GRIETAS EN EL PODER

Para los habitantes de La Victoria, una de la barriadas más pobres al sudeste de la capital chilena, el 4 de septiembre fue un día triste. Hacía exactamente un año que un carabinero asesinó a su cura párraco, André Jarlan. Ellos lo recordaron elevando banderas con crespones negros, ya que el Arzobispo de Santiago, el cardenal Juan Francisco Fresno, había suspendido la misa que iba a celebrar en la catedral a la memoria del sacerdote francés, por temor a que ésta incitara a la violencia.
Sin embargo, los intentos de la Iglesia de evitar la violencia en la Jornada de Protesta contra el régimen de Augusto Pinochet, convocada por el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) y las dos grandes coaliciones partidarias -la Alianza Democrática (AD) y el Movimiento Democrático y Popular (MDP)- fueron en vano.
Tanto en La Victoria como en el resto de Santiago, así como en otras ciudades del país, miles de manifestantes salieron a la calle a cantar el himno nacional y casi todos disminuyeron su ritmo de trabajo, tanto en las fábricas como en las oficinas y comercios.
Pero también explotaron las consabidas bombas, se levantaron las barricadas de siempre en la periferia, se incendiaron unos cuantos buses, y hubo un muerto, una veintena de heridos y un centenar de detenidos.
Esta jornada cobró un significado especial para los chilenos, ya que en ese día se cumplían 15 años desde que asumió el último presidente elegido por el voto popular, Salvador Allende. Y de no ser porque las circunstancias políticas que la rodearon fueron diferentes, esta jornada no se hubiera distinguido mucho de las que se vienen sucediendo desde 1983.
Quizás el más crucial de los cambios fue el "Acuerdo Nacional para la transición a la democracia plena" impulsado por la Iglesia y suscrito por 11 partidos políticos, el pasado 25 de agosto.
"Una verdadera alternativa política al régimen de Pinochet existe en Chile, tras el acuerdo firmado por los partidos políticos", dijo Simone Veil, presidenta del grupo liberal del Parlamento Europeo, después de regresar de su visita a Chile.
El acuerdo pide que se elija libremente un Congreso con capacidad legisladora, fiscalizadora y constituyente, modificando así la Constitución del 80 diseñada por Pinochet. "Este no menciona al presidente, dándole así una salida", dijo Ricardo Lagos, dirigente del Partido Socialista Chileno.
Es para que el acuerdo no fracasara que esta vez la Iglesia no apoyó la Jornada. "Los actuales llamados a la protesta, dijo monseñor Fresno, se producen en un momento en que ha fructificado una respuesta a las solicitudes para una reconciliación nacional, y por tanto, no ayudan al diálogo ".
A pesar de que para los dirigentes como Gabriel Valdés, presidente de la Democracia Cristiana. "el acuerdo es el hecho político más importante que ha sucedido en Chile en los últimos 12 años", éste no fue firmado por la coalición de izquierda MDP, ni por su principal integrante, el Partido Comunista Chileno (PCCH).
"Este documento no contiene un plan de movilización popular, no exige la salida de Pinochet del gobierno, y fue elaborado sin tener en cuenta nuestra opinión", dijeron voceros del PCCH.
El MDP no fue llamado por monseñor Fresno porque, según la Iglesia, su propuesta de transición no excluye explicitamente los métodos violentos que ésta repudia. Asimismo, el PCCH ha hablado de una "sublevación nacional", sin aclarar qué implicaría esto. También declaraciones del dirigente comunista Luis Corvalán sobre la "relación fraterna" entre su partido y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, responsable de muchos atentados guerrilleros, han creado inquietud entre quienes buscan soluciones moderadas.
La derecha por su parte, es bastante reticente a que los comunistas entren en el juego político, no sólo porque creen que Pinochet no cederá ante ninguna propuesta que los incluya, sino por una cuestión de principio.
"Sostener que el comunismo debe ser reincorporado a la vida cívica está en desacuerdo con la doctrina tradicional de la derecha chilena", dijo el ex senador Francisco Bulnes de la Unión Nacional -partido derechista, hasta hace poco favorable a Pinochet- al semanario oficialista Ercilla.
No obstante, dirigentes políticos de centro han dicho que continuarán el diálogo con el MDP para que suscriba el pacto, porque están conscientes de que sin esta coalición, no habrá solución política para Chile.
De todas maneras, el acuerdo nacional constituye un freno a las expectativas que pueda tener Pinochet de quedarse en el poder más allá de 1989, al ofrecer una alternativa pacífica a las mayorías, ante una creciente crisis económica.
Otro hecho que ha contribuido al debilitamiento del gobierno militar poniendo al descubierto sus conflictos internos, ha sido el llamado escándalo de los carabineros.
A raíz del asesinato de tres militantes comunistas, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, colaboradores de la organización por los derechos humanos de la Iglesia, Vicaría de Solidaridad, el magistrado José Cánovas inició una investigación que descubrió que los responsables fueron carabineros, en su mayoría de la División de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). El juez ordenó el arresto de dos de ellos y dictó arraigo contra otros 12, y luego se declaró incompetente.
Como la justicia militar se negó a enjuiciar a los carabineros acusados y el escándalo ya era conocido por la opinión pública, Pinochet se adelantó y ordenó la baja y el arresto de todos los involucrados.
Luego, cuando el general César Mendoza -jefe del cuerpo y miembro de la Junta Militar desde el golpe de 1973- se solidarizó con los acusados, Pinochet le pidió su renuncia y nombró al general, Rodolfo Stange, como su sucesor. Su primera medida fue disolver la Dicomcar.
En el caso del estudiante José Randolph, de quien se dijo que se había suicidado mientras estaba preso, la justicia militar ordenó la baja de tres oficiales de alto rango, acusándolos de asesinato.
Otra serie de casos que involucran a 25 carabineros en total, muchos de ellos oficiales de alto rango, han puesto de manifiesto que la violación de derechos humanos también era perpetrada por el cuerpo de mayor prestigio entre las fuerzas de seguridad.
"Tradicionalmente, el cuerpo de carabineros gozó de gran respeto en el país, de modo que esta situación causó un auténtico shock en la opinión pública y fue una verdadera derrota política para el gobierno", dijo Valdés en su reciente paso por Buenos Aires.
Este escándalo también mostró la primera fractura seria entre los cuerpos de seguridad del Estado.
En realidad, se trató de una lucha interna entre dos organismos de inteligencia: la Central Nacional de Inteligencia -dependiente del Ejército- y la Dicomcar. Fue la CNI la que proveyó toda la información al juez Cánovas para que éste pudiera acusar a los carabineros. El informe de Cánovas dice: "De la investigación de la CNI se deduce la responsabilidad de los miembros del cuerpo de carabineros, y en especial, de los grupos de la Dicomcar y el COPE (Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros), directamente ligado a la Dicomcar ".
Es más, en declaraciones del abogado Luis Hermosilla, encargado por la Vicaría de Solidaridad como querellante en el caso de los tres degollados, a la revista Hoy, la CNI fotografió desde un helicóptero a los carabineros, llevándose a los militantes que luego fueron asesinados.
De acuerdo con el analista político argentino, Carlos Eichelbaum, "el cuerpo de carabineros había consolidado su status de fuerza armada y ganado tal poderío político y operativo que empezó a preocupar a las demás armas". Un informe presentado al gobierno por la CNI que hablaba del "desborde operativo y del manifiesto afán competitivo por parte de organismos como la Dicomcar y el GOPE", muestra que la rivalidad existía desde un tiempo atrás.
Esta lucha interna deja en claro que el gobierno militar ya no es el ente monolítico como lo fue otrora, y que por tanto, no sería de extrañarse que miembros de las Fuerzas Armadas estén dispuestos a apoyar la intransigencia de Pinochet, por mucho tiempo.
La posible fractura del frente interno, la aguda crisis económica, el desprestigio internacional, ahora agravado por la comprobación de la flagrante violación de los derechos humanos, y la protesta de trabajadores con sus paros, de las amas de casa con el golpeteo de sus cacerolas, y de sacerdotes, que como André Jarlan, enseñaron a su gente a resistir pacíficamente, han ido debilitando la terca dictadura de Pinochet.
Aún falta que las fuerzas políticas depongan sus intereses sectoriales para crear un solido frente de oposición.
En este sentido, Rodolfo Seguel, dirigente del CNI, hizo la pregunta clave:"¿Por qué no nos sentamos todos a defender una causa, una causa tan simple como recuperar la democracia para Chile?".





























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María Teresa Ronderos, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires.