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Inspección masiva en diario argentino

Un inusual operativo paralizó el jueves en la tarde el ritmo de la redacción del periódico de mayor circulación en Argentina: durante casi tres horas, al menos 100 agentes tributarios registraron el edificio donde funcionan Clarín y otras publicaciones del conglomerado de medios más poderoso del país.

Alianza BBC
11 de septiembre de 2009

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió una inspección sorpresa en las oficinas del multimedios y, pese al operativo de gran escala, aseguró que se trataba de un relevo de personal “de rutina”.

La noticia del hecho -registrada de inmediato por todos los medios argentinos, aunque con información confusa y detalles contradictorios- fue leída por muchos como una escalada en el enfrentamiento que libra el Grupo Clarín con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para las autoridades, se trató de un procedimiento regular para controlar cuestiones impositivas y previsional, según declararon fuentes de la AFIP.
Voceros de la empresa, en cambio, reclamaron por lo que consideraron un despliegue con intenciones intimidatorias que no tiene precedentes en la historia del diario.

"No puedo desvincular esto de todo lo que está pasando en las últimas semanas con Clarín y los demás medios de comunicación", señaló el gerente de Comunicaciones Externas de la empresa, Martín Etchevers.

El gobierno versus el diario
Desde hace meses, la presidenta Fernández y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner, libran una batalla verbal abierta con el principal diario argentino.
En Clarín, por su parte, responden a las acusaciones e interpelaciones públicas a sus periodistas desde las páginas del periódico.

En las últimas semanas, la puja entre el kirchnerismo y el multimedios recrudeció a partir de algunas medidas que el gobierno puso ya en marcha, o que tiene en carpeta para dar tratamiento urgente antes del recambio legislativo en diciembre próximo, en el que el oficialismo perderá apoyo en ambas Cámaras del Congreso.

Por un lado, los intereses cruzados quedaron en evidencia durante el debate acalorado que genera por estos días el proyecto de ley de servicios audiovisuales, en el que se propone –entre otras medidas- limitar los monopolios y conglomerados mediáticos.

Asimismo, Clarín se vio perjudicado indirectamente por la decisión oficial de “estatizar” la transmisión de los partidos de fútbol del campeonato local. Antes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había decidido rescindir el contrato por los derechos de la transmisión con la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), en la que el Grupo Clarín tiene participación, y estos derechos fueron transferidos al estado.

¿Campaña sucia?
Los periodistas de Clarín vincularon la inspección a una noticia que levantó polvareda en la mañana de este jueves: la denuncia de que un organismo oficial habría entregado subsidios millonarios a una empresa ganadera que no estaba debidamente habilitada y que, luego del pago, habría recibido una matrícula provisoria de la AFIP para operar.

“Nuestra investigación fue una de tantas, es muy raro lo que pasó. La cantidad de efectivos de la AFIP fue totalmente inusual. Incluso si hubiera problemas fiscales, que nosotros como empleados desconocemos, es evidente que la entrada de un ‘pelotón’ de agentes que viene a allanar las oficinas va a tener algún efecto intimidatorio”, dijo a BBC Mundo una periodista del matutino, que trabaja en la redacción desde hace casi una década y prefiere mantener su nombre en el anonimato.

"Esto es una demostración de cómo los Kirchner entienden la libertad de prensa. Cuando les preguntamos a los inspectores qué venían a buscar, no lo sabían. Es un mensaje para todos los periodistas, porque si pasa con Clarín, puede pasar con cualquiera", opinó, por su parte, el editor general adjunto, Ricardo Roa.

Asimismo, desde el periódico señalan a fuerzas cercanas al gobierno como responsables de una campaña de afiches callejeros con los que recientemente se empapeló Buenos Aires: pósters que contienen mensajes con acusaciones a los directivos del medio.

El gobierno, por su parte, rechazó las acusaciones de Clarín de atentar contra las libertades de los medios o el derecho a la información.

Sin embargo, desde la AFIP, se difundió un inesperado pedido público de disculpas de su titular, Ricardo Echegaray. El jefe del organismo envió una carta al diario asegurando que “no se dispuso llevar adelante ningún procedimiento especial de inspección física” y que los controles son parte de la rutina que se lleva a cabo con “los grandes contribuyentes”.

La otra reacción de fuentes oficiales tras el operativo provino de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el organismo que aparecía involucrado en la investigación de Clarín por supuestas irregularidades en el manejo de fondos.

La ONCCA respondió al periódico con un documento de prensa. En éste aseguró que la entrega de subsidios a la empresa agropecuaria -sobre la que Clarín basa su reportaje- se hizo en un marco de regularidad, y acusó al periódico de publicar información “maliciosa” y “tendiente a confundir a la opinión pública”.

"Resulta sospechoso ver como en la crítica periodística la ONCCA pasó de ser un organismo que no paga las compensaciones (de lo que se había acusado a la entidad en notas periodísticas anteriores) a uno que las paga compulsivamente...

La Oncca paga las compensaciones de acuerdo con lo que dice la norma y su accionar es controlado por todas las auditorias que se le aplican a los organismos públicos", defendió el comunicado.