¿Qué está ocurriendo en Colombia, quiénes están detrás de estos episodios y por qué deberían preocuparnos más allá del ruido político del momento? Los recientes escándalos de corrupción que han rodeado al Gobierno nacional —desde el caso de la UNGRD y las investigaciones por presuntos sobornos, hasta las denuncias sobre personas cercanas al poder que habrían cobrado por facilitar reuniones o gestionar contratos— no solo plantean preguntas sobre responsabilidades individuales. También revelan algo más profundo: una preocupante disposición a justificar, minimizar o relativizar ciertas conductas cuando quienes las protagonizan pertenecen al sector político con el que se simpatiza. Ahí comienza el verdadero riesgo para el país: cuando la trampa deja de indignar y empieza a explicarse como una simple viveza, una gestión menor o un costo “tolerable” del poder.
El ejemplo más elocuente de ese deterioro aparece en las declaraciones recientes del exsenador progresista Gustavo Bolívar. Su tesis, según la cual ciertos actos menores de corrupción no deberían suscitar mayor cuestionamiento social mientras no alcancen la dimensión de los grandes escándalos, resulta profundamente equivocada. La idea de que cobrar dinero por facilitar reuniones, aprovechar la cercanía con el Gobierno o abrir puertas ante funcionarios públicos puede ser entendido como una falta menor desconoce que la corrupción no empieza con los grandes contratos ni con los desfalcos multimillonarios: empieza, precisamente, cuando una sociedad acepta que la trampa cotidiana es tolerable si su cuantía parece reducida o si beneficia a los propios.
La preocupación de Colombia no se limita a los problemas económicos, institucionales o políticos que enfrenta actualmente. Existe un desafío quizás más profundo: el deterioro progresivo de los valores y principios que sostienen la convivencia social.
Los recientes escándalos y controversias que han rodeado al Gobierno Petro han generado, en amplios sectores de la ciudadanía, una sensación de impunidad. Más allá de las responsabilidades jurídicas que correspondan a las autoridades competentes determinar, muchas personas perciben que las conductas cuestionables rara vez generan consecuencias reales. Esa percepción es particularmente peligrosa porque termina enviando un mensaje equivocado: si quienes ocupan las posiciones más altas del poder parecen actuar sin consecuencias, ¿por qué el ciudadano común habría de comportarse de manera diferente?
Este fenómeno comienza a reflejarse en distintos ámbitos de la vida cotidiana. En el mercado laboral y empresarial es cada vez más frecuente encontrar pequeños fraudes, apropiaciones indebidas, manipulaciones de comisiones, incumplimientos deliberados y otros deslices éticos que antes generaban un rechazo más contundente. Lo preocupante no es únicamente la ocurrencia de estas conductas, sino su progresiva normalización.
A ello se suma una narrativa que ha ganado espacio en algunos sectores del debate público: la idea de que quien genera riqueza, dirige una empresa o posee una posición de liderazgo es, por definición, un adversario o un privilegiado cuya afectación resulta moralmente justificable. En ciertos casos, pareciera haberse instalado la noción de que atacar al empresario, a la empresa o al llamado “establecimiento” es aceptable cuando quien lo hace se considera víctima de desigualdades sociales.
Es una especie de “síndrome de Robin Hood” moderno: la creencia de que la moralidad de una conducta depende menos de su licitud y más de la identidad de quien la ejecuta o de quien resulta afectado. Bajo esa lógica, ciertos actos dejan de percibirse como reprochables porque se consideran una forma de compensación social o de justicia informal.
Sin embargo, ninguna sociedad puede prosperar si relativiza la honestidad, el respeto por la propiedad ajena y la responsabilidad individual. La confianza es el activo más importante de una economía y de una democracia. Cuando esa confianza se erosiona, las consecuencias trascienden a los gobiernos de turno.
Por eso, Colombia no solo tendrá que reconstruir sus instituciones y corregir los errores acumulados durante los últimos años. También deberá recuperar una conversación seria sobre los valores que sostienen la vida en comunidad. De lo contrario, aun con nuevos liderazgos y nuevos vientos políticos, persistirá el riesgo de que la sociedad continúe interiorizando la idea de que todo está permitido y de que las reglas solo aplican para algunos.
En última instancia, el verdadero reto no es únicamente cambiar a los gobernantes, sino preservar los principios que permiten que una sociedad funcione incluso cuando sus gobernantes fallan.