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ANÁLISIS

El Nobel que podría salvarnos (del fin del mundo)

El autor de este análisis es un colombiano que ha seguido de cerca el largo camino para prohibir y eliminar las armas nucleares del planeta. Es director de una organización enfocada en temas de desarme, que a su vez es miembro de varias coaliciones que hacen parte de ICAN, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2017.

César Jaramillo*
12 de octubre de 2017

Catarsis

El primer aplauso quiso hacer temblar la solemne sala 4 de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Llevaba la fuerza represada de más de setenta años de espera. Pero fue en falso. Resulta que nos adelantamos.

Era la mañana del viernes 7 de julio y teníamos la emoción a flor de piel. Con bríos propios, una mañana afanada. Las palmas prestas a batirse. Y no era para menos: la comunidad internacional se disponía a adoptar, contra todos los pronósticos, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). Inmenso. Emotivo. Muchos de quienes estábamos allí llevábamos años exponiendo sus virtudes por todo el mundo.

Para los asistentes —entre delegaciones diplomáticas de más de 120 países, organizaciones multilaterales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y miembros de la sociedad civil internacional— se trataba de un día histórico. El TPAN habría de partir en dos la historia de las armas de destrucción masiva más devastadoras que jamás hayan sido concebidas.

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Más de siete décadas después de la destrucción de Hiroshima, más de 45 años después de la entrada en vigor del Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP), y más de un cuarto de siglo después del fin de la guerra fría, las armas nucleares iban por fin a ser prohibidas explícitamente bajo el derecho internacional, con miras a su eliminación total.

En la sala, por supuesto, se apreciaba una presencia fuerte de ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, por sus siglas en inglés), la coalición internacional que terminó por impulsar a la mayoría de estados miembros de las Naciones Unidas a negociar este improbable tratado.

Había decenas de activistas expertos en desarme nuclear de todas las latitudes, la mayoría menores de cuarenta años, y todos comprometidos hasta el tuétano con la causa. Tim de Australia; Akira de Japón; Pia de Argentina; Ray, Canadiense. También Beatrice Fihn, por supuesto, la activista sueca de 35 años que dirige la coalición. Para muchos era, sin duda y de lejos, uno de los días más importantes de nuestras vidas.

La sesión empezaba oficialmente a las 10:00 de la mañana, pero dos horas antes ya la sala estaba repleta, algo que raramente sucede en este tipo de conferencias. Se adecuó la Sala 6, a unos pasos, para seguir por videoconferencia el desarrollo de la sesión. Pero todos sabíamos que no era lo mismo que seguirla en persona. Los asientos limitados adquirieron de repente estatus de valiosa propiedad raíz. Y yo me aferré al mío.

La presidenta de las negociaciones, Embajadora Elayne Whyte-Gómez, de Costa Rica, abrió la sesión y de un tajo se detuvo el bullicio inquieto que llenaba el recinto. Llevaba un vestido blanco de fondo entero, excepto por una franja delgada y negra que le rodeaba la cintura.

El tratado se venía negociando desde Marzo, con el tire y afloje propio de la diplomacia internacional. Sin embargo esa mañana de viernes ya el texto estaba cerrado. Era el momento de aprobarlo.

Inicialmente todo parecía indicar que se adoptaría por consenso, sin necesidad de recurrir a un voto. La Embajadora Whyte-Gómez preguntó si alguien deseaba tomar la palabra antes de aprobar el tratado por consenso. Unos instantes más tarde dijo, en inglés, “veo que no hay ninguna objeción.”

En ese momento la sala irrumpió en aplausos. Pero el júbilo fue momentáneo: Whyte-Gómez no se había percatado de que Holanda había pedido la palabra. Solicitaba un voto formal, a lo cual tenía derecho.

El proceso de votación tomó tan solo unos minutos, pero pareció tardar horas. El voto era impredecible y cabía la posibilidad de que se nos escapara el tratado. De repente en la pantalla gigante del recinto se reveló el resultado: 122 a favor, uno en contra (Holanda), y una abstención (Singapur). El tratado se aprobaba por amplia mayoría.

Ahí sí, todos los aplausos.

Tres meses más tarde, Beatrice recibió una llamada del Comité Noruego. Le informaban que ICAN era merecedora del Premio Nobel de la Paz del 2017.

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Intransigencia

Ninguno de los nueve países poseedores de armas nucleares hace parte del tratado que le mereció a ICAN el reconocimiento del Comité Noruego del Nobel. Entre ellos se encuentran los cinco miembros permanentes de Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia), los únicos en poseerlas al momento de entrar en vigor el TNP en 1970. Cuatro estados (India, Pakistán, Israel y Corea de Norte), los únicos del mundo que no hacen parte del TNP, se han sumado al club de las armas nucleares desde entonces.

Los estados con armas nucleares y sus aliados se han opuesto activamente a este esfuerzo y han tratado abiertamente de socavar su validez. Y aunque no es de extrañar que los mismos estados que dicen poseer armas nucleares como garantía suprema de su seguridad se opongan a su prohibición, los principales argumentos que han utilizado para oponérsele no resisten el mínimo escrutinio. Son engañosos, basados en una lógica insostenible, o totalmente errados.

Si bien en algunos escenarios los estados que se han opuesto a la prohibición cuestionan su impacto y la eficacia, en otros admiten que ésta podría tener profundas implicaciones para la perpetuación y legitimidad de sus arsenales nucleares. Paradójicamente, una de las mejores articulaciones de la importancia de una prohibición legal proviene de los Estados Unidos, uno de sus principales opositores.

En un documento interno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de octubre de 2016 titulado “Impacto del posible Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares”, los Estados Unidos abiertamente llamaban a los 28 miembros de esta alianza nuclear a “votar en contra de las negociaciones sobre la prohibición de los tratados de armas nucleares, no solamente abstenerse”. Además del voto negativo, pide a sus aliados abstenerse de participar en las negociaciones.

También reconoce que “los efectos de un tratado de prohibición de armas nucleares podrían ser amplios” y que podría afectar no sólo a los estados que lo suscriban. En ultimas, el documento resume de manera concisa la intersección indiscutible entre la justificación del TPAN y la resistencia a el: “Estos elementos del tratado podrían, y están diseñados por los defensores de la prohibición, destruir la base de la disuasión nuclear de los Estados Unidos”.

Los opositores afirman que las negociaciones del TPAN han creado una grieta en la comunidad internacional dada la ausencia de estados con armas nucleares. Ahora, es cierto que el TPAN ha puesto de relieve grandes fisuras entre quienes exigen el desarme nuclear total y quienes se oponen a esta ambiciosa empresa. Pero se trata de divisiones de larga data, que siguen siendo exacerbadas por la manera flagrante que los estados poseedores de armas nucleares ignoran su obligación bajo el TNP de desarmarse.

El TNP se concibió para que los estados que no tenían armas nucleares se abstuvieran de adquirirlas, y que los estados poseedores las eliminaran. No obstante, estos últimos no sólo han resistido sus obligaciones, sino también los esfuerzos por abolición nuclear en todos los rincones del planeta. El arsenal combinado de estos países se estima en más 15.000 armas nucleares. De éstas, cientos están en estado permanente de alerta, listas para ser lanzadas en cuestión de minutos.

Los estados con armas nucleares exaltan el valor de sus arsenales como instrumentos legítimos para salvaguardar sus intereses nacionales vitales, pero esperan que nadie más acoja la misma lógica. Exigen cumplimiento inmediato y consistente de las obligaciones de no proliferación nuclear del resto de la comunidad internacional, pero descartan su propia responsabilidad de desarmarse.

La ironía de que los únicos poseedores de armas nucleares en el TNP son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, encargados de mantener la paz y la seguridad internacionales, resulta evidente. Pero ellos no son los únicos que obstruyen el progreso en la abolición de las armas nucleares.

Los estados sin armas nucleares que participan en alianzas como la OTAN son cómplices directos pues les permiten a los estados poseedores de armas nucleares afirmar que mantienen sus arsenales nucleares no sólo para su propia seguridad, sino también para la seguridad de sus aliados que no los tienen. Aunque estos últimos se presentan como actores globales responsables que han renunciado a las armas nucleares propias, continúan acogiendo la doctrina nuclear de la OTAN como una política de seguridad legítima, efectivamente validando las armas de sus aliados.

Además, en la actualidad todos los países con armas nucleares planean una modernización de sus armas nucleares avaluada en hasta un trillón de dólares. El resultado previsto no es alentador: extenderán así la vida útil de sus arsenales y retrasarán indefinidamente su eliminación.

¿Cómo no puede considerarse esto contrario al objetivo de la abolición nuclear? ¿Cómo puede la colocación de armas nucleares estadounidenses en los territorios de algunos miembros de la OTAN ser compatible con las prohibiciones de transferencia de armas contenidas en el TNP? ¿Realmente creen que los riesgos acerca de la proliferación de estas armas se disiparán mientras que los estados nucleares se aferren obstinadamente a sus arsenales?

Estos países también consideran que el proceso que dio lugar al tratado de prohibición no tuvo en cuenta el entorno de seguridad internacional actual. Pero una creciente mayoría mundial ve esta línea de argumentación como una táctica deliberada de retraso. La realidad es que nunca habrá condiciones perfectamente ideales para el desarme nuclear. Para que el desarme nuclear sea realidad, los estados con armas nucleares deben eliminar sus arsenales bajo condiciones de seguridad internacional previsiblemente menos que perfectas. Si el ambiente de seguridad internacional no está maduro para el desarme nuclear ahora, ¿cuándo lo será?

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Perseverancia

La lucha por un mundo libre de armas nucleares no es nueva. De hecho, es un objetivo fundacional de las Naciones Unidas, establecida en 1945 —el mismo año en que se liberó por primera vez la fuerza devastadora de estas armas, en Hiroshima (Japón), dando así inicio a la era nuclear—. Pero sin duda el punto de quiebre más significativo en años recientes ha sido una serie de conferencias multilaterales que se han enfocado específicamente en el impacto humanitario de las armas nucleares como el fundamento esencial para su abolición.

Entre 2013 y 2014 se celebraron tres conferencias multilaterales con este enfoque: primero en Oslo (Noruega), luego en Nayarit (México) y, por último en Viena (Austria). Los tres gobiernos respectivos, con el acompañamiento y el apoyo decidido de ICAN, acogieron a delegaciones oficiales de más de 140 naciones, organizaciones multilaterales y representantes de la sociedad civil internacional. La premisa fundamental de esta serie era que el único camino racional para garantizar que la humanidad no vuelva a sufrir la devastación causada por las bombas nucleares es eliminar por completo esta categoría de armas.

Algunos sobrevivientes de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, o Hibakusha, también asistieron. Allí dieron testimonio de primera mano de la devastación total causada por las armas nucleares, así como de las cicatrices físicas y emocionales que sufrieron. Una de las conclusiones principales de las conferencias fue que el uso de armas nucleares resulta completamente incompatible con los principios que rigen el uso de la fuerza en virtud del Derecho Internacional Humanitario, como lo son la distinción, la precaución y la proporcionalidad.

Al margen de las conferencias gubernamentales, ICAN también organizó foros para expertos y activistas de todo el mundo. En la medida en que se tomó conciencia renovada acerca de las consecuencias catastróficas de cualquier uso de armas nucleares, fue creciendo el carácter urgente de los esfuerzos para eliminarlas. La expectativa siempre fue que estos eventos fueran más allá de las discusiones viscerales de los efectos desastrosos de un intercambio de armas nucleares para centrarse en medidas concretas encaminadas a su eliminación.

Para quienes estuvimos en Oslo, Nayarit y Viena, la conclusión se hacía cada vez más clara: habíamos arribado a un punto de no retorno. Aunque el objetivo final era —y sigue siendo— la abolición de las armas nucleares, el próximo gran paso tenía que ser su prohibición explícita bajo el derecho internacional. En la práctica, esto se ejecutaría gracias a la audacia y coraje de países que acogieron las banderas humanitarias que animaban el proceso; países como Austria, Noruega, México, Nueva Zelanda y Costa Rica.

Todas las categorías de armas de destrucción masiva ya habían sido declaradas explícitamente ilegales bajo el derecho internacional. Las armas biológicas en 1972, las armas químicas en 1993, las minas anti-personales en 1997, y las municiones en racimo en el 2008. Con respecto de las armas nucleares, sin embargo, sin duda las más devastadoras de todas, existía un vacío legal que debía ser llenado para establecer el régimen normativo necesario para su abolición.

La prueba de fuego llegó en diciembre de 2016. La Asamblea General de las Naciones Unidas estaba considerando la histórica resolución L.41, por medio de la cual se convocaría a una conferencia que se llevaría a cabo durante el 2017, con el fin de “negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, llevando a su eliminación total”. Como era de esperarse, ni los estados poseedores de armas nucleares, ni algunos de sus aliados que acataron el pedido de Estados Unidos de boicotear el proceso, votaron a favor de la resolución.

Pero ya los dados estaban echados. Una amplia mayoría de estados aprobó la resolución, lo que puso en marcha el proceso de negociación que culminó con el Tratado sobre la Prohibición de las armas nucleares el 7 de julio de 2017.


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Esperanza

Unos momentos después de ser aprobado el TPAN, tomó la palabra Setsuko Thurlow en nombre de ICAN. Cálida y maternal, esta octogenaria se había convertido en una de las principales voces en el mundo a favor de una prohibición legal de las armas nucleares. En tono pausado pero contundente, se dirigió a la conferencia todavía extasiada por la aprobación de tratado y le dio a éste su beneplácito.

Su compromiso con la causa estaba a prueba de cualquier duda: es uno de los pocos seres humanos aún vivos que han sobrevivido a una bomba nuclear.

A los 13 años de edad, en un día de escuela cualquiera en su natal Hiroshima, conoció el terror absoluto. Muchos de sus familiares, compañeros de clase y amigos murieron calcinados casi al instante. Setsuko, que sobrevivió de milagro, decidió años después dedicar su vida adulta a la abolición de las armas nucleares. En el 2015 fue nominada, a nombre propio, al Premio Nobel de la Paz, el mismo que conseguiría dos años más tarde como parte de la coalición ICAN.

El valor del proceso que dio lugar a la adopción del TPAN en las Naciones Unidas a principios de este mes va mucho más allá de la prohibición misma. Se trata, en última instancia, de una lucha política y humanitaria del más alto nivel por eliminar una creación humana cuyo único uso concebible implica la muerte de cientos de miles —o millones— de personas. En el peor de los casos, pero enteramente posible, podrían acabar con la civilización misma.

El TPAN constituye la señal más fuerte en décadas del rechazo generalizado de estas armas. Y fue sin duda un imperativo humanitario, resaltado por ICAN a cada oportunidad, capoteando sin espabilar el escepticismo frentero de quienes no lo creían posible, el que condujo a su negociación.

Los Estados con armas nucleares sólo se desarmarán, si es que algún día lo hacen, cuando así lo deseen. Esa odiosa realidad está bien entendida. Pero ya no controlarán la narrativa predominante de los debates en torno de las armas nucleares. Para la mayoría de las naciones del mundo, estos instrumentos ya ilegítimos de destrucción masiva son ahora y para siempre inequívocamente ilegales.

La estrategia de ICAN nunca se limitó a meramente reconocer el impacto humanitario de las armas nucleares, sino que buscaba impulsar los procesos políticos necesarios que se derivan de tal reconocimiento. Desde esta perspectiva, el cálculo es realmente simple: si las consecuencias del uso de armas nucleares son inaceptables y existe un peligro claro de que estas armas puedan ser utilizadas de manera accidental o deliberada, deben ser eliminadas. Sencillamente, los riesgos son demasiado altos.

Bien lo dijo Gabriel García Márquez el 6 de agosto de 1986, el aniversario 41 de la bomba de Hiroshima:

"Desde la aparición de la vida visible en la tierra debieron transcurrir trescientos ochenta millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros ciento ochenta millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en cambio, haber concebido el modo en que un proceso milenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón".

Aún falta camino por recorrer para que el mundo libre de armas nucleares por el cual aboga ICAN se haga realidad. Por ahora, el proceso para establecer una prohibición legal constituye un avance necesario e inaplazable. Estará arraigado en el rechazo generalizado de la continuación de la existencia de armas nucleares y en el pleno reconocimiento de las catastróficas consecuencias humanitarias de su uso. Desde esta perspectiva, el uso de armas nucleares es inaceptable y el objetivo de su completa eliminación no es negociable. No es poco lo que está en juego.

*César Jaramillo es director de Project Ploughshares, organización canadiense enfocada en temas de desarme y seguridad internacional, y miembro de varias coaliciones que hacen parte de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) – Premio Nobel de la Paz 2017.

Cesar ha asistido a múltiples reuniones de los estados parte del Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP), a los tres foros de ICAN sobre impacto humanitario de las armas nucleares (Oslo, Nayarit, Viena), y a las negociaciones del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) como delegado de la sociedad civil internacional.