Un tercer envión, luego de dos pronunciamientos previos, hicieron los integrantes del llamado Centro Político, la mayoría de ellos economistas colombianos que han evidenciado una posición política más inclinada hacia cierta neutralidad.
Si bien manifestaron que son conscientes de que esa categoría: Centro Político, es imprecisa, lo que en el fondo buscan es “defender un modelo político y social basado en los preceptos de la Constitución”.
Con esa prerrogativa se refirieron a 5 temas específicos, sobre los cuales, expusieron su pensamiento.
1. Solidaridad y eficacia en la gestión de la tragedia
En este primer punto, los firmantes del manifiesto hablaron de la reacción del nuevo gobierno, que acababa de tomar el mando cuando se presentó el terremoto.
Al respecto, destacaron que se actuó con celeridad para “dar consuelo a las familias afectadas, supervisar el rescate de sobrevivientes, proveer ayuda de emergencia y establecer mecanismos de coordinación adecuados para atender la catástrofe”.
Agregaron además que estiman que “el gobierno nacional está realizando un trabajo complejo con buen juicio y eficiencia”.
Pero además, también exaltaron la labor de las autoridades territoriales, de la cual, dijeron, no solo “ha sido adecuada”, sino que enfatizaron en lo que llamaron “admirable la solidaridad de la sociedad civil y la ayuda de muchos empresarios”.
En consecuencia, manifestaron que “más allá de las controversias políticas, que son inevitables, el tejido social de nuestro país es vigoroso y resistente”.
2. Preservación del pacto social
Como se declaran defensores de la Constitución, expresaron que “la preservación de la paz es el objetivo primordial de las constituciones políticas democráticas. Ellas proveen valores compartidos, instituciones de gobierno, mecanismos de protección de los derechos y reglas para construir consensos y tramitar desacuerdos”.
Así las cosas, citaron la Carta de 1991 como un documento que cumple a plenitud esos objetivos. Y dijeron: “durante el pasado gobierno las amenazas contra su estabilidad fueron recurrentes. Algunos anuncios del presidente De La Espriella generan preocupaciones que, ojalá, pronto se disipen. La Constitución es nuestro patrimonio común. Preservarla es un deber indeclinable”.
3. Relaciones respetuosas entre gobierno y oposición
En su pronunciamiento, los firmantes del manifiesto afirmaron que “todos los requisitos para que el nuevo gobierno pudiera posesionarse fueron cumplidos. El Pacto Histórico ha comenzado a actuar en el Congreso bajo las reglas vigentes. Lo que hasta ahora hemos observado es fuente de esperanza. Para que la democracia funcione es indispensable que se respete un consenso fundamental: el pleno acatamiento a las reglas de juego”.
Por ello, señalan que “es necesario que el gobierno actúe con respeto y prudencia frente a sus antagonistas. Esta actitud es compatible con la denuncia de los gravísimos actos de corrupción cometidos hasta días antes de la transmisión del mando”.
En tal sentido, subrayaron: “el gobierno puede y debe denunciar los delitos, pero los procesos penales y disciplinarios corresponden a los jueces, la Fiscalía y la Procuraduría. La impunidad, que es producto de la lentitud de las instituciones responsables y de juegos dilatorios de los acusados, sería intolerable”.
4. Una política internacional soberana y abierta al mundo
En relación con la política exterior de Colombia, los firmantes del manifiesto estiman que “debe basarse en el interés nacional, no en consideraciones ideológicas”.
Por ello, recomendaron que se debe “recuperar una postura pluralista, anclada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, son objetivos que debemos adoptar, especialmente en las circunstancias actuales de aguda confrontación entre las grandes potencias. Colombia debe participar en una gran alianza para proteger y recuperar el sistema de Naciones Unidas. La unión es la fuerza de los débiles”, indicaron.
5. “Guerra cultural”
Finalmente, los firmantes del manifiesto se refirieron al discurso de posesión el presidente Abelardo De La Espriella, en el que anunció una “batalla cultural” para recuperar “el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto a la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”.
Al respecto, expresaron que, si bien esas creencias son respetables, “ellas no pueden ser materia de una batalla cultural, y menos todavía promovida por el gobierno, por una razón poderosa: la Constitución define a Colombia como una sociedad plural que alberga y acoge todas las manifestaciones culturales”.