Tras los culpables de InterBolsa

El escándalo por la debacle de InterBolsa no se apagó con las fiestas navideñas. Por el contrario, el caso ha tomado otro impulso porque hay nuevas decisiones de las autoridades y porque comenzaron en firme las investigaciones que buscan llegar hasta los culpables de esta quiebra. 

Dos meses después del estallido de InterBolsa, muchos se preguntan cuándo se darán las primeras capturas en este caso. La verdad es que no hay una respuesta exacta porque se trata de delitos complejos cuya investigación es lenta y difícil de probar. La Fiscalía conformó un equipo especial de fiscales, apoyados en 50 funcionarios de la Policía Judicial, que además han recibido capacitación de la propia Bolsa de Valores y otras entidades sobre cómo operan el mercado bursátil y financiero.

En una acción que ha sorprendido por su celeridad, la Fiscalía ya citó a interrogatorio a ocho exdirectivos de la firma InterBolsa para determinar si cometieron delitos como fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad y estafa. 

La semana pasada acudieron al búnker de la Fiscalía Rodrigo Jaramillo Correa, expresidente del Grupo InterBolsa, y su hijo Tomás Jaramillo Botero, gestor del Fondo Premium. También atendieron la citación el empresario huilense Alfonso Manrique van Damme y Lina María Barquil Manrique. Aunque Manrique fue citado a responder por los mismos hechos que investigan la quiebra de InterBolsa, el empresario se ha declarado víctima e interpuso una denuncia contra Alessandro Corridori por la supuesta falsificación de su firma y la de una de las gerentes de sus empresas, con las que, supuestamente, realizaron ‘repos’ no autorizadas de Fabricato. 

Dentro del grupo de interrogados por la Fiscalía se encuentran también Víctor Maldonado, mayor accionista del Grupo InterBolsa, y José Rafael Saravia Pinilla, miembro de la junta directiva.

Tres personas se excusaron y aún no han cumplido la cita con la Fiscalía. Se trata de Alessandro Corridori –persona clave en la operación de los ‘repos’ de Fabricato- y su esposa, Claudia Jaramillo Palacios. Tampoco acató el llamado el vicepresidente financiero del Grupo, Jorge Arabia Wartenberg. 

La Fiscalía está evaluando la situación de estas tres personas y, según conoció SEMANA, también serán llamados a interrogatorio Juan Carlos Ortiz, uno de los cerebros del crecimiento de InterBolsa y gestor del Fondo Premium, y Álvaro Tirado Quintero, presidente de la firma comisionista.

Si bien todavía falta mucho para que se produzcan las primeras capturas, es un hecho que el fiscal Eduardo Montealegre está pendiente de este caso. Dentro de la investigación se oirá a más de 30 personas vinculadas con el Grupo, e incluso a víctimas. 

Pero los responsables no sólo enfrentarán problemas con los jueces. Hay otra serie de investigaciones en curso y la Superintendencia Financiera adelanta una de las más importantes. La entidad les abrió pliego de cargos a Rodrigo Jaramillo y a Mauricio Infante, presidente de la Sociedad Administradora de Inversiones, SAI. Se verían abocados a sanciones como multas e inhabilidades e incluso a la expulsión del mercado financiero por hasta 20 años. La Superintendencia también le dio traslado de este proceso a la Fiscalía. 

Además de estos dos altos directivos, la Superintendencia Financiera investiga a otros funcionarios del Grupo. Los delitos que indaga se relacionan con la posible utilización de información privilegiada; incumplimiento de las normas de la corresponsalía de la firma comisionista en liquidación; violación de los deberes a las normas del mercado de valores, e incumplimiento relacionado con la información que la holding de InterBolsa debía presentar al mercado.

Por experiencia de casos pasados, se sabe que estos procesos disciplinarios ante la Superintendencia son largos, pues la etapa probatoria es compleja. Sin embargo, este podría ser un caso excepcional. La entidad sabe que es importante acelerar las investigaciones porque en la medida en que los inversionistas vean pronto los resultados, más pronto se recobrará la confianza del mercado, que ha quedado maltrecha con esta quiebra.

Ahora bien, las acciones contra los responsables no paran ahí. A finales del año pasado, la Superintendencia de Sociedades abrió lo que se denomina incidente de inhabilidad para ejercer el comercio contra Rodrigo Jaramillo, Jorge Arabia, Ruth Stella Upegui, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado. Esto significa que estas personas podrían quedar vetadas comercialmente durante   un tiempo determinado. En caso de aplicarse la sanción no podrán gerenciar una empresa, ser parte de una junta directiva, tomar créditos mercantiles, constituir una sociedad, operar una cantera, contratar obras públicas con el Estado, realizar cotidiana y profesionalmente compraventas de bienes, arrendamientos comerciales y construcciones. Esta misma sanción se aplicó recientemente a los representantes del Grupo Nule, por diez años.

Por su parte, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) inició procesos disciplinarios contra Álvaro Tirado Quintero, presidente de la firma comisionista de InterBolsa; Leonardo Uribe Correa, contralor normativo, y el grupo de asesores y operadores, Adriana del Carmen González Corrales, Alcira María Osorno, Andrés Mauricio Hernández, Carlos Mario López, Carolina Maria Palacio, Ilda Nora Aristizábal, Luz Marina Hernández y Miguel Francisco Merjech.

Este proceso disciplinario busca identificar si se utilizaron recursos de los clientes para operaciones no autorizadas, como en el caso de los ‘repos’ de Fabricato. También si se violaron las normas del mercado de valores. Será el Tribunal Disciplinario de la AMV el juez de este caso. De encontrarlos responsables, estas personas podrían ser sancionadas o incluso expulsadas del mercado por 20 años y recibir multas entre 170 y 450 millones de pesos. Sin duda, una acción pronta del Autorregulador del Mercado también enviaría un mensaje muy importante al país, pues sería el juicio de la propia industria y una forma de mostrar que están dispuestos a castigar a sus miembros.

Si algo ha caracterizado este caso, es la forma como las autoridades se han volcado a su investigación. La Contraloría General de la República alertó al Gobierno sobre una “presunta y multimillonaria evasión fiscal” en operaciones realizadas por las firmas comisionistas InterBolsa y Proyectar Valores y la Procuraduría busca determinar si existieron irregularidades de funcionarios o entidades públicas que pudieran haber puesto en riesgo dineros del Estado.

Y mientras persiguen a los culpables, ¿qué pasa con el dinero de los inversionistas? La semana pasada, la Superintendencia de Sociedades tomó el control de Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, dos compañías que pertenecen al Fondo Premium de Curazao y que son clave en la recuperación de los dineros invertidos. Ambas empresas realizaban inversiones en el mercado público de valores y otorgaban créditos tanto a personas naturales como jurídicas.

El problema es que las inversiones de estas dos sociedades están representadas en acciones de Fabricato -título que está suspendido y cuyo precio es aún incierto- y en préstamos, algunos con pagarés, pero no todos respaldados. Específicamente hay una gran preocupación porque uno de los mayores deudores de Valores Incorporados, con cerca de 40.000 millones de pesos, es el italiano Alessandro Corridori y su empresa Invertácticas S.A.S., quien no ha dado la cara en todo este escándalo. 

En otras palabras, los ingresos de esta sociedad dependen principalmente de las inversiones en acciones y los préstamos realizados, los cuales a su vez dependen de la capacidad de pago de los acreedores y de los movimientos que se presenten en el mercado con las acciones.

Una situación igualmente crítica se  presenta con la empresa Rentafolio Bursátil y Financiero. La mayor parte de sus activos, que ascienden a 63.000 millones de pesos, está representada en acciones de Fabricato, Coltejer, InterBolsa y Bolsa Mercantil de Colombia. Recuperar estos activos será difícil, pues nuevamente depende de la acción de la textilera. En este caso también existen cuentas por cobrar e intereses adeudados por la sociedad Invertácticas S.A.S. que en su mayoría se encuentran vencidas y sin respaldos suficientes, ya que consisten en su mayoría en garantías personales y no reales que permitan recuperar efectivamente  la cartera. Esta última sociedad de Corridori también fue objeto de la medida de control de la Superintendencia de Sociedades.

El caso Premium es hasta ahora es el más enredado. En la liquidación de la comisionista, el agente liquidador señala que ha devuelto el 78 por ciento de los dineros invertidos en dicha firma. Y en el caso de la holding InterBolsa, también en liquidación, se contratará una auditoría forense internacional para que escudriñe hasta el último rincón y encuentre por qué y cómo se quebró. Esto, además de permitir rastrear los dineros perdidos, también pretende encontrar a los culpables. Procesos similares se hicieron en quiebras internacionales como la de Lehman Brothers. 

Ojalá que la celeridad con la que todas las autoridades están tomando este caso permita ver resultados pronto. Que los inversionistas recuperen su dinero y que los culpables sean castigados.