Se tiran la pelota por el cartel empresarial de la alimentación escolar en Bogotá

Luego de que este jueves, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formulara pliego de cargos en contra de 10 contratistas, una asociación de empresarios del sector de alimentos y 18 personas naturales por generar un cartel en torno a la contratación pública relacionada con los refrigerios de los colegios distritales de Bogotá, el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, declaró que en su administración lograron acabar con la corrupción en la alimentación escolar que venía de periodos anteriores.

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Frente a esto, Óscar Sánchez, quien fue secretario de educación del exalcalde Gustavo Petro, declaró que fue en la anterior administración donde se había iniciado con los cambios en los contratistas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), “quienes denunciamos, resistimos y enfrentamos al cartel fuimos nosotros. Carlos Medellín mi asesor jurídico, siempre ayudó a dar esa batalla y me sigue defendiendo de la infamia de esa gente en muchos ataques jurídicos” afirmó.

Además, el actual alcalde también aseguró que fue su modelo de contratación quien develó “cómo por años proveedores corruptos en alianza con políticos realizaban prácticas criminales, perjudicando la alimentación de los niños”.

Mientras que Sánchez asegura que la subsecretaria actual a cargo del tema Adriana González, también fue su subsecretaria en la administración Petro. Además, aseveró que “esto es un cartel privado nacional, que hemos enfrentado muchos gobiernos y entidades”.

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La investigación realizada por el Grupo Élite contra Colusiones en Licitaciones Públicas de la SIC, encontró que desde el 2007 hasta el 2017 los implicados se habrían encargado de manipular los resultados de 21 procesos de contratación pública relacionados con el PAE en Bogotá, que beneficia a más de 780 mil niños.

Los implicados en el cartel desplegaban su actuar para no competir por cada una de las zonas que serían adjudicadas. Se presentaban como proponentes únicos, aparentaban estar en competencia con otras zonas renunciando a hacer ofertas a la baja e, incluso, se inhabilitaban en caso de enfrentarse a uno o varios oferentes que no fueran parte del cartel, generar acuerdos para desincentivar la competencia de los terceros. Además, también habrían acordado ejercer presión sobre las entidades contratantes con el fin de que éstas les establecieran condiciones de contratación más favorables.

Suena paradójico que la pelea política suba de tono, cuando las pesquisas de la SIC solo han señalado la presunta responsabilidad en los contratistas, que se habrían conformado en un cartel para defraudar al Distrito. Es decir, por ahora, Bogotá es la víctima.