La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia emitió un comunicado luego de que el presidente, Gustavo Petro, anunciara el salario mínimo de 2026.
El salario mínimo quedó en $1.746.882 y, con el auxilio de transporte, en $2.000.000.
“El salario vital con auxilio de transporte, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte”, dijo Petro.
El mandatario indicó que, sin auxilio de transporte, para 2026 se pasará a un “salario vital familiar” de 1.746.882 pesos, cifra “que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7 %”.
Petro explicó que, en términos reales, es decir, “descontando la elevación de precios de la canasta familiar y de otros bienes, el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7 % real”.
“Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, a través de un comunicado emitido por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
El pronunciamiento completo de la Andi:
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresa, frente al incremento del salario mínimo decretado para 2026, que la Constitución Política de Colombia y la legislación vigente establecen que las discusiones en materia salarial y laboral deben desarrollarse en el marco del diálogo social tripartito, garantizando la participación equilibrada de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno nacional.
No obstante, como consecuencia de una decisión adoptada de manera unilateral por el Gobierno nacional en el día de hoy, se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas. La inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad.
Resulta especialmente preocupante que esta decisión se adopte en un contexto en el que el propio Gobierno ha manifestado encontrarse en una situación de ‘emergencia económica’, cuando estimaciones técnicas indican que cada incremento del 1 % en el salario mínimo implica aproximadamente $ 400.000 millones adicionales en gasto público.
Durante el actual Gobierno, hemos expresado reiteradamente nuestra preocupación, tanto ante las autoridades nacionales como ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la falta de convocatoria y de participación efectiva de trabajadores y empleadores en las discusiones de política laboral. En ese periodo se han tramitado dos intentos de reforma pensional y dos de reforma laboral sin una participación real, totalmente de espaldas, de los principales actores del mercado laboral: quienes trabajan y quienes generan empleo y cumplen las normas.
En esta oportunidad, dicha exclusión se ha extendido también a la definición del salario mínimo. El Gobierno nacional ha decidido modificar de manera unilateral el concepto de remuneración mínima, introduciendo la noción de un ‘ingreso mínimo vital’, sin que esta transformación sea el resultado de una conversación amplia, abierta, profunda y democrática con la sociedad, como lo exigen los principios del diálogo social y del diálogo tripartito en una democracia.
Una de las principales responsabilidades de la Comisión de Concertación es precisamente definir un salario mínimo buscando un equilibrio entre los distintos objetivos de interés general: proteger el ingreso y el poder adquisitivo de las familias; evitar la inflación y los inmensos costos que implican para los hogares colombianos; mantener las finanzas públicas dentro del cauce de lo que es posible para el Estado evitando afectar a la ciudadanía, promover la generación de empleo formal, y fortalecer la competitividad y la productividad del país.
Estas discusiones no se dieron en el seno de la Comisión de Concertación. De manera sorpresiva, una vez concluida la primera etapa de presentación de posturas por parte de los participantes, el Gobierno nacional decidió, en forma inconsulta, alterar la metodología de definición de la remuneración mínima, desconociendo los espacios institucionales y los principios que rigen el diálogo social en Colombia.
Se debe tener un respeto institucional y de la concertación democrática, en beneficio de los trabajadores, los empleadores y de toda la sociedad colombiana.
“Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes. Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia". Bruce Mac Master, presidente de la Andi.