HURTADO EN APRIETOS

La escalada de violencia desatada el 21 de octubre por las fuerzas policiales de Quito, Esmeraldas e Ibarra, contra las manifestaciones sindicales programadas por los organizadores de una huelga general, dejaron un saldo de dos muertos y 25 heridos, reflejando así la incapacidad del gobierno de Hurtado para controlar la situación difícil por la que atraviesa su mandato por la vía del diálogo.
La huelga, que había sido decretada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) sólo con carácter "preventivo", tenía el propósito de obligar al gobierno a derogar las recientes medidas económicas consistentes, entre otras cosas, en la eliminación de los subsidios al trigo y a la gasolina, cuyos efectos se tradujeron automáticamente en el alza del precio de la gasolina en un 120% y del pan en un 45%.
Días antes de la huelga general, protestas espontáneas que recorrieron varias ciudades del país degeneraron en actos vandálicos de sectores no controlados por los partidos políticos establecidos ni por el FUT.
Quito, una apacible ciudad que tradicionalmente ha vivido al margen de la violencia que caracteriza a otras capitales latinoamericanas, se había convertido desde el 18 de octubre en un virtual campo de batalla, con destrucción indiscriminada de vehículos, bloqueo de calles y ataque a edificios públicos, incluyendo el palacio de Gobierno y el parlarnento nacional.
En medio de esas tensiones, el joven mandatario democristiano anunció en la noche del 20 su decisión de declarar en estado de emergencia todo el territorio nacional, limitando así varias garantías constitucionales.
"¿Qué va a pasar en el país si a los graves problemas que lo afectan se suman los conflictos sociales, la violencia y el terrorismo?", se preguntó el presidente.
José Chávez, presidente del FUT, días antes de la huelga general explicó que las acciones del gobierno estaban dirigidas sólo a resolver los problemas económicos del Estado sin preocuparse del campo social. En realidad, para el gobierno, cualquier decisión en dicho campo tendría que ser moderada "para no neutralizar los efectos de la devaluación y provocar una inflación incontenible". Por esa razón, mientras los trabajadores reclamaban un incremento salarial del 75%, el gobierno sólo prometió un aumento de 12.5%. El salario básico en el país es actualmente de 121 dólares ($8.110 pesos colombianos).
Entonces, a la pérdida del poder de compra de los salarios, ante una inflación del 16.6%, se agregaron las medidas monetarias del 12 de octubre.
Estas fueron un paquete integrado no solo por la eliminación de los referidos subsidios, sino regulaciones para aliviar la iliquidez del sector bancario, un incremento de impuestos y una rebaja de las exoneraciones tributarias a empresas protegidas por las leyes de fomento.
Con tales medidas se esperaba aliviar el problema bancario con el aumento del circulante en 272 millones de dólares. Además, la revisión de las leyes de fomento generaría un ingreso de 187 millones de dólares y con la eliminación de los subsidios el Estado recuperaría 678.5 millones de dólares, pero al precio de elevar, entre muchos otros artículos, el precio del trigo y de la gasolina enormemente.
Vistas así las cosas, el sector obrero y popular entendió que Hurtado trataba de solucionar sus problemas con el Fondo Monetario Internacional --el país en diciembre tiene que pagar cerca de 300 millones de dólares, y su deuda externa se estima en alrededor de 6 mil millones de dólares-- a costa de ellos mismos. Esto explica la amplitud y combatividad de las protestas recientes, y en especial el carácter generalizado y "salvaje" de la huelga del 21 de octubre.