El Gobierno de Petro pasará a la historia no solamente por ser el más corrupto y el más ineficiente, sino también por ser los cuatro años en donde la impunidad ha sido demasiado alta. Ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Procuraduría han dado pie con bola. Muchísimo menos la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ni siquiera se dio a la tarea de empezar las investigaciones contra el presidente.
Hablaba yo con un especialista en políticas públicas y gobierno que me decía algo muy cierto: “Colombia tiene leyes para todo; es más, tiene muchas veces algunas innecesarias. El problema más grave que tenemos es hacerlas cumplir”. Ahí está el cuello de botella.
Al colombiano no le da susto incumplir las leyes en el país. Sabe que, mientras la impunidad sea de más del 90 %, la probabilidad de ser juzgado es mínima. En cambio, cuando ese colombiano está en el exterior, parece una ovejita. No comete ninguna infracción y respeta todas las normas, por insignificantes que sean.
Los casos más aberrantes de impunidad tienen que ver con los hechos de corrupción del grupo de personas cercanas a Petro, incluyendo a su familia. Por ejemplo, después de cuatro años, sigue sin saberse sobre el juicio a Nicolás Petro. En su momento, él mismo, al ser capturado hace unos años, confesó los delitos.
No menos grave es la falta de dientes que tiene la Contraloría para vigilar a las entidades. Pasa el tiempo y nada ocurre. Desde el Ministerio de Hacienda se han gestado tantas irregularidades durante este Gobierno, no solo de contratos y giros dudosos, también de operaciones que han dejado millonarias comisiones a intermediarios y bancos, que harían sonrojar a cualquier conocedor del mercado.
Lo de la Procuraduría es todavía más caótico. Desde la elección del procurador actual sabíamos que la impunidad estaría al límite. Muy pocas veces llega alguien a ese cargo con tantos compromisos y amistades. Hasta ahora nada ha pasado o, mejor dicho, nada pasó durante este tiempo.
Es más complejo aún lo sucedido en la Comisión de Acusaciones. El Gobierno siempre tuvo mayoría, entonces nunca se abrieron los casos. Fueron cuatro años de inoperancia al máximo. Otra vez se demostró que este mecanismo no sirve para nada.
Después de todo lo anterior, es inexplicable que para algunos exista la sensación de que no es necesaria una reforma a la justicia. Yo creo que debería ser total. Empezando por quién verdaderamente debe ser el juez del presidente, quién vigila al fiscal o cómo la Corte Suprema de Justicia puede ser más rápida frente a los delitos de los congresistas.
No podía escribir esta columna sin mencionar lo que para mí ha sido el mayor despropósito de la justicia: la JEP. Esta justicia se creó a la medida de los bandidos de las Farc y lleva funcionando más de ocho años sin resultados tangibles. Solamente ha dado impunidad a estos maleantes hasta por crímenes de lesa humanidad, cuando estos estaban por fuera del acuerdo. Nada ha pasado con las violaciones, la trata de menores o los secuestros que cometieron durante años.
En muchos de estos ejemplos, la razón de la ineficiencia ha sido de indio y no de flecha. Las personas elegidas para comandar estas entidades no han sido las más idóneas.