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Dilma Rousseff | Foto: EVARISTO SA / AFP

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Claves para entender el caso de Dilma Rousseff

El Senado brasileño, en una votación histórica, definirá la suerte de la presidenta.

11 de mayo de 2016

El Senado brasileño se acercaba el miércoles a una votación histórica sobre el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, lo que pondría fin a 13 años de gobierno de izquierda en medio de una serie de crisis que aquejan al gigante latinoamericano.

Si una mayoría simple de los 81 senadores vota a favor, Rousseff será suspendida del cargo. Si todo sale como lo espera la oposición, el vicepresidente Michel Temer ocupará la presidencia hasta por seis meses mientras se decide si Rousseff es o no removida de su cargo.

El proceso ocurre cuando la opinión pública está indignada en medio de una profunda recesión económica y un escándalo de sobornos por contratos en la petrolera estatal Petrobras. Pero el proceso contra Rousseff no tiene relación con eso.

Esto es lo que está detrás del movimiento político para sacar del poder a Rousseff:

¿De qué acusan a Dilma Rousseff?

Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al trasladar fondos oficiales a fines distintos a los asignados antes de su campaña de reelección del 2014. Los partidos opositores sostienen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos. Rousseff niega haber cometido delito alguno y asegura que no hizo nada que no hicieran gobiernos anteriores. Afirma que no se le acusa de un delito, lo cual debería ser la base de un juicio político.

¿Cuál es el primer paso de un juicio político?

Una comisión especial de la Cámara de Diputados decidió por 38 votos contra 27 que el pedido de juicio político tenía mérito legal y lo envió a la Cámara de Diputados en pleno. Con el trasfondo de los escándalos de corrupción, observadores consultados dicen que 37 miembros de ese panel enfrentan cargos por una amplia gama de presuntos delitos. La comisión especial incluye a muchos opositores.

El mes pasado, la Cámara de Diputados votó 367 votos a favor y 137 en contra para enviar el proceso al Senado. La abrumadora mayoría le dio un impulso al proceso de impeachment. El Senado es visto como un órgano menos hostil hacía Rousseff que la Cámara de Diputados y es posible que rechace el juicio político. Pero podría argumentarse que la mayoría abrumadora en la cámara cambió la favorabilidad que tenía la mandataria en el Senado.

¿Cuál es el paso siguiente?

Si una mayoría simple de los 81 senadores vota a favor de la medida de suspensión el miércoles, como muchos conteos de los medios de comunicación lo señalan, Rousseff quedará suspendida del cargo y el vicepresidente, Michel Temer, asumiría el cargo. El Senado entonces tendría 180 días para adelantar el juicio político y votar si retira a Rousseff definitivamente del cargo. Si eso sucede, Temer tendría que terminar el período para el que fue elegido la mandataria, y que concluye el 31 de diciembre del 2018.

¿Qué podría detener este proceso?

El gobierno y los partidos de oposición han interpuesto apelaciones en altos tribunales de justicia del país sobre varios aspectos del proceso. Así que existe la posibilidad de que una corte, o incluso los propios magistrados o un juez por su cuenta, puedan intervenir en el mismo. Los aliados del gobierno han buscado maneras de bloquear la votación de la medida de suspensión a último minuto o para retrasar la votación.

El lunes, por ejemplo, el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, anuló la votación de esa Cámara que le dio luz verde al juicio político argumentando irregularidades y dijo que la votación tenía que hacerse nuevamente. El martes, sin embargo, Maranhao cedió a las presiones de su partido y cambió su posición y su vocero dijo que revocó la anulación que había proferido algunas horas atrás.

¿Qué dicen los partidos del gobierno y los opositores?

Los partidarios del gobierno dicen que es un golpe de Estado porque Rousseff no está acusada de delito alguno. Señalan que la clase dirigente tradicional está aterrada por la movilización social desatada por el Partido de los Trabajadores (PT), que lleva más de diez años en el poder, y quiere aprovechar la oportunidad para recuperarlo.

Los opositores afirman que el movimiento de fondos fue ilegal al tiempo que intentó ocultar los problemas que padecía la economía más grande de Latinoamérica, tales como enormes déficit presupuestarios que afloraron el año pasado. Rechazan la acusación de golpismo porque el juicio político está admitido por la Constitución brasileña.

¿Posible sucesor mientras se resuelve el juicio?

Los dos hombres en la línea de sucesión que podrían sustituir a Rousseff si es sometida a juicio político son investigados en los casos de Petrobras y otros. Un tercero, el presidente de la Cámara de Diputados, quedó inhabilitado la semana pasada por el Tribunal Supremo al ser investigado en varios casos de corrupción.

Un exsenador convertido en testigo del Estado acusó recientemente a Temer de designar a un cabildero para que distribuyera sobornos desde 1997 a 2001, relacionados con acuerdos de etanol, a través de Petrobras. Temer niega las acusaciones. Además, fue él quien firmó los decretos presupuestarios que suscitaron el actual proceso de juicio político contra la mandataria.

El protagonismo de la corrupción

Alrededor de 60 % de los 594 legisladores de ambas cámaras del Congreso son investigados debido a irregularidades o afrontan cargos de corrupción, de acuerdo con grupos independientes.

Muchas de las investigaciones están relacionadas con la red de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras en la que presuntamente se otorgaron contratos a cambio de sobornos.