La fiscalía brasileña pidió la destitución del Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por el "desmonte del sistema de protección ambiental" que provocó el aumento de la deforestación, los incendios, la minería ilegal y la invasión de tierras.
Un grupo de 12 fiscales pidió a la justicia apartar de manera "urgente" al ministro y que sea condenado por "improbidad administrativa" a penas como "la pérdida de función pública", la "suspensión de sus derechos políticos" y el pago de una multa, entre otros.
En un comunicado, el Ministerio Público Federal (MPF) acusa a Salles de "favorecer intereses que no tiene ninguna relación con la finalidad de la cartera que ocupa", al promover de manera intencionada, "con actos, omisiones y discursos", el "debilitamiento de la protección del medio ambiente".
También afirma que el ministro, acusado por varios sectores de promover la deforestación en su defensa de la legalización de las actividades agropecuarias y mineras en áreas protegidas, es responsable de "reducir en un 25 por ciento el presupuesto del ministerio de Medio Ambiente y de paralizar el Fondo Amazonia; un fondo internacional de lucha contra la deforestación".
La conducta del ministro aseguran los fiscales "contribuyó decisivamente al aumento de la deforestación y de los incendios, sobre todo en la región amazónica" en 2019, que desataron una oleada de críticas de la comunidad internacional al Gobierno ultraderechista Jair Bolsonaro.
"Con los incendios en 2019", la selva amazónica perdió 318.000 km2, un récord histórico. La deforestación también está batiendo sucesivamente récords históricos, desde que el acusado asumió su cargo" en enero de ese año. Los fiscales señalan que el ministro destituyó a "varios agentes tras un operación de control ambiental exitosa" en una zona muy afectada por la deforestación en la Amazonía.
Asimismo invocan declaraciones suyas en una reunión ministerial en las que instó a "aprovechar este momento en que la atención de la prensa está volcada casi exclusivamente en la covid (...) para ir modificando todo el reglamento y simplificando normas" ambientales.
En una nota enviada a la AFP, el ministro dijo que el recurso de los fiscales tiene "posiciones con evidente sesgo político-ideológico en un claro intento de interferir en las políticas públicas del Gobierno Federal" y afirmó que "sus alegaciones son un conjunto de otros procesos ya apreciados y negados por el Poder Judicial".
Varias organizaciones ambientalistas alertan que 2020 va camino a convertirse en uno de los años más destructivos para la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta.