“Los riesgos de un deterioro mayor del servicio de energía en la Región Caribe son generalizados. La amenaza de apagón se mantiene”

SEMANA: ¿Cuál es su opinión de llevar a liquidación a Air-e?

EFRAÍN CEPEDA TARUD: Liquidar a Air-e no es la solución a la crisis que tenemos en el sistema eléctrico de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Como tampoco lo ha sido la intervención porque en lugar de cumplir con el objetivo de estabilizar a la empresa, lo que ha hecho es agravar su situación a tal punto que sus deudas ya suman 3,6 billones de pesos. Eso incluye las deudas de antes de la intervención, que eran de 1,9 billones, y las acumuladas durante el primer año de la toma de posesión, que suman 1,7 billones.

Lo más grave es que antes de la toma de posesión las deudas con las generadoras de energía sumaban 825.000 millones de pesos. Ahora superan los 2,4 billones, lo que significa que prácticamente se triplicaron en sólo un año de intervención. Y las deudas post intervención con las generadoras térmicas alcanzan 1 billón de pesos aproximadamente, lo cual pone en serio riesgo la operación de estas empresas, que son un eslabón fundamental del sector eléctrico del país y necesitan ingresos constantes para pagarles a sus proveedores de combustibles con los que generan la energía.

No hablamos entonces solo de garantizar un servicio de energía eléctrica estable y de calidad para los más de 1,3 millones de usuarios de Air-e, que representan a 5 millones de habitantes, sino también de evitar el colapso del sistema eléctrico nacional.

Esos hechos demuestran que el Gobierno nacional nunca tuvo un plan de intervención. La liquidación no es una decisión que se pueda tomar a la ligera porque para que se disponga de su patrimonio social debe tenerse la autorización de su asamblea de accionistas.

SEMANA: ¿Qué pasa con el Fondo Empresarial de la Superservicios para manejar a las empresas intervenidas?

E.C.T.: El Fondo Empresarial administrado por la Superservicios para manejar las empresas intervenidas no tiene los recursos que le permitan asumir esa responsabilidad. Por eso, desde la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida (conformada por los Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira y la Andi Atlántico-Magdalena), le solicitamos al Gobierno Nacional que le otorgue garantías y créditos de la Nación al Fondo Empresarial con el objetivo de inyectarle recursos para que pague las deudas que tiene con los generadores y le permita comprar energía mediante contratos de largo plazo, a menores costos que en el mercado spot de la Bolsa.

Es urgente esa capitalización, entre otras razones, porque a la fecha Air-e Intervenida solo tiene contratado el 30% de la energía que necesita el próximo año. Eso significa que estará expuesta a comprar en la Bolsa el 70% de la energía que necesita para atender el mercado de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y como a partir de enero entraremos en la época de sequía y por lo tanto de reducción de los embalses de las hidroeléctricas, es muy probable que la empresa tenga que comprar energía más cara y que ese mayor costo lo traslade a los usuarios con nuevos incrementos de la tarifa.

También es urgente que reactive su Plan de Inversiones. Al inicio de la operación de Air-e se estableció que era por $4,5 billones de pesos, pero solo se alcanzaron a ejecutar $1,2 billones de pesos. Ese plan consistía en la ampliación de la red de infraestructura, la reducción de pérdidas y mejoras en el recaudo de la facturación.

SEMANA: ¿Cuál es el riesgo para el sistema nacional?

E.C.T.: Los incumplimientos de pagos de Air-e Intervenida tienen en riesgo a todo el Sistema Eléctrico Nacional porque están afectando la sostenibilidad financiera y la operación de las generadoras de energía, especialmente de las termoeléctricas que necesitan capital de trabajo continuo para comprar los combustibles con el cual mantienen encendidas sus plantas.

Recordemos que las termoeléctricas son el seguro que tiene el país para abastecerse de energía principalmente en épocas de sequía y por ende de bajos niveles de los embalses de las hidroeléctricas. Las térmicas son las que garantizan el suministro de energía firme, pero sin gas u otro tipo de combustible como el carbón, no pueden operar.

Las deudas no pagadas de Air-e Intervenida también afectan a los transmisores de energía y ellos también necesitan recursos para el mantenimiento de sus redes, las que, en el caso de la Región Caribe, están saturadas a tal punto que operan en el límite de su capacidad.

Por eso decimos que el problema no es solo del Caribe, es de todo el país.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con los acreedores? ¿Con las deudas a los generadores y al sector financiero?

E.C.T.: Hasta ahora el Gobierno nacional no se ha comprometido con el pago de esas deudas. Extraoficialmente se conoció que piensan destinar 1,7 billones de pesos para capitalizar a Gecelca de manera que esta empresa asuma la distribución y comercialización de la energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Pero, la pregunta obvia es ¿por qué no usan esos dineros para pagar las deudas acumuladas durante el primer año de la toma de posesión, que justamente suman 1,7 billones? No puede haber liquidación de Air-e si antes no se pagan las deudas que tiene esta empresa.

SEMANA: ¿Qué opina de que los activos pasen a Gecelca? ¿Regulatoriamente puede darse que una empresa generadora quede con una distribuidora? ¿Qué riesgos le quedarían a Gecelca?

E.C.T.: Lo que hemos conocido del llamado plan de salvamento de Air-e parece más un simple cambio de nombre de empresa que una solución de fondo. Con este enfoque corremos el riesgo de tener no solo el problema que ya padecemos, sino dos: mantener la crisis del sistema eléctrico y poner en riesgo la sostenibilidad financiera de Gecelca. En otras palabras, de salvamento no tiene nada.

Se dice también que el gobierno habla de gestionar un crédito respaldado por la Nación de hasta 2,7 billones de pesos para cubrir inversiones en infraestructura y capital de trabajo de la nueva operación a cargo de Gecelca, y ahí la pregunta que surge es: ¿Por qué dar toda esa vuelta involucrando a Gecelca en lugar de destinar esos dineros al salvamente de Air-e a través del Fondo Empresarial de Superservicios?

Para dimensionar el riesgo que asumiría Gecelca al hacerse cargo de la distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira basta considerar que Air-e Intervenida tiene un déficit mensual de 150.000 millones de pesos en promedio.

SEMANA: ¿Qué riesgos tiene la prestación en la región? ¿Qué va a pasar con Afinia?

E.C.T.: Toda la Región Caribe tiene el mismo riesgo de apagón. La situación financiera de Afinia también es crítica por tres factores fundamentales: uno, porque el Gobierno nacional le debe más de 540.000 millones de pesos por subsidios. Dos, por las deudas de entidades oficiales tanto del orden nacional como departamental y municipal, que suman 370.000 millones. Y tres, porque todavía le deben 1,28 billones de pesos por la opción tarifaria, un compromiso que asumió el Gobierno nacional, pero que ha quedado solo en el anuncio del presidente Gustavo Petro, hecho hace más de un año.

Cuando se sabe que Afinia debe pagarle cerca de 350.000 millones mensuales a los generadores de energía, es fácil entender las dificultades que enfrentan para mantenerse operando. Es claro que, si EPM no estuviera detrás, la situación de esta empresa sería muy similar a la de Air-e. En síntesis, los riesgos de un deterioro mayor del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, son generalizados y la amenaza de apagón se mantiene.

SEMANA: Ya van varios descalabros seguidos: cuando la operación estuvo en manos de los españoles con Electricaribe, ahora al dividir la región en dos y la liquidación de Air-e. ¿No hay modelo viable?

E.C.T.: Efectivamente, antes fue Electricaribe y ahora es Air-e y después podría ser Gecelca si el Gobierno nacional hace efectivo el anuncio en ese sentido. No podemos esperar un cambio en esta situación crítica que vivimos en la Región Caribe si seguimos haciendo lo mismo. Es claro que necesitamos un nuevo modelo para la prestación del servicio de energía en la región, que lo haga sostenible en lo operativo y en lo financiero. Por eso los gremios del Atlántico y la Cámara de Comercio de Barranquilla estamos trabajando en una propuesta en ese sentido que esperamos dar a conocer pronto.

SEMANA: ¿Cuál es el problema estructural en la Costa Caribe, a diferencia de otras regiones como Antioquia o el centro del país?

E.C.T.: Son varios los factores: El primero, que el 90% de la subnormalidad eléctrica del país está en la región Caribe. El segundo, que somos la región con mayor pobreza, tenemos un índice de pobreza multidimensional de 18,5%, cuando el promedio nacional está en 11,5%. Atlántico tiene 263.281 usuarios en pobreza energética. Magdalena, 460.293. Y La Guajira, 663.194. Tres, el bajo nivel de recaudo de las facturas de energía, para el mercado de Air-e Intervenida el recaudo es inferior al 75%, muy por debajo del promedio nacional. Cuatro, el deterioro de las redes de transmisión y distribución de energía y su nivel de agotamiento. Y cinco, el alto nivel de la demanda de energía, por tener un sistema productivo intensivo en el uso de energía para sus procesos, y unas condiciones de clima que elevan el consumo residencial.

El consumo promedio de los clientes de Air-e en estrato 1 es de 290 kWh. Mientras que en los de EPM es de 98 kWh, y en los de Celsia, de 84,13 kWh, para citar solo dos ejemplos. En estrato 4, los clientes de Air-e consumen en promedio 386 kWh. Los de EPM, 201 kWh y los de Celsia, 158 kWh.

En el caso de Afinia cerca del 45% de los usuarios, los que son de estrato uno, no le paga el servicio, y en las zonas de subnormalidad eléctrica el recaudo apenas llega a 5%.

SEMANA: Hubo una propuesta de que la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla asumieran esa operación. ¿En qué estado está esa propuesta? ¿Es viable?

E.C.T.: Atlántico es un mercado apetecido porque aquí tenemos un sector empresarial de alto consumo que genera una cartera sana; una topografía y extensión del departamento muy manejable; y un nivel de recaudo del 82%, Eso seguramente es parte de las razones que consideraron nuestros gobernantes al hacer esa propuesta, junto con su natural interés de resolver la crisis que sufrimos en este servicio esencial.