Líderes opositores, militares y jueces, víctimas de crímenes de lesa humanidad por el Gobierno venezolano: informe ONU

Torturas, ejecuciones extrajudiciales, mutilaciones y violaciones son algunos de los crímenes de lesa humanidad por los que el Gobierno de Venezuela es señalado en un informe entregado hoy por la ONU.Según el documento, las violaciones a los derechos humanos se han realizado en el marco de unas políticas estatales claras que buscan acallar cualquier voz opositora y enfrentar la delincuencia en el país a cualquier costo.El documento lo presentó una misión internacional independiente que monitorea a Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para la elaboración del informe, investigó a profundidad 223 casos individuales y examinó otras 2.891 violaciones. La misión no pudo desplazarse a Venezuela durante la investigación debido a que el Gobierno no respondió a sus solicitudes y también por las restricciones de viaje en el marco de la pandemia. Por esta razón, el informe está basado en numerosas entrevistas y documentos.Según la misión, la oenegé Foro Penal registró entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, 3.479 detenciones por motivos políticos, de los cuales el 26 por ciento fueron detenciones selectivas. Las otras corresponden a arrestos en el contexto de protestas. Señala que: “Las principales personas a quienes se dirigieron las violaciones eran a menudo críticos del Gobierno con un alto perfil público o personas que lograron prominencia o eran percibidas como una amenaza debido a sus acciones”.Aun así, destaca que otros sectores también son blanco de persecución, como son funcionarios públicos, profesionales de la rama judicial, defensores de derechos humanos, periodistas y usuarios críticos de redes sociales. De igual manera, afirma que en el marco de la emergencia sanitaria “también se detuvieron a trabajadores de la salud y a usuarios de las redes sociales que criticaban la respuesta del Gobierno ante la pandemia de covid-19”.El documento destaca que los servicios de inteligencia Sebin y DGCIM han tenido un rol crucial en dichas detenciones arbitrarias. Además, han perpetrado desapariciones forzadas de corta duración, tortura, tratos crueles e inhumanos y violencia sexual contra los detenidos. Algunos de los métodos de tortura reportados son asfixia con bolsas de plástico, palizas, mutilaciones, descargas eléctricas, amenazas contra ellos y sus familias, y la obligación de estar desnudos por tiempos indeterminados.Generalmente estos procedimientos se cometieron durante interrogatorios para forzar a los detenidos a revelar información o confesar los crímenes por los que eran acusados. El informe señala que presuntamente el Sebin drogó al diputado Juan Requesens para inducir a una confesión. Requesens fue uno de los cientos de perseguidos políticos a los que Maduro indultó hace unas semanas.En cuanto a los autores intelectuales de las detenciones, el informe señala que un exempleado del Sebin dijo que “a menudo venían del presidente Maduro y de Diosdado Cabello”.Por otra parte, el informe destaca que después de diciembre de 2015, cuando la oposición consiguió mayorías en la Asamblea Nacional, los parlamentarios se convirtieron en unos de los principales perseguidos por las autoridades. Lo ejemplifica con las múltiples solicitudes del Tribunal Supremo para retirar la inmunidad diplomática a 32 parlamentarios con el objetivo de procesarlos penalmente por rebelión civil, insurrección, crímenes de odio, entre otros. Estas solicitudes terminaron en “seis arrestos de congresistas; la mayoría estuvieron detenidos por más de dos años”.Otros de los perseguidos fueron los militares críticos del Gobierno. La misión señala que desde 2017 se han producido en el país una serie de detenciones de militares activos y retirados que, según las autoridades, estuvieron involucrados en rebeliones e intentos de golpe de Estado. Según el informe, a ellos también se les torturó, especialmente por medio de amenazas de abuso sexual. En un caso, las autoridades materializaron la amenaza.En otra sección del informe, la misión afirma que durante los operativos de seguridad conocidos como Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) hay evidencia de que agentes de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Los operativos tenían como objetivo atacar la delincuencia y fueron realizados especialmente en barrios urbanos de bajos ingresos. Frente a las denuncias de ejecuciones, la misión señala que el Gobierno recurrentemente dice que las muertes ocurrieron en enfrentamientos entre los uniformados y la población civil.La justicia también tiene un espacio en el documento. El informe asegura que dicha rama ha actuado de manera arbitraria frente a las detenciones y casos de violaciones de derechos humanos. Denuncia que es común por el incumplimiento a los plazos procesales, por lo cual las personas detenidas pasan largos periodos en detención preventiva.Incluso, en algunos casos la justicia mantiene a las personas bajo arresto a pesar de haber cumplido sus sentencias. La misión también señala la falta de garantías procesales. Muchas veces los acusados no pueden ver a sus abogados, la defensa no tiene acceso a los documentos necesarios y no se les comunica a tiempo la fecha de las audiencias.La misión concluye que muchas de estas violaciones de derechos humanos son crímenes de lesa humanidad ordenados o apoyados por el presidente y sus ministros. “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados (…) y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas”, señaló.Además, recomienda a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los autores de los delitos en el marco de su legislación interna. Con respecto a la justicia internacional, afirma: “Se recomienda que, en el examen de los casos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta las necesidades de las víctimas de que se haga justicia oportunamente”.