El gobierno de Nicolás Maduro ahoga a la prensa

“¡A los periódicos les llegará su hora!”, juró el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 7 de febrero en un acto en el Estado de Miranda. “Me llamarán dictador, no me importa; pero voy a endurecer las normas para acabar con el amarillismo y con la propaganda que alimenta la muerte”.

Con la amenaza, una de las más abiertas que haya proferido durante sus 11 meses de gestión, el sucesor de Hugo Chávez quería ponerle coto a la cobertura que los medios de prensa privados hacen de la inseguridad en Venezuela, uno de los principales problemas que aquejan a la ciudadanía y al que el chavismo no ha encontrado respuesta, reportó el diario español El País.

La declaración de Maduro le dio, además, un contexto relevante para entender el propósito del torniquete del gobierno a la prensa independiente restante: periódicos y revistas se quedan sin papel para imprimir. No han obtenido del gobierno los permisos necesarios para acceder a las divisas extranjeras con las que podrían comprar el material en el extranjero, que se importa en su totalidad y situación ante la cual el gobierno venezolano no ha dado declaraciones adicionales.

Aunque muchos de ellos pasaron por los 17 pasos burocráticos requeridos para obtener las divisas en el enrevesado sistema de control de cambios que se estableció en el 2003, no les han sido entregadas. Es el caso del diario El Nacional de Caracas, por ejemplo, uno de los más importantes del país, cuya última autorización para importar data de mayo del año pasado. Ahora, como muchos de sus pares en la capital venezolana y del interior, redujo sus ediciones a la mitad. Con esos recortes, podría mantener las tiradas hasta mayo. Mientras tanto, en medio de la crisis, 11 periódicos ya han cerrado operaciones.

Los organizadores de la marcha aseguran que 30.000 empleos directos e indirectos están en riesgo ante un eventual cierre de la gran prensa nacional y regional.

El director de El Nacional indicó a Associated Press, tras participar en la marcha, que de quedarse sin papel -situación que llevaría al cese de la circulación del diario- están dispuestos a continuar sus operaciones por internet. "No nos van a silenciar nunca", agregó.

“El gobierno no les debe nada”

Hasta el momento, la posición oficial niega que haya insuficiencias en el suministro de papel para la prensa. Diversos portavoces gubernamentales han dicho que en los puertos del país aún hay bobinas de papel sin retirar y que los medios privados hacen importaciones excedentes que, de hecho, les alcanzan para revender el producto. Todavía este lunes el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, atribuyó la alharaca de los medios a una intención desestabilizadora. “Que los periódicos compren su papel”, retó Cabello, “el gobierno no les debe nada”.

El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, le salió al paso a esas declaraciones en un preámbulo de la marcha. “Es verdad que el gobierno no nos debe dinero”, ironizó, “porque nosotros no le estamos pidiendo un préstamo. Lo que estamos haciendo es pagar unas importaciones con nuestro dinero, pero en las actuales reglas del juego al gobierno le toca autorizar el acceso a las divisas y liquidarlas”.

Bajo la consigna 'sin papel no hay empleo', manifestantes marcharon en Caracas. Foto: A.P.

Según portavoces del sector, en la actualidad están retenidas habilitaciones de pago de divisas para importar papel de prensa por un valor de 100 millones de dólares. Ese monto es llamativamente menor que los 2.500 millones de dólares que el Estado venezolano adeuda a las aerolíneas internacionales por repatriación de dividendos, o que los casi 500 millones que el gigante agroindustrial Empresas Polar ha afirmado, a través de un comunicado, que el Ejecutivo debe para pagar a proveedores extranjeros antes de tener que paralizar sus operaciones. La desproporción parece respaldar a quienes sostienen que el corte de los desembolsos de divisas a la prensa obedece a una represalia política, y no solo a los aprietos en el flujo de caja del gobierno.