constante, hasta que se realiza un nuevo ajuste, al concluir el año siguiente. Entre tanto, los precios de los bienes que componen la canasta familiar van creciendo en forma permanente, necesitándose una mayor parte del ingreso para comprar los bienes necesarios ó, lo que es lo mismo, disminuyendo la cantidad de artículos que se pueden comprar con el mismo ingreso.
Este punto, precisamente, ha sido en las actuales circunstancias el que ha dificultado la concertación: el gobierno desea pactar por debajo de la inflación, como mecanismo para acabar con ella. Eso significa, de parte de la población que recibe el salario mínimo, aceptar definitivamente una pérdida real de su salario.
En la primera mitad de la década de los setenta el sueldo mínimo en términos reales disminuyó con respecto al nivel que tenía en el año 1965. Luego a partir de 1975, cuando se aumentó dos veces empujándolo en un 38%, inició una recuperación que hacia finales de la década colocó la cuantía real por encima de ese nivel.
Una conclusión que puede obtenerse, a partir de la reciente reunión del Consejo Nacional de Salarios, es que su resultado final dependió de un acuerdo que se vió seriamente comprometido, ante lo cual los representantes del gobierno apelaron a todo tipo de instrumentos para salvarlo: desde una charla personal del Presidente con los líderes sindicales, hasta ceder en el 20% que inicialmente manifestó estar dispuesto a subir.
Además, otros puntos relativos al régimen laboral (ver recuadro), que se trataron en el seno de los Consejos, satisfacieron las pretensiones obreras.
Estas, sinembargo, apenas se obtuvieron a nivel verbal. El resultado final, en consecuencia, no se diferenció demasiado del de anteriores reuniones: el mínimo se aumentó más o menos en la misma cuantía que la inflación, mediante un luchado acuerdo entre las partes.
EL SALARIO INTEGRAL
Todo comenzó en una reunión del Consejo de Salarios, realizada hacia mediados de octubre. El ministro del Trabajo, Jaime Pinzón, dijo que en las conversaciones que se realizaran allí entre obreros, empresarios y el gobierno, no debían existir temas tabúes: "Se debe hablar del salario integral". La reacción inmediata de parte de los representantes sindicales fue de oposición al ministro hasta el punto de que, por un momento, llegó a complicarse el buen clima que había sobre la mesa de negociación después de que el propio presidente Betancur inaugurara las conversaciones.
El tema del salario integral se ha convertido en uno para el cual no hay interlocutores entre la clase obrera. La propuesta consiste en pagar los salarios mensuales, así como todas las prestaciones, en un solo contado y en dinero. Lo clase obrera colombiana ha manifestado en repetidas ocasiones que no acepta el desmonte del actual régimen prestacional.
La razón que subyace en el fondo del debate se debe a la retro-actividad de las cesantías. Esta última representa para los trabajadores un ingreso considerable, por lo cual su desmonte tendría que ser compensado con otra forma de remuneración equivalente. Los empresarios, por su parte, aducen que la retroactividad es una carga demasiado onerosa para ellos, lo que les impide contratar mayores cantidades de mano de obra, con un supuesto perjuicio para la propia clase trabajadora.
Un estudio reciente elaborado por José Antonio Ocampo y Leonardo Villar, publicado por el CEDE, muestra que hay algo de mito en la posición empresarial. Las empresas reciben un beneficio del régimen vigente derivado del manejo del capital constituído por el ahorro forzoso de los trabajadores. El rendimiento que obtienen las empresas del dinero de las cesantías, que ellas mantienen pero pertenece a sus empleados, debe deducirse del costo laboral que ellas implican para obtener el verdadero costo económico del actual sistema.
Según el estudio, el sobre-costo laboral atribuíble a las cesantías estaría entonces muy relacionado con los retiros parciales que se lleven a cabo de esas cesantías, restringidos por la ley o la construcción y mejoras de viviendas de los trabajadores. Estos le impiden a la empresa obtener el rendimiento de la posesión del dinero, manteniéndole la obligación de pagar la retroactividad, aún en los años cuya cesantía se ha retirado: este caso sería, según el estudio mencionado, el único que resulta demasiado gravoso para las empresas. La retroactividad, además, se convierte entonces en un castigo para las empresas donde existe mayor estabilidad laboral y un incentivo para que incrementen el ritmo de rotación de su personal.
Las propuestas de desmonte del actual régimen, en lo cual se dió un primerpaso con la creación del Fondo Nacional del Ahorro (en 1968) al cual se trasladan anualmente las cesantías de los trabajadores del Estado son cuantiosas. En el período de sésiones del Congreso que acaba de terminar, por ejemplo, el Representante Hernando Agudelo Villa llevó una que revivía una vieja iniciativa suya que promueve la creación de Fondós Regionales. A estos se trasladaría el dinero de las cesantías que se invertirían en diferentes formas de colocación. Los obreros, igual que ahora, solo podrían retirar el dinero al desvincularse de la empresa para la cual trabajan o cuando la utilizan en mejoras de vivienda. La oposición de la clase trabajadora a esta alternativa, se fundamenta en que, al realizarse el traslado de los fondos en forma anual, se desmonta inmediatamente la retroactividad. Y no habría ninguna posibilidad de manejo financiero de los Fondos que permitiera a los trabajadores una rentabilidad comparable a la que se obtiene de ella.
Según versiones de prensa, el presidente les dió su palabra de que el actual gobierno no apoyaría tal iniciativa. El régimen de cesantías, en consecuencia, aparentemente no será modificado en un futuro inmediato.