CARTELIZACIÓN
Pliego de cargos por cartel empresarial en refrigerios del Plan de Alimentación Escolar
Los investigados habrían afectado procesos de contratación pública por un presupuesto aproximado de $1,5 billones.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución No. 46587 del 5 de julio de 2018, formuló pliego de cargos contra 10 contratistas, una asociación de empresarios del sector de alimentos y 18 personas naturales proveedoras de productos alimenticios, requeridos por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá para su Programa de Refrigerios Escolares en el período comprendido entre 2007 y 2017.
Según la entidad de control, la práctica anticompetitiva imputada a los contratistas investigados, tenía como finalidad repartirse, entre ellos, las distintas zonas de la ciudad respecto de la contratación de dicho programa, que beneficia a más de 780.000 niños en edad escolar, matriculados en el sistema educativo oficial de la capital del país.
Es así como la SIC estableció que los contratistas más grandes, antiguos y consolidados del mercado se habrían cartelizado para no competir por cada una de las zonas objeto de adjudicación, con el objeto y/o el efecto de distorsionar o manipular el resultado de los mencionados procesos de contratación pública.
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Así mismo, de acuerdo con la entidad, con su conducta anticompetitiva, los investigados habrían afectado procesos de contratación pública por un presupuesto aproximado de $1,5 billones.
Los contratistas investigados son Aerodelicias SAS, Servicial SA, La Campiña SAS, Industrias Alimentos y Catering SAS - Catalinsa SAS, Diseral SAS, Fabio Doblado Barreto, Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS, Proalimentos Liber SAS, Alimentos Spress SAS, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda. y Asociación Colombiana de Empresas Proveedores de Alimento – Asoproval.
En el evento en el que al terminar el proceso se declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la SIC puede imponer las multas a los agentes del mercado investigados que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta de 100.000 SMLMV, equivalentes a $78.124 millones por cada infracción.
En tanto, a las personas naturales vinculadas con los agentes del mercado que infrinjan esas disposiciones, hasta 2.000 SMLMV, equivalentes a más de $1.562 millones
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Según la SIC, los contratistas imputados a lo largo de los más de 10 años resultaron adjudicatarios de 178 zonas bajo la estrategia de ser proponentes únicos en una determinada zona; aparentar o simular estar compitiendo en otras zonas pero renunciando a hacer ofertas a la baja o inhabilitándose, entre otras estrategias coordinadas y concertadas de manera ilegal como la de desincentivar la competencia de terceras empresas no cartelizadas.