El infiltrado

Aunque ya era reconocido en el mercado de valores, el nombre de Andrés Uribe Arango cobró especial notoriedad en diciembre de 2007, cuando el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, lo sacó de la dirección de la Bolsa Nacional Agropecuaria (hoy Bolsa Mercantil), tras acusarlo de estar entregando información privilegiada a Opciones Bursátiles, firma representada legalmente por su cuñado Alejandro Iannini.

El incidente resultaría costoso para ambos, pero particularmente para Arias, porque en 2012, cuando la crisis de InterBolsa puso en evidencia varias de las jugadas del economista Juan Carlos Ortiz y sus amigos en el ajedrez del mercado bursátil, el exministro fue acusado por lo medios de haber destituido a Uribe con el único propósito de ocultar las posibles irregularidades que se presentaron en el proceso de capitalización de la Bolsa. El proceso, según esas denuncias, habría estado orientado a permitir que Ortiz y sus socios tomaran el control de la entidad.

Ahora el nombre de Andrés Uribe Arango vuelve a la palestra por cuenta de un reciente episodio en el que el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, tuvo que actuar personalmente para resguardar la transparencia de procesos de intervención y liquidación asociados a la crisis de la firma comisionista Torres Cortés, intervenida a comienzos de 2013 y recientemente sancionada por la Superintendencia Financiera por captación ilegal de dineros del público.

Vélez y sus colaboradores lograron advertir que Uribe se había ‘infiltrado’ en uno de esos procesos, luego de ocultar su condición de socio, representante legal y empleado de confianza en empresas controladas por Leonel Torres Cortés y por su hijo Leonel Torres Jaramillo, dueños de la comisionista intervenida y sancionada. Una de esas empresas es la sociedad comercial Inversiones y Mercados de Capitales (Inmercap).

“Quizá confiado en la aparente fragilidad de la memoria colectiva, el doctor Uribe consiguió su designación como promotor de la reorganización de C.I. Corporación Petrolera S.A., compañía que tenía millonarios negocios de factoring con Torres Cortés y que, con la caída de esta quedaba prácticamente abocada a un colapso económico”, explica uno de los primeros funcionarios de la Superintendencia que se percató de la situación.

En esas circunstancias, la intención oculta de Uribe era controlar la reorganización de una compañía que se había convertido en fuente y depositaria de secretos de los desvíos de los recursos confiados por sus clientes a la comisionista de Torres Cortés, la más grande de la Bolsa Mercantil. De acuerdo con los avances de las investigaciones, parte de esos desvíos tuvieron como mampara operaciones de factoring que, invariablemente, terminaban en siniestros.

Cuando el superintendente Vélez le exigió explicaciones sobre su relación con Torres Cortés y le preguntó por qué no había declarado su incompatibilidad para ejercer como promotor de una empresa asociada a la crisis, Uribe no logró darle una respuesta satisfactoria y tuvo que renunciar de inmediato. En su lugar fue designado el experto Luis Fernando López Roca.

Uribe Arango se abstuvo de dar declaraciones posteriores sobre el tema y cuando Dinero lo llamó para consultarlo, su asistente dijo que su posición de ofrecer solo explicaciones a las autoridades competentes se mantendría invariable.

Con todo, su actuación dejó tendido –injustamente, según funcionarios de las superintendencias– un manto de dudas sobre el proceso de liquidación de Torres Cortés y de reorganización de firmas relacionadas con los malos negocios con la comisionista.

Según clientes afectados por el extravío de recursos que, en total, suman más de $115.000 millones, hubo pérdida de documentos contables y posible ocultamiento de información que no han permitido a las superintendencias Financiera y de Sociedades establecer los montos del dinero que deben devolverles a los inversionistas que actuaron de buena fe.

VOCES DE LOS INVERSIONISTAS

El manto se ha extendido a las investigaciones que buscan determinar cómo fue posible que, cuando ya se encontraban en la cresta de la crisis de la comisionista, José Leonel Torres Cortés y su hijo Leonel José Torres Jaramillo hubieran tenido un margen de maniobra para utilizar recursos para apalancar negocios de otras firmas ajenas al objeto y actividades de la Bolsa Mercantil. Entre ellas están la constructora Tcval y Tctech, importadora de salmón y otros productos de mar.

Fredy Ronderos Jensen, inversionista colombiano radicado en Estados Unidos, considera que en este escenario, donde la información no es confiable, ve muy difícil recuperar los casi $920 millones que destinó para operaciones en Tcval y en el mercado Forex, hacia el que Torres Cortés desvió recursos sin el conocimiento de la Superfinanciera.

Ronderos le aseguró a Dinero que Álvaro Zarama Medina, agente interventor de Tcval, Findecaribe y otras sociedades y personas asociadas al circuito Torres Cortés, consulta permanentemente a quienes fueron operadores de estas firmas para definir los montos de las acreencias que debe reconocer. “Es como si fuera agente de sus intereses y de los Torres y no de la intervención, que debe estar orientada a proteger los intereses de los inversionistas”, declaró.

Se denuncia fue apoyada por el también inversionista Leonardo Lombana, pensionado del Congreso de la República. “A la fecha de la intervención, yo tenía inversiones por US$40.000 y pretenden reconocerme solo la mitad.”, dijo. Según él, el interventor, que no aplica un criterio técnico para la calificación de las dudas, le explicó que la exrepresentante legal de Torres Cortés le había contado que a él ya le habían hecho algunos pagos, pero no presentó evidencia alguna.

Zarama, exgobernador de Nariño, le dijo a la Revista que esa es una percepción equivocada de algunos clientes. “En una intervención tan compleja como esta, el agente tiene que consultar necesariamente a todas las partes interesadas a la hora reconstruir la información que necesita, sin que eso signifique que esté al servicio de intereses particulares”, respondió.

Si bien las Superintendencias han estado haciendo su tarea, la reconstrucción de la confianza entre los inversionistas, deteriorada a raíz de incidentes como el del “infiltrado”, hace parte de las metas pendientes de cumplimiento.