Gremios mineros prenden alarmas por decreto que frena actividades extractivas: “Riesgo inminente al futuro del sector”

Para nadie es un secreto que uno de los propósitos que tiene el actual Gobierno, y que fue una bandera en la campaña presidencial, es el freno de las actividades extractivas en el país. Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha dejado en claro en repetidas ocasiones sus intenciones de eliminar paulatinamente la dependencia del país a la industria de los hidrocarburos, asegurando la necesidad urgente de hacer una transición energética.De hecho, hace algunos días el mandatario aseguró en Davos, Suiza, en medio del Foro Económico Mundial, que Colombia no contratará más exploraciones de petróleo, gas y carbón, lo que supuso un grave riesgo y alerta para varios mercados del país que dependen de esta industria. Recientemente un nuevo decreto expedido por el Gobierno alertó por la posibilidad de que se dé un freno las actividades de esta industria en distintos territorios del país. Se trata del Decreto 044 de 2024, que fue firmado por el ministro de Minas y Energía y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.Ante la entrada en vigencia de la norma, la Asociación Colombiana de Minería emitió un comunicado elevando una advertencia y el peligro de la norma para el sector minero energético en el país.La entidad aseguró que encontró con profunda preocupación y desconcierto la expedición de la ley, en la que se “establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones”. Aseguran que el Decreto pasa por encima de las normas legales y constitucionales y que, aseguran, podría ser usado de manera arbitraria y subjetiva para impedir el desarrollo de nuevas actividades mineras.El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, aseguró que “la legislación permite la declaración de áreas de reserva de recursos naturales y la suspensión de la minería en dichas áreas, sin contar previamente con estudios, ni criterios técnicos; amparándose únicamente en un principio de precaución que hoy según la jurisprudencia, no debe entenderse de esa manera”.Apunta además a que la norma es ambigua y genera alta incertidumbre frente al impacto en proyectos en ejecución. Afirma que el decreto, al ser un acto administrativo de rango inferior, no puede modificar una norma de rango legal, como lo es el artículo 34 del Código de Minas.El líder gremial aprovechó la comunicación para hacer un llamado al Gobierno Nacional. “Pedimos al Ministerio de Ambiente aclarar si esta norma respetará los derechos adquiridos válidamente a través de títulos mineros ya existentes”, comentó.En el documento, la agremiación además menciona que otro de los aspectos que preocupan es que la norma en mención desconoce la autonomía de las autoridades territoriales y con ello los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad. Además de ello, también anula por completo la autonomía y competencias en materia ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales.“Desborda las órdenes dictadas por el Consejo de Estado en la sentencia sobre titulación minera del 2022 y crea criterios para delimitación que no están en la ley”, complementa Nariño.Finalmente, la carta de la entidad concluye asegurando que el proyecto recibió más de 400 comentarios y solicitudes de ajustes y que no se aprecia que estos hayan sido reflejados en el Decreto que fue expedido, al igual que tampoco se generaron espacios de diálogo.La Asociación reiteró el llamado al Ministerio de Ambiente para que informe a la opinión pública el propósito real detrás del Decreto y especialmente a las comunidades de los territorios mineros que hoy derivan su sustento y desarrollo de esta actividad.“El Gobierno Nacional no puede olvidar que la minería formal representa el 3% de la economía nacional, más de 20 billones de pesos en aportes en renta, regalías y otras contribuciones, más de un billón de pesos en inversiones ambientales y sociales, emplea a más de 900 mil personas de manera directa e indirecta y constituye el 56% del PIB de la Guajira, el 44% del Cesar, el 4,2% de Córdoba y el 3,2% de Antioquia. Más del 60% del presupuesto de inversión en los municipios mineros – en algunos casos incluso hasta el 90% dependen de la actividad minera”, mencionó Nariño.