Reforma tributaria: Carrasquilla ya había propuesto educación superior gratis a la población vulnerable

A pesar de que distintos sectores políticos y sociales han dicho que el anuncio del presidente Iván Duque de que se garantizará la educación pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3 es una victoria de las movilizaciones y el paro nacional, lo cierto es que la iniciativa no es nueva.En la retirada Ley de Solidaridad Sostenible, radicada en el Congreso de la República por parte del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el pasado 15 de abril, ya había un artículo que garantizaba recursos para la educación superior pública de la población vulnerable.“El Gobierno nacional destinará anualmente recursos para el aporte al pago parcial o total del valor de la matrícula de los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad de las instituciones de educación superior públicas, en programas de educación técnica profesional, tecnológica y universitaria”, dice el artículo 30 del proyecto retirado por el presidente Duque.Además, un parágrafo del artículo sostiene que el Gobierno nacional definirá anualmente las condiciones de priorización y de focalización y el mecanismo de implementación que dé cumplimiento a lo establecido por la norma.Si bien en el proyecto no estaba especificado el monto de las ayudas del Gobierno, se esperaba que cuando fuese aprobada la iniciativa, en los decretos que reglamentan las propuestas, se determinara cómo iba a ser la ayuda gubernamental para la educación superior pública de la población vulnerable.En las últimas horas, el presidente Duque anunció que la gratuidad de las matrículas irá, en primera medida, durante el segundo semestre de este año, aunque se espera que la iniciativa sea incluida en la nueva reforma tributaria que presente el ahora ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.Críticas a la focalizaciónA pesar de que la iniciativa fue recibida de buena manera por gran parte de la opinión pública, distintos economistas y expertos consideran que entregar ayudas sociales teniendo en cuenta los estratos es una mala forma de focalizar los recursos.El mismo Ministerio de Hacienda ha dicho, en repetidas ocasiones, que los subsidios deben dejar de entregarse por estratos, pues estos no determinan en realidad el poder adquisitivo ni la situación económica de una familia o un individuo.Y es que en la iniciativa de educación superior pública gratuita propuesta por Carrasquilla se especificaba que los beneficiarios del programa iban a ser las personas en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, por lo que se cree que el proceso de focalización iba a usar otros mecanismos como el Sisbén.Ante la crítica recibida, el Ministerio de Hacienda actual dijo que, si bien entiende el problema de focalizar por estratos, se va a hacer, en un principio, teniendo en cuenta la urgencia de la medida.“Todos tenemos presente el problema del estrato: pero esperar a tener una focalización ideal y no hacer nada ahora es estar de espaldas al país”, dijo Gabriel Angarita, uno de los asesores del Ministerio de Hacienda.Costo de la medidaDe acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, el costo de la matrícula cero en universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3 puede ascender a los $700.000 millones por año.Teniendo en cuenta que en 2021 solo se aplicaría para el segundo semestre, el valor sería de unos $350.000 millones, aunque una parte de esos recursos ya los está otorgando el Gobierno.“En realidad, hoy ya tenemos algo de gratuidad en Universidades públicas. Hay programas como Ser Pilo Paga y Generación E que hacen eso. Así que en realidad una parte del costo ya se está cubriendo. Habría que pensar solo en el adicional, es decir, personas que vayan a instituciones de educación superior públicas, de estratos uno a tres, y que no estén en SPP ni GE”, dijo una fuente del Ministerio de Hacienda.Se estima que, en la actualidad, el Gobierno ya tiene cubierta a una tercera parte de la población que sería beneficiada de la medida anunciada por el presidente Duque.“Aunque puede costar unos $700.000 millones anuales, en términos de costo adicional sería menos que eso. Aproximadamente, la tercera parte de esos recursos ($250.000 millones) ya se tiene asegurada”, dijo la fuente.Sobre los canales de financiación para implementar esta iniciativa, otra fuente de Hacienda dijo que aún se están escuchando propuestas para conseguir los recursos.“Estamos escuchando ideas de diferentes actores. La idea es ir construyendo consensos”, dijo la otra fuente.