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Estados Unidos elogió estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos en Colombia
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, trabajó como asesor de seguridad nacional de Biden entre 2009 y 2013. - Foto: AP

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EE. UU. se opone a la investigación que abrió la CPI contra Israel y Hamas por presuntos crímenes de guerra

“Continuaremos manteniendo nuestro fuerte compromiso con Israel y su seguridad, incluso oponiéndonos a las acciones que buscan atacarlo injustamente”, enfatizó Antony Blinken en contra de la Corte Penal Internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, determinó la oposición de su país a la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación completa por crímenes de guerra contra Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza.

“Estados Unidos se opone firmemente y está profundamente decepcionado por esta decisión. La CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, dijo Blinken hoy jueves.

El secretario de Estado también aclaró que Israel no es parte de la CPI, “y no ha dado su consentimiento a la Corte, por lo que tenemos serias preocupaciones sobre los intentos de ejercer su jurisdicción sobre Israel”.

Antony Blinken, quien hizo énfasis en que los palestinos no califican como un estado soberano y, por lo tanto, no pueden participar en la Corte Penal Internacional, destacó en su comunicado que EE. UU. sigue “profundamente comprometido con garantizar la justicia y la rendición de cuentas por crímenes atroces internacionales”, al tiempo que reconoce “el papel que pueden desempeñar los tribunales internacionales como la CPI, dentro de sus respectivos mandatos, en la consecución de estos importantes objetivos”.

Además, el gobierno de Estados Unidos está muy claro en que un futuro pacífico, seguro y más próspero para los ciudadanos del Medio Oriente depende de la construcción de puentes y la creación de nuevas vías para el diálogo y el intercambio; al contrario, “no de acciones judiciales unilaterales que exacerben las tensiones y socaven los esfuerzos para avanzar en las negociaciones”, agregó Blinken.

Al mismo tiempo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, agregó que el comunicado de Bliken se acalra que Estados Unidos continuará manteniendo su fuerte compromiso con Israel y su seguridad, “incluso oponiéndose a las acciones que buscan atacar a Israel injustamente”.

Se refiere a Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI que anunció la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos. Y continuó destacando que los palestinos no califican como un estado soberano y, por lo tanto, no son candidatos para obtener la membresía en la Corte Penal Internacional.

Según el departamento de Estado, EE. UU. siempre se ha mantenido en la posición de que la jurisdicción del tribunal debe reservarse para los países que lo consientan o que sean remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU. “Como lo dejamos en claro cuando se pretendió unir a los palestinos al estatuto de Roma en 2015, no creemos que califiquen como un estado soberano y, por lo tanto, no están calificados para participar en organizaciones internacionales, y eso incluye la CPI”, concluyó Price.

Por su parte, Israel, que no hace parte de la corte pues no reconoce su legitimidad, condenó la investigación a la que llamó una “decisión política” y un “acto de quiebra moral y legal”.

“Israel tomará cualquier paso necesario para proteger a sus civiles y a sus soldados de la persecución legal”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi. A su vez, el primer ministro Benjamin Netanyahu, acusó a la corte de ser antisemita e hipócrita y adelantó que luchará por que se sepa la verdad.

La investigación propuesta por la Corte Penal Internacional abarca supuestos crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas Israelíes, que incluyen el uso de fuerza letal y no letal en contra de palestinos durante las grandes Marchas del Retorno llevadas a cabo en la Franja de Gaza a principios de marzo de 2018, y en las que murieron más de 200 personas. También se le investigaría por el traslado de civiles israelíes a Cisjordania, y por los asentamientos judíos en zonas de disputa, entre otros supuestos crímenes de guerra.