Desde hace algún tiempo están naciendo cada vez más nuevas formas de activismo feminista. | Foto: GETTY

EDUCACIÓN

Aumenta la lucha por la equidad de género en las universidades

En los últimos años han surgido en el país colectivos feministas estudiantiles que denuncian violencia de género en la academia. ¿De qué se tratan y qué han logrado?

María Restrepo Escobar (*)
23 de enero de 2019

Hace 83 años, en 1935, Gabriela Peláez, la primera abogada de Colombia, pisó por primera vez una universidad como estudiante. Pese a que este fue un suceso histórico en cuanto a derechos de las mujeres en el país, casi 100 años después las universidades siguen siendo un territorio de lucha por la equidad de género.

El año pasado, una protesta originada en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (UPB), en la que hombres y mujeres asistieron a clases en falda, fue noticia en medios nacionales e internacionales, y la tormenta mediática dio pie a una discusión pública en torno al papel de la mujer en la educación superior y a la urgencia de crear el primer colectivo feminista en la historia de esa universidad.

La hostilidad institucional frente a la mujer se da y se ha dado en muchas universidades de Colombia y el mundo. Por ejemplo, el pasado mayo, miles de estudiantes chilenas salieron a protestar exigiendo una educación no sexista, motivadas por reportes aberrantes de acoso sexual de docentes a sus alumnas.

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Estados Unidos, donde menos de un tercio de los profesores universitarios de tiempo completo son mujeres, ha sido escenario de casos tan sonados como el de Brock Turner, estudiante de la Universidad de Stanford que en 2015 agredió sexualmente a una mujer que estaba inconsciente en las instalaciones de su universidad. Cifras y casos similares son visibles en Nigeria, Australia, Inglaterra y Colombia, según el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional.

La violencia de género en las instituciones de educación superior no se limita al acoso sexual y la exclusión sistemática de la mujer en la academia; la comunidad LGTBIQ también es víctima. Ambos grupos son blanco de discriminación por relacionarse con lo que tradicionalmente se entiende como femenino, y por ende, débil. En 2009, también en el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín se fijó una valla que comparaba la drogadicción con la homosexualidad y el lesbianismo.

En febrero de 2018 al correo institucional de los estudiantes de esa universidad llegó un boletín con el asunto: “Tips para vestirte en la U”, y uno de ellos enunciaba: “Trata de usar ropa discreta, no hay nada más incómodo que distraer la atención de tus compañeros de clase y profesores. Te sugerimos evitar utilizar escotes profundos, faldas cortas o ropa muy ajustada al cuerpo”.

Frente a esto, Margarita Restrepo, Mariana Uribe y Susana Rave, estudiantes de Comunicación Social, decidieron protestar en redes y convocar a la comunidad universitaria mediante el hashtag #UPBenFalda, a usar vestido corto al día siguiente.

Dos horas más tarde, al ver que la iniciativa era compartida y comentada por cientos de personas, Margarita empezó a recibir llamadas de medios locales y nacionales que buscaban entrevistarla a ella y a sus amigas. Dice que sintió miedo, pues recordaba que a Héctor Abad Faciolince lo habían expulsado de ese centro de estudios en medio de una situación similar (publicó un artículo criticando los planteamientos de Juan Pablo II en materia de sexualidad). “Sentí que hay cosas que no estaba dispuesta a negociar, y esa era una de ellas”, asegura.

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Aunque las universidades prestan un servicio público, muchas son entidades privadas; es decir, tienen sus propias políticas de convivencia. En una de las leyes federales de derechos civiles (Título IX) de Estados Unidos, hay un apartado que se refiere explícitamente a la violencia de género en las universidades; este es uno de los pocos países donde se ha legislado al respecto.

No es gratuito que quienes abanderen debates como estos desde las universidades recurran a la opinión pública para promoverlos. Víctimas y activistas, tanto en Colombia como en el resto del mundo, lo hacen con el fin de ejercer presión sobre las instituciones que, en su criterio, normalizan y replican sistemáticamente este tipo de violencia.

Cada vez más voces

En 2011, por ejemplo, Juanita Díaz, estudiante de Artes Visuales de la Universidad Javeriana, en Bogotá, fue presuntamente manoseada contra su voluntad por uno de sus compañeros en un cuarto de fotografía. Al constatar que no existía una ruta de atención para casos como el suyo en la institución y que su denuncia no era atendida, Díaz hizo una serie de performances, que llamó el Movimiento I de Insistencia, para protestar.

De ese modo, pudo, no solo hacer visible lo ocurrido, sino también contactarse con otras estudiantes que la apoyaron. Juntas, fundaron el colectivo de género Polifonía, que ha sido fundamental en la creación de una ruta de atención para víctimas de acoso sexual en la Javeriana.

Algo similar ocurrió en la UPB. Al ver la repercusión mediática de la protesta en faldas, Margarita y Mariana decidieron ponerse de acuerdo frente al mensaje que iban a trasmitir al día siguiente: no tolerarían que la institución replicara una comunicación que culpa a las mujeres y su manera de vestirse por la violencia de la que han sido víctimas históricamente.

Tampoco estaban de acuerdo con una ilustración de los hombres como seres carentes de sentido, motivados a actuar por la vestimenta de sus compañeras. Mediante este mensaje, encontraron personas que se sentían identificadas con sus mismas inconformidades; mujeres y hombres que participaron usando faldas.

El lugar del hombre en el feminismo ha sido tema de disputa durante décadas. Mientras que hay activistas que los consideran aliados vitales para lograr la horizontalización de la relación entre géneros, otras consideran que es injusto que ellos protagonicen una lucha que debe ser por y para las mujeres.

Aquelarre, grupo feminista de la Universidad Nacional en Medellín, por ejemplo, se declara como colectivo no mixto. Carolina Echeverri, una de sus cofundadoras, explica que cuando incluían hombres en sus reuniones privadas las conversaciones giraban en torno a lo que ellos proponían.

“En ocasiones siempre eran los que nos representaban en los coloquios, y eran los que llamaban la atención en cuanto al grupo”, explica. Sin embargo, resalta que la visión de su colectivo se basa en que tanto hombres como mujeres son víctimas de la violencia de género, y los talleres y actividades públicas que adelantan son abiertos.

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Aquelarre se desarrolló en una institución pionera en la implementación de políticas de equidad de género en el país, pues, tras cinco años de investigación por medio de su Observatorio de Asuntos de Género, la Universidad Nacional estableció en el 2017 una línea oficial de atención a víctimas de este tipo de violencia.

Verónica Botero, la primera decana de la Facultad de Minas en la historia de esa universidad y representante profesora del Observatorio de Asuntos de Género, resalta la importancia de la inclusión de la mujer en la academia. “Somos el 50 por ciento de la población y tenemos una brecha que aún no hemos cerrado. Es increíble por ejemplo que en facultades de Ingeniería como la mía solamente el 19% de los profesores sean mujeres; que solo haya un 35% de mujeres estudiando ingenierías. Creo que en un mundo donde somos mitad y mitad, todavía haya brechas en algunas áreas del conocimiento. Algo debe estar pasando en nuestra educación que no accedemos a esos programas. Todavía hay algo que nos limita”.   

Pese a los esfuerzos recientes, han sido pocas las instituciones que han reconocido este tipo de problemáticas en sus campus. Julio Jairo Ceballos, rector de la UPB, por ejemplo, pidió disculpas públicamente durante una entrevista en la W, días después de que la Universidad enviara la publicación a sus estudiantes.

Mariana Uribe explica además que en ningún momento intentaron hablar con ella o con sus amigas respecto a lo ocurrido. Hace unos días se aprobó un nuevo régimen docente que reconoce la posibilidad de sanción por conductas de violencia sexual dentro de la universidad. Sin embargo, la UPB aún no cuenta con ningún recurso institucional que se refiera o proteja específicamente a las víctimas de violencia de género.

Respondiendo a esto, las líderes de la movilización con otros estudiantes de Trabajo Social, Derecho y Ciencias Políticas fundaron Bolívar en Falda. Una iniciativa que pretende continuar haciendo visible y denunciar ante la opinión pública la violencia de género en las universidades de Medellín.

El grupo salió favorecido en una convocatoria de ONU Mujeres Colombia y, gracias a esto, ha realizado productos radiales enfocados en denunciar las formas de violencia de género en las instituciones de educación superior. Sus mensajes circulan por emisoras universitarias y comunitarias del país. Actualmente trabajan en una propuesta formal para afrontar este tipo de violencia, la cual será presentada ante las directivas de la UPB.  

Algunos avances

El acceso de mujeres a la educación superior en Colombia ha ido en aumento. Desde 1935 y durante muchos años hubo carreras como Arte y Decoración que se consideraban solo para mujeres. “Uno estudiaba como por adorno, y eran muy poquitas las mujeres que entraban a la universidad”, explica Dora Barrientos, estudiante de la Universidad de Antioquia en 1955.

Además, según Margarita Rosa Trujillo, quien digirió la Secretaría de las Mujeres de Medellín en 2009, “siempre ha existido ese acoso sexual de algunos profesores con sus estudiantes, y ellas, con ese temor reverencial que le han tenido a sus docentes, han tenido que aceptar y quedarse calladas”.

En julio del año pasado, la Corte Constitucional emitió un fallo a favor de Mónica Godoy, profesora de la Universidad de Ibagué, despedida tras denunciar casos de acoso sexual y laboral en la institución. La corte ordenó a la universidad no solo reintegrarla a sus actividades laborales, sino también a expedir un protocolo de violencia y acoso sexual. Además, exigió al Ministerio de Educación establecer lineamientos guía sobre la violencia de género para instituciones de educación superior.

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Según Marta Restrepo, de la Red Feminista Antimilitarista, estos son fallos históricos, al igual que los grupos estudiantiles que se están creando, pues dan cuenta de nuevas formas de activismo feminista e incluso, cuentan como indicios de su cuarta ola, que “lo que imputa, es la autodefensa feminista, el no callar, y la solidaridad entre mujeres”.

Colectivos como Bolívar en Falda; Aquelarre, de la Universidad Nacional; Polifonía, de la Javeriana; No es Normal, de la Universidad de Los Andes; y Rosario sin Bragas, de la Universidad del Rosario, entre otros, parecen estar dando pasos importantes respecto a la equidad de género y anhelan un día sean la regla en las instituciones educativas del país.

Los números

 En el Mundo:

  • 24% de los profesores de tiempo completo en las universidades del Reino Unido son mujeres. Estas ocupan solo un 18% de las posiciones directivas en las universidades. Fuente: BBC

  • 23,7% de los profesores de planta en Japón son mujeres. Fuente:  Oficina de Equidad de Género de Japón.
  •  En Colombia:

    • Menos de 31,53% de los profesores de planta en Colombia son mujeres (Excepto en el Caribe). Fuente: Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional.
    •  El índice de paridad de género en estudiantes a nivel nacional es de 0.58. Debería ser 1.

     Acoso sexual

    • 14,7% de los estudiantes universitarios, en Chile,  ha sufrido acoso sexual en las instituciones educativas. Fuente: estudio de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, en 2016.

  • 10.830 estudiantes colombianos denunciaron haber sido acosados sexualmente en instituciones educativas (colegios y universidades), entre 2008 y 2017. Fuente: Fiscalía General de la Nación.
  • (*) Periodista.

    El artículo hace parte de la edición 39 de la revista Semana Educación. Si quiere informarse sobre lo que pasa en educación en el país y en el exterior, suscríbase ya llamando a los teléfonos (1) 607 3010 en Bogotá o en la línea gratuita 018000-911100.