El naufragio del general

La tenacidad a veces trae su recompensa. Al menos ese ha sido el resultado para los familiares de más de 3.000 personas que fueron hechas desaparecer en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Ellos finalmente comienzan a ver al militar acorralado, pidiendo exámenes mentales al juez y aceptando rendir indagatoria. Cuando lo haga se habrá abierto el proceso penal en su contra, no por la totalidad de los crímenes de su régimen sino por la autoría intelectual de “secuestros calificados” de 68 personas en un operativo militar conocido como la ‘Caravana de la muerte’ ocurrido hace 27 años. Un hecho clave contribuyó a este desenlace. El sábado 6 las fuerzas armadas entregaron al presidente Ricardo Lagos un listado de 180 nombres de detenidos desaparecidos en el que se decía cuál había sido su destino final. El listado contenía los nombres de las personas y su militancia política, fecha de detención, fecha de muerte, recinto donde había estado detenido y dónde se habían ocultado sus restos. Por primera vez la institución armada reconocía que los atropellos cometidos no eran sólo actos aislados o exceso de celo de subalternos sino la acción de una verdadera empresa criminal dedicada al terrorismo de Estado. Eso representó un cambio fundamental en la situación de Pinochet, quien hasta ese día se sentía protegido por el Ejército y la derecha política, que habían defendido su desacato a la orden judicial de hacerse exámenes neurológicos y sicológicos, fijar residencia para rendir la indagatoria y someterse al fichaje de rigor como procesado. Así, el alto mando decidió salvar la institución y dejar a su suerte a su antiguo comandante supremo. El viraje Ese cambio de actitud había surgido en la Mesa de Diálogo, en la que el gobierno logró comprometer a los militares a entregar la mayor parte de la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Y cuando comenzaron a aparecer los datos quedó claro que el ejército era el principal incriminado en las violaciones a los derechos humanos porque gran parte de los desaparecidos fueron obra de los servicios de seguridad, Dina y CNI, creados por Pinochet y que respondían sólo a su mando. Al alterarse drásticamente las cifras de detenidos desaparecidos por los que debía responder cada rama de las fuerzas armadas éstas decidieron que cada institución debía enfrentar su responsabilidad separadamente y que seguir ligados al ex dictador los condenaba ante la historia. De esa manera el general Ricardo Izurieta debió convencer a su altos oficiales de que la única manera de revertir la situación era con la entrega al menos un 10 por ciento de los crímenes para separar al Ejército de las decisiones de Pinochet como gobernante. El abogado Héctor Salazar, integrante de la mesa de diálogo, lo explicó a SEMANA: “Los militares decidieron asumir el costo de decir: ‘los matamos y los hicimos desaparecer’. Pero en un intento de negociar el costo de pasar a la historia como criminales decidieron sacrificar a Pinochet y a Manuel Contreras (jefe de la Dina, actualmente preso). Para eso alteraron la información de los casos de detenidos que habían estado en recintos militares, sólo pusieron un regimiento: ‘Tejas Verdes’, donde era comandante, Contreras hombre de confianza de Pinochet”. La jugada tomó por sorpresa a Pinochet y su familia, quienes se encontraban en su lujosa finca costera esperando que la Corte Suprema sacara al juez Juan Guzmán de su causa. Sólo el domingo, a pocas horas de que Lagos hablara al país sobre la información que las fuerzas armadas le habían entregado, el propio Izurieta viajó a conversar con Pinochet. La conversación, de varias horas, debió ser dramática: Pinochet debía sacrificarse en aras de la unidad del Ejército y acatar los fallos judiciales. Pese a su maniobra la confesión militar no logró mejorar su situación ante el país y, por el contrario, llenó de horror a la gente. Una cosa era oír extrañas acusaciones de que habían sido lanzados prisioneros al mar y otra que los propios militares lo reconocieran. Los datos entregados reflejaban tanta crueldad, frialdad y planificación que Lagos fue criticado por “agradecer a las fuerzas armadas por el esfuerzo en la búsqueda de la información”. Los ánimos de reconciliación se desvanecieron ante el reconocimiento público de crímenes tan horribles. El mismo director ejecutivo de la Fundación Pinochet, general (r) Luis Cortés Villa, reconoció ante la televisión haberse quedado sin piso: “Me siento amargado como militar y como soldado porque no sé a cuántos subalternos les dije que no teníamos nada que ver con estos cargos, cuánta gente creyó en mí y a cuántos superiores los miré de frente y ahora estamos apareciendo en una situación como esta. Quedamos en mala posición”. La Corte Suprema, que había aceptado las presiones de la derecha para sancionar al juez Guzmán, se vio obligada a manifestar que si Pinochet no cumplía con los requerimientos sería detenido por desacato. Informacion parcial Lagos señaló en su discurso al país que: “La información es importante pero insuficiente”. Pero ha quedado en evidencia que no sólo es insuficiente, sino que también incluye mentiras: al menos en dos casos, que el informe dice que fueron lanzados al mar, sus cuerpos ya habrían sido encontrados y enterrados. Eduardo Contreras, querellante en varias causas contra militares, dijo a SEMANA que “la información es poca y mala, lo que causa un doble daño a una sociedad que está cansada de tanto daño. Pero también tiene la virtud de que a través de ella los militares reconocen que cometieron crímenes”. La apreciación del abogado es compartida por la mayoría de los chilenos, que creen que la información fue amañada para buscar una salida política que ponga fin a los juicios. “Ellos usaron la táctica del ‘tapaboca’ —explicó a esta revista el abogado Salazar— al seleccionar los nombres que pusieron en la lista. En los 180 nombres de los que fueron lanzados de helicópteros al mar están sólo los de familiares de quienes tienen presencia pública, que han mantenido la vocería de los derechos humanos. Están las direcciones del Partido Comunista, del Socialista, el marido de la abogada Carmen Hertz, el de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desapareci-dos. No están los nombres de los militantes y dirigentes de los partidos que hoy no existen, como el MIR”. Si esa fue la intención de la publicación del destino de las 180 víctimas a los militares les salió el tiro por la culata. Hoy la sociedad chilena clama que se haga justicia por todos los desaparecidos, porque a nadie le cabe duda de que las fuerzas armadas tienen toda la información. El peso de esa certeza ha caído sobre Pinochet, pues la evidencia de los crímenes ha dejado sin argumentos hasta a quienes lo defendían con mayor ahínco. La dimensión de los hechos reconocidos evidencia que en la época del dictador su ejército estaba empeñado en una campaña criminal de tal complejidad que no podía existir sin el conocimiento de una oficialidad cuyos últimos integrantes, licenciados recientemente, ya no están para encubrir a su comandante. La situación es tal que hoy ya no importa si los exámenes médicos libran a Pinochet del juicio por demencia. Porque el veredicto de la historia parece definido.