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Indígenas de la Sierra insisten en modificación del pliego para la licitación del Tayrona

Comunidades de la región no están de acuerdo con que se entregue la concesión a un tercero, como tampoco que sea a un plazo de 23 años y menos, que se quiera incrementar el número de turistas por año en detrimento de la naturaleza.


Las acciones tendientes a que Parques Nacionales Naturales atienda los requerimientos de los indígenas en el proceso para la licitación que busca un operador que se encargue del manejo de los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Natural Tayrona y del Parque Vía Isla Salamanca, no paran. El cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira Sierra Nevada insiste en que los pueblos indígenas de la región no fueron tenidos en cuenta en la consulta previa pero, además, no están de acuerdo con una serie de aspectos que contempla el pliego de la licitación.

Rogelio Mejía, gobernador Arhuaco del Magdalena y Guajira, interpuso a finales del año pasado una acción de tutela en contra de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior con el fin de solicitar amparo a los derechos fundamentales de participación activa y efectiva de las comunidades indígenas pertenecientes a cinco resguardos del Magdalena y La Guajira, en la consulta previa.

Antes de que finalizara el año, el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta, le ordenó a las tres entidades demandadas suspender el proceso de licitación ecoturística del Tayrona, decisión que en ese momento celebraron las comunidades indígenas. En la sentencia, el juzgado le otorgó 48 horas a las tres entidades oficiales para rendir informes, al considerar que se habían vulnerado los derechos a la consulta previa y la autonomía de las comunidades indígenas.

Mejía explica que no se realizó consulta como tal con las comunidades que habitan en las cercanías al parque, sino que este proceso se efectúo con representantes de comunidades alejadas que no tienen directa injerencia en el lugar. Mejía pide que se garantice la protección de los derechos a los grupos étnicos Bunkwimake, Jiwa, Seykwanaamake, Katunsama y Kandumake, asentados en la cuenca del río San Diego, así como Atgumake en la cuenca del río Palomino. 

Adicionalmente, dice que no se efectuó una consulta conjunta para el Parque Tayrona y el Parque Vía Isla Salamanca, cuya operación también será concesionada. Según Mejía, para este segundo caso no se realizó el mencionado trámite.

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Tras el fallo de primer instancia, Parques Nacionales de Colombia, el Ministerio del Interior y Rogelio Mejía impugnaron la decisión, por lo que el proceso pasó a conocimiento del Tribunal Administrativo del Magdalena, el cual decretó la nulidad de lo actuado al considerar que no se había vinculado a algunos actores en el proceso y devolvió el expediente nuevamente al juzgado, el cual recogió declaraciones adicionales y el pasado 2 de abril produjo un nuevo fallo casi en los mismos términos del primero, manteniendo la orden de celebrar la consulta previa en el Parque Vía Isla Salamanca con los pueblos indígenas de la zona y suspendida la licitación.

Tras una nueva impugnación aceptada por el propio juzgado, ahora el proceso regresa al Tribunal Administrativo del Magdalena que deberá fallar en segunda instancia. El recurso presentado por Mejía se sustenta en que el organismo judicial negó el amparo solicitado por violación a los derechos a la consulta previa y al debido proceso, en relación con la falta de participación de las comunidades directamente afectadas y ubicadas en el área del proyecto de contratación para la prestación de servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Natural Tayrona. 

Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Esteban Vega

Además de continuar luchando porque sus derechos les fueron vulnerados en el proceso de consulta previa, los pueblos indígenas tienen otros argumentos por los cuales no están de acuerdo con el proceso de licitación. Lo primero es que no validan que la concesión del Parque Tayrona se le entregue a un tercero estando dentro de un territorio indígena y menos que sea un contrato a 23 años, con la posibilidad de prorrogarlo por 10 años más.

Favorecimiento al operador

Según Mejía, como está planteado el pliego de condiciones, la concesión solo favorece al operador privado, quien obtendrá utilidades cercanas a 533.000 millones de pesos durante la vigencia del contrato, más las utilidades que generan los Ecohabs (cabañas dentro del parque). 

"Estas utilidades las obtendrá el operador casi solo por "contar cabezas" del millón doscientos mil turistas que fueron autorizados para ingresar cada año", argumenta el líder indígena, quien precisa que actualmente el número de turistas que ingresa cada año al parque es de 450.000.

Por tanto, para las comunidades de la zona, la concesión es ambientalmente insostenible, no protege la naturaleza ni la cultura y es socialmente excluyente. Solo favorece de forma injustificada a los privados que resulten como operadores.

Esto, asegura Mejía, terminiaría afectando la naturaleza que debe ser el principal propósito de la concesión. "Si se realiza ese número de visitas anuales se va a acabar con el parque Tayrona y se pierde lo ganado hasta el momento", expresó. 

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Para los indígenas, el ingreso de tantas personas no es conveniente porque el parque está dentro de un territorio ancestral y esto puede terminar afectando no solo la parte ambiental, sino cultural de las comunidades que habitan allí. 

La directora de Parques Nacionales de Colombia, Julia Miranda, ha sostenido que las comunidades sí fueron tenidas en cuenta en la planificación de la licitación y que con los pueblos indígenas realizaronademás, consultas previas y protocolizaciones. "Durante tres años, por ejemplo, nos reunimos con cuatro pueblos indígenas que hacen presencia en la zona y, junto a ellos, construimos el plan de manejo. Lo mismo hicimos para el tema de la licitación", dijo Miranda en su momento a Semana Sostenible.

Estos pueblos indígenas también insisten en la necesidad de construir de forma conjunta una política pública de ecoturismo, que permita recuperar la gobernabilidad del lugar. 

Adicionalmente, el Gobierno tiene la tarea de sanear los predios existentes, pues 7.000 de las 12.000 hectáreas que conforman el parque pertenecen a privados y en las restantes viven cerca de 3.000 campesinos que no saben si sus terrenos serán comprados o serán reubicados.