La protección a la primera infancia ya es política de Estado

Juan Manuel Santos acaba de conseguir una victoria crucial para su Gobierno: ha conseguido que su política de Cero a Siempre se convierta en política de Estado. Esto supone que, sin importar la ideología o grupo político que llegue al Palacio de Nariño una vez el actual presidente deje su mandato, la protección a la primera infancia será un imperativo de obligado cumplimiento.

La aprobación se dio en la plenaria del Senado el pasado martes con 57 votos a favor de los 58 disponibles. Ahora, será Santos quien deba sancionar la ley, algo que se prevé que suceda en los próximos días.

Durante la votación, el ponente Eduardo Pulgar recordó a los asistentes la importancia de darle una cobertura estatal a la estrategia de Cero a Siempre que anualmente moviliza 3,5 billones de pesos. Por su parte, Clara López, otra de las defensoras de la política, subrayó que el presupuesto que se destine para la primera infancia no podrá ser, en ningún caso, inferior a ese saldo de aquí en adelante. Es decir, la ley actuará de blindaje para futuros ajustes presupuestarios. 

Así pues, los futuros presidentes deberán destinar recursos a la protección integral de los menores de cinco años, que se cifran en 5.132.760, de acuerdo al último censo del Dane. De estos, 2,5 millones se encuentran en situación de pobreza y necesitan que su situación sea atendida de forma prioritaria. De hecho, el 52 % del total no tiene acceso a programas de salud, alimentación, nutrición y educación inicial en la actualidad, lo que afecta a su desarrollo y supervivencia.

En 2010, la Encuesta de Situación Nutricional registró que el índice nacional de desnutrición era de 13,2 %. Es decir, de 100 niños, 13,2 no tienen acceso a alimentos diariamente. En algunas regiones del país la cifra fue superada con creces, como en La Guajira, con el 28 %; el Amazonas, con el 28,6 % y Vaupés, con 34,6 %.

Ese mismo años, el Gobierno sólo atendía a un total de 560.000 niños. En 2014, la cifra pasó a 976.000, lo que supuso un aumento muy significativo que, sin embargo, no cumplió con la meta que se propuso Santos de llegar a los 1,2 millones menores de cinco años.

El tema preocupa. Más si se atiende al número de niños wayúu que todavía fallecen en La Guajira a consecuencia del abandono estatal y la corrupción de políticos y líderes indígenas de la región que no garantizan los derechos de los menores de edad. Según cifras  de la Defensoría del Pueblo, el departamento registró en 2014 17.000 niños desnutridos en el municipio de Uribía, 18.000 más en Manaure y otros 2.000 en Riohacha.