La cartera pública es abultada, mientras el país requiere recursos para una coyuntura como la del terremoto, que se suma a las necesidades de financiamiento en medio de una crisis fiscal.
La Contraloría General puso la lupa al Boletín de Morosos del Estado, el cual fue creado en 2001, a través de la Ley 716 de 2001, para consolidar información de personas naturales y jurídicas que registran obligaciones a favor de entidades públicas, y lo que halló, llevó a la entidad de control a lanzar una alerta.
Existen 996.611 deudores, cuyas obligaciones podrían representar 165,64 billones de pesos al Estado, es decir, 5,5 veces lo que cuesta la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ($30 billones, según estimaciones preliminares).
Los deudores contabilizados son aquellos que tienen acreencias superiores a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y con mora superior a seis meses.
El corte más reciente de la lista de deudores es a 31 de mayo de 2026, y la cifra reportada, según advierte la Contraloría “evidencia un crecimiento significativo y sostenido de la cartera pública en mora”.
El Boletín de Morosos del Estado lo recopila la Contaduría General, pero la Contraloría, como entidad que ejerce vigilancia y control fiscal sobre la cartera pública, su reporte, depuración y gestión de cobro, hizo una exhaustiva revisión a través de la Diari-Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata.
El análisis abarca 6.398 entidades del Estado y deudas desde 2019. Dentro de los datos destacados la Contraloría menciona alta concentración de deuda, pues 20 entidades tienen saldos por $135,8 billones, es decir, el 82 % del total.
El top 5
En el primer lugar del top 5 de las entidades a las que más les adeudan, aparece el Consejo Superior de la Judicatura, con una suma de 49,7 billones de pesos, seguida por la Dian, que reportó una cartera morosa de 37,4 billones de pesos, lo que equivale a más de dos reformas tributarias como la aprobada en 2021.
A la Central de Inversiones-Cisa, los morosos le deben 12,5 billones de pesos, y a la ciudad de Bogotá 7,6 billones de pesos, lo que corresponde a más de dos veces el déficit financiero acumulado del sistema de transporte masivo de Bogotá, que es de 3 billones de pesos.