¿Cuáles son los principales errores que cometen las mipymes del país en relación con la contratación estatal?

Desde que en el 2023 se expidió el Decreto 142 que buscaba fomentar la contratación directa de Mipymes y proveedores de la economía popular en las contrataciones del Estado, ha aumentado el número de procesos de las mismas, licitaciones, mínimas cuantías y subastas en las que participa este segmento empresarial. Sin embargo, aún son muy pocas las que logran ser ganadoras en los procesos de contratación.

Ese mismo año, el Estado colombiano adjudicó más de 1,3 millones de contratos en compras públicas, pero apenas 17.630 proveedores fueron micro, pequeños y medianos agentes; lo que representa solo el 2,2 % del total, es decir, 3 billones de pesos, según datos de Colombia Compra Eficiente.

Las pymes que más se contrataron pertenecen a sectores como tecnología, servicios generales, mantenimiento, consultoría, dotación, transporte, entre otros.

Aunque muchas más se postulan a los procesos licitaciones, mínimas cuantías y subasta, la escasa adjudicación efectiva de los contratos se debe a errores en el cumplimiento de los requisitos, que en muchos casos son generados por falta de conocimiento administrativo y jurídico, así como por errores y desconocimiento de la metodología propia de cada proceso de selección.

Para conocer más del tema, SEMANA dialogó con Alexander Grajales, gerente general de Grupo Soluciones Legales, el cual analizó la actualidad del sector. Lo primero que señaló fue que muchas de las pymes no superan exitosamente las etapas jurídicas de los diferentes procesos de selección por descuidos elementales, que con la asesoría adecuada se podrían evitar.

“Entre los errores más comunes que cometen las pymes y que las deja fuera de las contrataciones con el estado se encuentran la definición equivocada del código UNSPSC, el incumplimiento de las metodologías y cargue adecuado de información y documentos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), la experiencia no certificada, la falta de representación jurídica adecuada en las diferentes audiencias, la errada interpretación y presentación de los requisitos habilitantes, la inadecuada sustentación de observaciones a prepliegos y pliegos de condiciones, y la falta de defensa técnica-jurídica en audiencias de adjudicación y en subsanación de ofertas”, afirma.

Estos descuidos, que pueden parecer detalles administrativos, son las principales barreras en los procesos de contratación estatal, pues implican que la empresa no pueda participar en ciertos procesos sin importar que cuente con la capacidad técnica y financiera para cumplirlos.

Lo que también ocurre con la falta de experiencia certificada, debido a que muchas organizaciones de menor tamaño sí han ejecutado proyectos, pero al no respaldarlos con documentación adecuada, el sistema no los reconoce como válidos. A esto se suma la ausencia de asesoría legal sólida, que impide avanzar en los trámites e incluso genera riesgos jurídicos para la propia pyme.

Sin embargo, el experto de soluciones legales, plantea que muchas empresas pequeñas y medianas podrían ganar contratos con el Estado, debido a que cuentan con propuestas sólidas y competitivas; lo cual demuestra que no es la falta de talento, servicios o potencial lo que cierra las puertas, sino las deficiencias en el manejo administrativo y jurídico, dado que el proceso de contratación exige requisitos técnicos y legales que requieren conocimiento especializado.

En ese sentido, desde las instituciones del país, enfatizan en la importancia de buscar asesoría jurídica especializada que guíe a las empresas en todo el proceso de postulación, desde el registro en el SECOP, hasta la publicación de la adjudicación, pues Grajales concluye que “una pyme bien preparada jurídicamente puede convertirse en proveedor habitual del Estado y crecer con estabilidad”.

En un momento en el que el Gobierno busca democratizar el acceso a la contratación pública, el reto está en garantizar que las pymes cuenten con las herramientas y el acompañamiento necesario para competir en igualdad de condiciones. Solo así podrán consolidarse como aliados estratégicos del Estado y aprovechar el potencial de crecimiento que ofrece el mercado de las compras públicas.