CONSEJOS DE MIEDO

Después de seis meses de reuniones, miles de kilómetros viajados y más de 400 entrevistas con las más variadas personalidades la comisión bipartidista nombrada por el presidente Ronald Reagan para analizar el problema de Centroamérica ha entregado su informe final: un documento de 132 páginas en el cual se analizan las causas de la actual situación y se hacen recomendaciones sobre la actitud de los Estados Unidos en la región para el futuro.
Sin apartarse sustancialmente de la línea actual de la administración y de los puntos de vista expresados por el propio Kissinger sobre el área antes de su nombramiento como director de la comisión, el panel dirigido por el ex secretario de Estado se concentró en alabar la vieja receta de "pan y palo" -o en otras palabras "ayuda económica y militar"- que ha probado ser inefectiva hasta ahora.
En particular, tal documento se propone sextuplicar inmediatamente el nivel de gastos militares en El Salvador, así como adelantar un programa de desarrollo económico de un costo estimado en 24 mil millones de dólares de los cuales Estados Unidos pondría una tercera parte durante los próximos 5 años. También contempla el otorgamiento de 10.000 becas, la creación de "brigadas de alfabetización" y la fundación de una corporación regional encargada de preveer préstamos a la empresa privada.

POCAS SORPRESAS
Pese a ser la primera vez que la Casa Blanca se ha preocupado por el itsmo hasta el punto de designar un grupo de estudio compuesto por personas de innegables capacidades, la verdad es que el documento final no contestó a los interrogantes en la forma esperada. El problema principal, dice el informe, "es la existencia de condiciones de desigualdad social que son aprovechadas por Rusia y Cuba para inspirar el desarrollo de regímenes totalirarios de orientación marxista". Con tal enfoque, la solución inmediata que plantea el informe, tiene que ser de origen militar y no política. Tal idea, compartida especialmente por Kissinger, se encuentra implícita a lo largo de todo el documento y corrobora la política de Washington de "extirpar el cáncer comunista por la fuerza".
No obstante ser toda Centroamérica su objetivo, quedó claro que la comisión Kissinger dedicó la mayoría de sus esfuerzos a los casos concretos de El Salvador y Nicaragua. El problema de las guerrillas y del respeto a los derechos humanos en el primero, y el punto del apoyo a los contrarrevolucionarios financiados por la CIA, respecto del segundo, fueron temas en los que prácticamente no se obtuvo consenso. Sin embargo, para no dar ante la opinión pública la imagen de desacuerdo, los 12 miembros de la comisión decidieron presentar las posiciones de la mayoría en relación a las matanzas de los grupos paramilitares de derecha de El Salvador. Así, se "sugirió" a la administración condicionar la ayuda militar a ese país dependiendo de los progresos que haya hacia la "constitución de una sociedad libre y democrática". En igual forma, se pide deportar a los salvadoreños residentes en Estados Unidos que se les compruebe conexión alguna con los escuadrones de la muerte.
El caso de Nicaragua fue bastante debatido. En opinión de personas allegadas a la comisión, ésta quedó negativamente impresionada por la junta sandinista desde el momento en que, con ocasión de su visita a Managua, fueron -en palabras de John Silber, uno de los miembros- "ultrajados continuamente ya que en los discursos de los sandinistas se referían a los Estados Unidos como "el enemigo". La imposibilidad de establecer una opinión unánime obligó a que el tema de los "contras" no se tratara directamente. La mayor diferencia a ese respecto fue la expresada por el alcalde de San Antonio, Henry Cisneros, quien a título personal anotó que era aconsejable retirar el apoyo a tales bandas por lo menos hasta 1985, fecha que los sandinistas han elegido para realizar elecciones. "La presencia de una guerrilla enemiga sólo sirve para aumentar la presión en el área y disminuir la posibilidad de una normalización democrática en el país", dijo. Contra la ayuda encubierta a los rebeldes nicaraguenses, también se expresó Carlos F. Diaz Alejandro, profesor de Yale y miembro de la comisión.
En términos generales, era obvio que al final de la semana el reporte de a comisión bipartidista había fallado en lo que era su principal objetivo: establecer un acuerdo bipartidista entre el ejecutivo y el congreso. Si bien varios lideres demócratas reconocieron que ciertos apartes del documento eran un instrumento útil para el análisis, la mayoría demócrata criticó el hecho de "querer seguir en el error y además meterse más en el pantano".
Como si fuera poco, se levantó una ola de protesta por la petición de los 8 mil millones de dólares en ayuda. Tales críticos afirman que de ser aprobada ésta, empeoraría el déficit fiscal que ya casi llega a los 200 mil millones de dólares. Por ejemplo, el senador Robert Byrd del Estado de West Virginia señaló: "Es altamente cuestionable para una nación con semejante déficit considerar colocar todo ese dinero en Centroamérica".
Según se comenta, si hay alguna persona que deba ser inculpada por el relativo fracaso de la comisión, ésta es Henry Kissinger. Acostumbrado a imponer su voluntad, uno de los ayudantes en el panel contaba que él "escuchaba las discusiones de los demás y al final acababa escribiendo lo que pensaba". Tal método hizo incluso que se produjeran protestas "porque en varias ocasiones los demás miembros sintieron que no existía la independencia de ideas que había garantizado el gobierno inicialmente".
Los mismos rumores, previos a la entrega del informe, sobre la linea de éste, llevaron a que analistas y académicos independientes redactaran su propias recomendaciones sobre la política estadounidense en Centroamérica. Una investigación hecha bajo patrocinio del "Fondo Carnegie par la Paz Internacional", sostiene que un "plan Marshal" para la región resultaría únicamente si se alcanza un arreglo político global. Robert Leiken, editor de esa investigación dijo que los crecientes costos de la escalada intervencionista allí serían inaceptables aunque Washington tiene "legítimos intereses ahí". Tal estudio propugna por soluciones negociadas no militares, y sostiene que las únicas opciones viables en la región son "compartir el poder en El Salvador ampliar el gobierno de Nicaragua".
Dado el caracter inequivoco de la conclusiones de la comisión, el tipo de reacciones ante el informe no sorprendieron. A favor estuvieron los congresistas republicanos, los gobiernos de El Salvador, Honduras Guatemala y Costa Rica. En contra alinearon el senador Alan Cranston, el representante Michael Barnes, el diario New York Times, monseñor Rivera y Damas de El Salvador, el diario francés Le Monde, los gobiernos de Nicaragua, Cuba, la URSS, y la mayoría parlamentaria mexicana. El grupo de Contadora, cuyas gestiones de paz no satisfacen la comisión Kissinger, no se pronunció. Solo el canciller colombiano, Rodrigo Lloreda Caicedo, se pronunció en favor del informe asegurando que el mismo podría "constituir un cambio en la orientación" norteamericana hacia América Central.

EL INCIDENTE DEL HELICOPTERO
Casi al mismo tiempo en que los miembros de la comisión Kissinger entregaban su informe final al Presidente Reagan, se producía la primera muerte en una acción armada de un militar norteamericano en Honduras. Según la versión del Pentágono, el oficial Jeffrey Schwab, piloto de un helicóptero tipo OH-58 había sido obligado a aterrizar de emergencia a escasos metros de la frontera nicaragaense y, una vez en tierra, había sido alcanzado por disparos "provenientes del otro lado de la frontera". Sin embargo, una vez conocida la noticia, así como la versión oficial de Managua, surgieron dudas sobre las condiciones verdaderas del hecho. No se sabe, por ejemplo, por qué el aparato, que volaba entre las localidades de San Lorenzo y una instalación militar de Olancho transportando un par de ingenieros, se acercó tanto a un sitio en el que los combates entre el ejército sandinista y los "contras" se dan a diario, contraviniendo órdenes expresas del Senado norteamericano, que tiene prohibido a las naves y los efectivos norteamericanos en Honduras acercarse a la zona fronteriza con Nicaragua en un área de cinco millas.
Según la embajada norteamericana en Tegucigalpa, el helicóptero era parte del equipo bélico que participa en las maniobras "Ahuas Tara 11", vocablo indígena que significa pino alto, en desarrollo desde el pasado 13 de agosto en áreas aledanas a la frontera con Nicaragua.
Según Managua la nave había invadido el espacio aéreo nicaragaense con el fin de lanzar provisíones a los "contras" que son abastecidos desde Honduras, lo que había ocasionado el ataque, luego del cual el helicóptero perdió altura y aterrizó en el citado paraje. La carretera en que se posó la nave está trazada casi en forma paralela a la línea fronteriza en Nicaragua, quedando, la mayoría de su tramo, a solo unos 100 metros de ésta.
Según un portavoz de las tropas norteamericanas en Honduras, existía la posibilidad de una "invasión involuntaria del espacio aéreo nicaraguense" debido a "vientos de más de 30 nudos" en la zona, lo que pudo "desviar el curso de ese tipo de nave". Empero, al ser interrogado sobre qué hacía el helicóptero en esa peligrosa zona, donde el 22 de junio de 1983 los periodistas norteamericanos Cross y Torgerson perdieron la vida, el militar se limitó a responder: "Sin comentarios". Llamó la atención el hecho de que la embajada norteamericana en Tegucigalpa aunque dijo que el helicóptero fue atacado por fuego hostil, procedente del territorio nicaraguense, no acusó directamente al Ejército Popular Sandinista.
Ante el suceso, Honduras solicitó una reunión del consejo permanente de la OEA y comunicó la situación al grupo de Contadora y en Estados Unidos, un líder demócrata pidió el retiro de los 6.000 asesores norteamericanos en Honduras.