Economía
Denuncian que el Gobierno iría contra los textileros: decreto fortalecería mercados asiáticos y se perderían más de 38 mil empleos
Trabajadores y empresarios se pronunciaron y alertaron por los efectos del decreto.
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Este 19 de noviembre, la Confederación General del Trabajo se pronunció a través de un comunicado, rechazando un reciente decreto firmado por el Gobierno y que iría —en su criterio— en contravía de los trabajadores colombianos, más exactamente de los que pertenecen al sector textilero y algodonero.
Se trata del Decreto 1197 de 2025, que fue expedido por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el que se modifica parcialmente el arancel de aduanas para las importaciones de insumos y materias primas del sector de confección, textil y calzado.

“Esta decisión, sin lugar a equívocos, pone en grave riesgo la supervivencia de la industria textil nacional y golpeará de manera severa a los trabajadores, sus familias y a toda la cadena productiva de hilos, telas y confecciones en Colombia”, indica el comunicado.
El decreto —señala la Confederación— fortalece a los mercados asiáticos, especialmente la producción proveniente de China, Vietnam, Camboya e India, que podrían inundar aún más el mercado colombiano al gozar de aranceles reducidos. Esto representa una competencia profundamente desleal frente a la industria local, que genera empleo formal, paga impuestos y sostiene economías regionales completas.
“En términos laborales, se proyecta la pérdida de aproximadamente 8.000 empleos directos y 30.000 empleos indirectos, además del cierre de empresas históricas y altamente representativas en la producción nacional. Ello desatará una verdadera tragedia social en municipios cuya economía depende, en gran medida, de las empresas textileras y de los ingresos que estas generan”, precisa.

La CGT complementa que las centrales obreras presentaron sus observaciones al decreto en mención, pero que el Gobierno decidió ignorar las alertas y advertencias de los trabajadores de la industria y mantener el decreto en firme.
“No es aceptable que un Gobierno que se autoproclama defensor de la justicia social y de los derechos laborales expida normas arancelarias que favorecen a las industrias asiáticas, mientras coloca una lápida sobre la producción nacional, el empleo formal y la estabilidad de los trabajadores y sus familias”, sentencia.
Del lado de los empresarios, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se pronunció por el decreto, asegurando que con este se afectarían por lo menos seis compañías del sector y sus trabajadores.
Esas empresas tienen capacidad para producir más de 45.000 toneladas y atender el 25 % del mercado nacional.

“Perderíamos las reglas de origen de los tratados de libre comercio (TLC) con mercados clave como Estados Unidos, México y la Unión Europea, lo que afectará también nuestras exportaciones”, advirtió.


