BOZAL A LA B.B.C.

Los aficionados a oír las emisiones en castellano de la BBC de Londres tendrán una sorpresa el 7 de agosto. Ese día los periodistas estarán en huelga. La dramática decisión de los periodistas del mayor complejo radio-televisivo de Gran Bretaña tiene un motivo: la censura impuesta por el gobierno de Margaret Thatcher a un documental para televisión relacionado con Irlanda del Norte. Pero han decidido, además de dejar de trabajar ese día, pedir la renuncia de Stuart Young, presidente del Consejo Directivo de la cadena por haber cedido a las presiones del poder estatal.
El programa censurado se llama At the Edge of the Union (en los confines de la Unión) e incluye dos entrevistas cuyo balance político ha sido cuidadosamente guardado. La una es con Martin McGuiness, un líder republicano, del cual se dice que es el jefe del Ejército Republicano Irlandés (IRA) la organización terrorista que lucha por liberar a Irlanda del dominio inglés. McGuiness, constantemente niega que él tiene algo que ver con el IRA, pero es uno de los dirigentes del Sinn Fein, el ala política de la citada organización armada. La otra entrevista es con Gregory Campbell, un partidario de la corona británica que diametralmente se opone a las ideas de McGuiness: es un se guidor fiel del reverendo Ian Paisley el jefe de la mayor organización extremista que defiende la subordinación de Irlanda del Norte al gobierno de Londres. McGuiness continuamente tiene vigilancia policial. En varias ocasiones lo han tratado de matar. Lo único que comparten esas dos personas son los métodos de lucha: ambos preconizan abiertamente el empleo de la violencia, de las armas y las bombas para sacar adelante su causa.
El documental, que dura 45 minutos, estaba listo para ser sacado al aire el miércoles 7 de agosto, cuando llegó la petición oficial de que fuera cancelado por ser "contrario al interés nacional". "Nosotros no censuramos nunca, pero esta vez solicitamos...", fue el tono empleado por la señora Thatcher al explicar su decisión de vetar el programa, cosa que jamás se había hecho en Inglaterra en tiempos de paz.
Fue León Brittan, secretario del Interior, quien tuvo que enviar la carta a la BBC pidiendo la suspensión del reportaje ya que éste "legitimiza el uso de la violencia para fines políticos y alaba el terrorismo".
Los realizadores de "en los confines de la Unión" no lo ven así. Plantean que ellos hicieron un trabajo honrado y profesional en el cual la objetividad es debidamente guardada. La BBC, además, se enorgullece de tener una trayectoria de objetividad que casi nadie le disputa.
La inusitada medida desató, por supuesto, una tormenta política. Protestas de los partidos Laborista y Liberal, que están en la oposición, se hicieron conocer, al mismo tiempo que se producían debates en las redacciones de los otros medios de comunicación sobre los pasos a dar de ahora en adelante para proteger la independencia y la integridad editorial de los canales de comunicación. Los periodistas de la BBC reunidos en asamblea general el miércoles pasado en Londres decidieron votar la huelga e invitaron a todos los demás empleados de la cadena, incluidos los del servicio de radiodifusión mundial y de otros departamentos, a unirse al cese de actividades del 7 de agosto.
El incídente ocurre en momentos en que es más baja que nunca la popularidad de la Primera Ministra británica. Los observadores recuerdan cómo desde el atentado en el Gran Hotel de Brighton, donde se hallaba reunido un congreso del Partido Conservador, en el cual ella estuvo a punto de ser afectada por la gran bomba que explotó, viene acusando a los medios de ser auxiliares de los violentos, en ciertas coyunturas. Sus proclamas en favor de imponer censuras a la prensa hablada y escrita subieron de tono a raíz del desvío a Beirut del avión norteamericano de la TWA. Tras esa experiencia ella se sumó al mandatario norteamericano Ronald Reagan en sus aseveraciones, según las cuales, los periodistas se habían dejado "utilizar ciegamente" por los terroristas.
Esta vez, aunque las imágenes que iban a ver los teleespectadores no eran de violencia (para eso ya se llenaron el ojo con la peliculita "Rambo") lo que desata la ira de la mandataria inglesa es que Martin McGuiness aparezca en antena. La problemática de Irlanda del Norte ya en otras ocasiones ha llevado a la Thatcher a reprochar a los directores de información por dejar que los terroristas irlandeses asomen las narices a través de las cámaras de televisión. Pero en aquellas oportunidades la cosa no pasaba de una amonestación discreta. El brochazo censurador de ahora ha vuelto a poner en el tapete los argumentos contra la restricción de la información y en favor del derecho a conocer que tienen los ciudadanos. "Cuando los gobiernos hacen hincapié en lo negativo de la publicidad que los terroristas obtienen con las noticias de sus hechos sangrientos, olvidan que el derecho a conocer por parte de los ciudadanos es fundamental en toda democracia", decía un editorial de El País de Madrid al rechazar las peticiones de Felipe González en el mismo sentido que las de Margaret Thatcher. Sin duda el escándalo de la BBC potenciará esa polémica enormemente.