Radican proyecto de ley para garantizar la matrícula cero en universidades públicas durante 2021

Cuando inició la pandemia, en marzo, en diferentes ciudades y regiones del país colectivos de estudiantes y profesores exigieron que se eximiera del pago de la matrícula a los estudiantes de pregrado de las universidades públicas debido a la crisis económica que ha afectado a los familias colombianas en la pandemia.En varios centros educativos, como las universidades de Montería, Magdalena, Valle, Cundinamarca, Distrital, la Surcolombiana, entre otras, lograron conseguir la matrícula cero para el 100 % de sus estudiantes de pregrado. Sin embargo este no fue el caso de todos los cerca de 700 mil estudiantes de las 63 instituciones de educación superior públicas del país. Algunas instituciones no lograron cubrir la gratuidad del total de estudiantes, hecho que causó algunas protestas continuaran.Buscando que la gratuidad sea para todos y no dependa de los recursos que el Gobierno nacional y autoridades locales entreguen a las instituciones, varios congresistas de la oposición radicaron un proyecto de ley que busca garantizar la gratuidad en la educación superior pública.Se cubrirá el 100 % del valor de la matrícula durante los dos semestres del 2021, beneficiando a más de 620.000 estudiantes de pregrado y cerca de 44 mil estudiantes de posgrados de 32 universidades públicas del país, señala el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde.El Proyecto de Ley 326 de 2020 del Senado busca modificar disposiciones del Decreto 662 de 2020 expedido por el Gobierno en el cual se creó el Fondo Solidario para la Educación para mitigar la deserción provocada por la covid-19.Dentro del paquete del articulado que trae el proyecto, se destaca que los recursos que se crearon en el decreto 662 sean destinados al FOME. También, establece que estos recursos que son enviados del Fondo de Mitigación de Emergencia al Fondo Solidario para la Educación sean de uso exclusivo para financiar el programa de “Matrícula Cero”.Por su parte, Wilson Arias, senador del Polo Democrático, aseguró que con el traslado de estos recursos se estaría asegurando la menor deserción de estudiantes a nivel nacional en la educación superior y se aseguraría una cantidad de recursos considerable “trasladando 1.8 billones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). En total, serán 1.4 billones de pesos al año para pregrado y 400.000 millones de pesos al año para posgrado, lo que estaría asegurando unos recursos importantes para evitar deserción masiva de jóvenes de las aulas de todo el país”.Asimismo, entre los argumentos que preparan los legisladores, señalan que la actual crisis que se ha desatado por la pandemia mundial del coronavirus, ha dejado claros impactos negativos en los hogares de todo el país en los estratos socioeconómicos más bajos, lo que dificulta que los colombianos de menos ingresos tengan para continuar con sus estudios en las universidades.Por último, el senador de la Bancada Decentes, Gustavo Bolívar, invitó a los senadores de todos los partidos a hacer realidad este proyecto y recalcó que es el momento para dar el primer paso hacia la gratuidad en la educación pública del país, “sí es posible financiar un programa de “Matrícula Cero” para todo el 2021 tanto en pregrados como en posgrados de las Instituciones de Educación Superior Públicas. Esto representa un alivio temporal en las finanzas de estas instituciones, pero especialmente garantizará la continuidad de los estudios para cientos de miles de estudiantes”.¿Cuánto cuesta la matrícula cero?Para el presidente del Sistema Universitario Estatal, Jairo Torres Oviedo, las cuentas para lograr la gratuidad en la matrícula de pregrado son claras. El 48 por ciento de los recursos de las 32 universidades del SUE, en la que estudia la inmensa mayoría de jóvenes del sistema público (632 mil estudiantes), son propios. Eso equivale a 3,5 billones de pesos al año. De esos 3,5 billones, 1,1 billones equivalen a las matrículas, que 877 mil millones son de matrículas de pregrados y el resto son de posgrados. En ese orden de ideas, “si se quisiera montar una política pública de gratuidad costaría 877 mil millones de pesos adicionales al año, que en últimas son los recursos que recogemos cobrándole a los alumnos para subsistir”.El inmenso problema para muchas instituciones, es que para poder cumplir con esa gratuidad y evitar la deserción, tomaron recursos que tenían destinados a otros rubros, por ejemplo algunas instituciones han visto como los recursos que ganaron por el paro nacional de 2018 se han esfumado por la pandemia. A eso suma que las universidades han visto reducidos hasta en 70 por ciento sus ingresos propios, los cuales además de las matrículas de pregrados, son producto de los posgrados, diplomados y servicios de extensión, casi todo paralizado por la crisis del coronavirus.Por eso, algunas voces también piden que se dé un apoyo para los posgrados, dado que son un ingreso importante para las universidades, “aunque quisieramos tener ese apoyo, sabemos que si con pregrados no se pudo en totalidad, mucho menos en posgrados”, dijo el presidente del SUE.Por eso, varios expertos coinciden en que esta es una oportunidad para que el Gobierno haga modificaciones a la Ley 30 de 1992, especialmente en los artículos relacionados con la financiación de la Nación a las universidades. De acuerdo con la norma, las transferencias de la Nación a los presupuestos de las universidades públicas se ajustan año a año con base al IPC; mientras que los gastos de funcionamiento e inversión de las mismas aumentan en promedio cada año un 10,69 %, es decir, entre 5 y 6 puntos porcentuales por encima del IPC, precisó Oviedo.El senador Arias aseguró que esta desfinanciación histórica de las instituciones se evidencia al revisar cómo ha sido el comportamiento de las transferencias de la Nación, en contraste con el aumento de cobertura estudiantil. Mientras los estudiantes matriculados en las 32 universidades pasaron de ser 159.218 en 1993 a más de 600 mil en la actualidad, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de $ 10.825.890 a $ 4.785.338 en el mismo período, es decir, se ha cuadruplicado el estudiantado y las transferencias se redujeron cerca un 60 %.