Durante la campaña presidencial, la gran víctima fue la verdad. Un poco más de la mitad de los votantes eligió, convencido de una realidad que no existe, pero que se transmitió masivamente al “correr” la línea ética de la campaña progresista. Una de las grandes mentiras que difundieron para llevar a la gente a votar enfurecida fue convencer a los incautos de que nuestro sistema de salud es un desastre, que tocaba literalmente destruirlo y volverlo a “rediseñar”.
Esa percepción es totalmente equivocada. Aunque muchos se nieguen a creerlo y, otros a aceptarlo, con todo y sus falencias, tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Varios países, incluso de los llamados “desarrollados y ricos”, envidian nuestro sistema y misiones internacionales constantemente nos visitan para estudiarlo y tratar de replicar varias de sus instituciones.
Las cifras nunca mienten. La cobertura del sistema de salud colombiano supera el 99 %, es decir, si alguien no puede acceder al sistema es, literalmente, porque no quiere, no porque no pueda. Del total de afiliados, aproximadamente la mitad está totalmente subsidiada; por ende, no pagan un solo peso por su afiliación o por acceder a los servicios de salud.
Lo más sorprendente es que todos los tratamientos, medicamentos, exámenes diagnósticos y procedimientos están cubiertos, sin exclusiones ilógicas, sin tiempos de permanencia y sin copagos ruinosos. Las pocas cosas que no cobija pueden llegar a ser autorizadas y pagadas a través de comités médicos que realmente funcionan. La regla es proteger integralmente, no negar, como sucede en la mayoría de los sistemas de salud del mundo.
A tal punto, es evidente la eficiencia de nuestro sistema que muchos colombianos en el exterior mantienen su afiliación y pagan sagradamente las cotizaciones, porque son conscientes de que en el evento de una emergencia o de sufrir una enfermedad ruinosa, lo único que deben hacer es tomar un avión y regresar al país para tener una cobertura completa, sorprendentemente barata y de altísima calidad.
Su punto débil fue la proliferación de Entidades Promotoras de Salud (EPS) irresponsables, mal administradas y sin el músculo financiero suficiente para operar. En el Gobierno del presidente Duque y de la mano del ministro Ruiz se avanzó notoriamente en solucionar ese inconveniente. Se han intervenido y liquidado más de trece EPS. Los afiliados fueron trasladados a administradoras que funcionan y, a pesar de los traumatismos de los trasladados, a hoy se han mejorado sustancialmente los indicadores de atención y oportunidad.
Por un tema netamente filosófico, el progresismo rechaza la iniciativa privada que representan las EPS. Esas entidades, como en cualquier sistema de cobertura de riesgos, son los entes aseguradores. Es decir, son las entidades que se encargan del cobro y la compensación de las cotizaciones, de contratar los servicios médicos y administrar el suministro de coberturas.
Negar la existencia de una EPS, alegando que se lucran de la intermediación entre el prestador del servicio (médicos y hospitales) y el cotizante, sería tanto como aspirar a comprarle un seguro de vehículos directamente al taller donde eventualmente se repararán los daños o al banco donde se cobrará la indemnización en caso de hurto. Eso es absurdo, pero con ese argumento quieren acabar las EPS.
Los progresistas aspiran a que el Estado sea ese intermediador, es decir, su problema no es con la intermediación, sino con quién administra y cómo se lucra de esa intermediación. El esquema de aseguramiento público históricamente ha fracasado por una sencilla razón: el Estado es pésimo administrador, en especial en países altamente corruptos como el nuestro. Pero, además, la competencia siempre será un motor para generar mayores eficiencias. La administración estatal no tiene doliente y se aplica constantemente el adagio popular que indica que, al que nada le cuesta, todo lo hace fiesta.
Muchos albergábamos la esperanza de que las amenazas de campaña contra el sistema de salud fueran eso, solo amenazas, propias de la retórica populista que reinó en la contienda electoral; sin embargo, el nombramiento de Carolina Corcho como nueva ministra de Salud demuestra que la “corchada” a nuestro sistema de salud va en serio.
Corcho no oculta su animadversión con las EPS y durante la campaña disparó en las redes sociales varios comentarios que generan mucha preocupación. Según ella, debemos regresar a un sistema en donde el prestador se “conecte” directamente con el paciente en lo que han llamado románticamente “medicina familiar preventiva”; no obstante, ese modelo ha sido instaurado en todos los sistemas socialistas latinoamericanos con pésimos resultados.
Olvida la futura ministra que las actuales entidades prestadoras de servicios de salud son empresas nacionales y extranjeras que llevan décadas generando experiencia en la administración de un sistema que, a pesar de las muchas oportunidades de mejora, hoy es muy eficiente. Entre otras razones, porque se trata de entidades que derivan de los modelos de administración de las cajas de compensación familiar (sin ánimo de lucro) y de aseguradoras con capacidades financieras envidiables.
Ante un Congreso totalmente entregado a los “acuerdos nacionales”, que no es otra cosa que una repartija burocrática, grotesca y descarada, no tenemos otra opción que oponernos como sociedad civil a la destrucción de los avances que hemos alcanzado en nuestros sistemas de protección social. Muchos de los que hoy critican el sistema de salud no vivieron en carne propia el aseguramiento público a través del Instituto de Seguros Sociales y por eso lo satanizan. No dejemos que nos “corchen” la salud; llegó el momento de despertar y empezar a defender las cosas que realmente funcionan.