SEMANA: ¿Por qué Odebrecht demanda a Colombia?
Luis Guillermo Vélez: Esta es una noticia de arbitramento, no propiamente una demanda, uno podría decir que es una "predemanda". Hay una notificación que se hace al Estado colombiano por parte del inversionista, que plantea la convocatoria de un tribunal de arbitramento, en este caso cobijado por el Tratado suscrito entre Colombia y el Reino de España para la protección y promoción de inversiones.
SEMANA: ¿Qué alegan?
L.G.V.: Ellos alegan que se dio una violación del tratado, en particular una expropiación indirecta de sus inversiones aquí en Colombia por cuenta de una serie de acciones adelantadas por el Estado colombiano, entre ellas, acciones de la Procuraduría, de varias superintendencias y de la Agencia Nacional de Infraestructura.
SEMANA: ¿Cómo calculan ellos esta pretensión de 3.8 billones de pesos?
L.G.V.: Esa es la indemnización solicitada por los inversionistas, lo que ellos estiman son los daños causados por el Estado. Es una cifra astronómica como se puede ver pero en el arbitraje de inversiones es usual encontrar que los inversionistas tienden a inflar las pretensiones y a exagerarlas.
SEMANA: ¿Qué acciones tomará el Estado?
L.G.V.: El Estado está preparado para enfrentar este tipo de demandas. Tenemos en este momento 11 demandas de esta naturaleza, y para eso el Estado contrata las mejores firmas de abogados extranjeros para defenderse. Es una defensa muy técnica, compleja y se aborda con la mayor seriedad del caso; como se ha hecho con las demás se hará con esta de Odebrecht.
SEMANA: ¿Cuánto suman las pretensiones en estos litigios?
L.G.V.: En este momento, Colombia se defiende en los casos de Glencore, Prodeco (por asuntos relacionados por el otrosí número 8 en la Jagua), están los dos arbitramentos de las compañías de teléfonos móviles Claro y Telefónica, el caso de Electricaribe y tres arbitramentos del Páramo de Santurbán. Sumadas las 11 demandas, sin contar Odebrecht, se calculan en 5.000 millones de dólares, sumando ahora Odebrecht estaríamos hablando de 6.200 millones de dólares.
SEMANA: En todo caso genera indignación que además de ser los protagonistas de la corrupción sea el Estado colombiano el que además tenga que salir a defenderse...
L.G.V.: En todos los casos que tiene Colombia en este momento se trata de demandas injustificadas, frívolas y profilácticas, creo que los inversionistas en algunos casos están abusando de sus derechos. Y abusan del mecanismo de arbitraje de inversiones, que es un mecanismo muy cuestionado internacionalmente porque se ha prestado a toda clase de abusos, se ha deformado y no está cumpliendo con su verdadera función de ser un mecanismo idóneo para la resolución de disputas entre un Estado y un inversionista.
SEMANA: Suena paradójico que puedan apelar a un tratado de inversión, cuando los países afectados por su corrupción también suscriben la convención contra el soborno trasnacional...
L.G.V.: Por eso mismo el arbitraje de inversión está tan cuestionado. Porque se ha prestado para toda clase de abusos y esto es claro en varios procesos que tiene el Estado colombiano. Pero también a nivel internacional hay muchos ejemplos de toda clase de excesos que se han dado en el mecanismo de arbitraje de inversión. Es un mecanismo que está siendo muy cuestionado por parte de los estados, del sistema internacional y esto que vemos en Colombia es una evidencia más de ese tipo de problemas.
SEMANA: ¿Cuál es el paso a seguir?
L.G.V.: Las etapas del arbitraje son más o menos las siguientes. La notificación, luego viene un periodo de seis meses. Si fuere el caso viene la convocatoria del tribunal, luego vendría una demanda propiamente y se inicia una etapa probatoria. Después ha una audiencia y una decisión del tribunal. Es un proceso de única instancia, relativamente rápido, se resuelve un tiempo de 24 a 36 meses de duración aproximadamente. Se adelanta usualmente ante instancias del Banco Mundial, el CIADI ante la Corte Penal de Arbitraje de La Haya.
SEMANA: Estas demandas son un tema prioritario del nuevo gobierno, ¿cómo serán recibidas?
L.G.V.: Estas son demandas en contra del Estado por actos del Estado. En la mayoría de casos, los actos del Estado que se alegan como violatorios de los tratados son actos de agentes de Estado, no de un gobierno. La defensa que se ejerce es del Estado que obviamente tendrá que tener continuidad en estos procesos. El equipo de la agencia es excelente en esta materia, tanto nacional como internacionalmente. Estoy seguro que el próximo gobierno no solo tiene la mejor defensa posible sino que continuará con las medidas de defensa que se han planteado, que son defensas del Estado estructuradas de manera institucional.