PINOCHET: TODAVIA AGUANTA

Cuando faltan menos de tres meses para que el gobierno militar que encabeza el general Augusto Pinochet cumpla diez años en el poder y cuando se han iniciado oficialmente los preparativos para la celebración oficial de esta fecha, el régimen enfrenta la crisis más grave del decenio, como consecuencia de lo que mayoritariamente se considera el fracaso del modelo económico ultraliberal que intento aplicar al país.
El derrumbe del presunto "milagro económico chileno" puesto en práctica por los economistas de la escuela de Chicago, dio inicio a una creciente movilización social, sindical, gremial y política que está llevando al país a una crítica polarización de fuerzas.
Pinochet, quien, en palabras del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea y ex miembro de la junta de gobierno, general del aire Gustavo Leigh, carece de apoyo civil pero cuenta "todavía" con el respaldo de las Fuerzas Armadas, está enfrentando la crisis con una doble estrategia que, en líneas generales, consiste en dividir a la creciente oposición civil concediendo algunos beneficios sectoriales a los grupos de mayor presión, y reprimiendo con fuerza a los sectores de la izquierda, especialmente a los de inspiración marxista.
Las medidas tomadas hasta ahora no han servido para detener el cada día mayor descontento nacional y menos aún para paliar la magnitud de la crisis económica, donde la deuda externa del país supera los veinte mil millones de dólares y donde el desempleo real bordea el treinta por ciento de la fuerza laboral.
En 1973, cuando se produjo el pronunciamiento militar, estas cifras eran de alrededor de tres mil millones de dólares para la deuda externa y de menos de seis por ciento para el desempleo.
Hasta ese año, y desde 1938, el país había vivido bajo gobiernos de inspiración derechista de centro y de izquierda, pero siempre dentro de los moldes de la democracia parlamentaria en lo político y en lo económico, con el acento puesto en la intervención del Estado y en el desarrollo industrial del país.
El proceso se revirtió fuertemente a partir de 1973, cuando los militares que derrocaron a Salvador Allende entregaron la conducción política y económica de la nación a grupos de la derecha, partidarios de un sistema ultraliberal en lo económico y fuertemente autoritario en lo político.
LA CONCENTRACION ECONOMICA
La teoría de la privatización creciente de la actividad productiva y de la apertura del mercado nacional a la competencia internacional, acompañada de la prohibición de ejercer toda actividad política y sindical, dio como resultado una fuerte concentración del poder económico, con la consiguiente aparición de grupos financieros que fueron los grandes beneficiados del modelo.
Los grupos, especialmente los que encabezaban los banqueros Javier Vial y Manuel Cruzat, operaron durante estos años sobre la base de que el Estado les traspasó la mayor parte de las empresas que hasta 1973 estaban en su poder. Sin embargo, en lugar de privilegiar el desarrollo industrial, la nueva clase empresarial decidió aprovechar la liquidez monetaria internacional producida por el boom de los petrodólares, para adquirir abundantes créditos internacionales baratos que luego ofrecían con tasas de interés altas al resto del país, iniciando así una espiral de endeudamiento creciente, cuyos resultados aparecen hoy dramáticamente a la vista.
La industria nacional no resistió la fuerte competencia con el mercado internacional y la importación de toda clase de artículos -desde automóviles hasta zapatos- que llevó a la quiebra a miles de empresas.
La tardanza del gobierno en comprender los verdaderos alcances de la recesión internacional y la inflexibilidad del equipo económico que encabezó el ministro de Hacienda, Sergio De Castro, precipitaron la crisis a mediados de 1980. Después de la renuncia de De Castro y del fin del dólar fijo con una paridad de treinta y nueve pesos, las crisis de gabinete comenzaron a sucederse; el dólar aumentó su precio hasta sobrepasar los setenta pesos la unidad, y las reservas de divisas del país cayeron a niveles jamás dados a conocer oficialmente, pero que llevaron a Chile al borde de la cesación de pagos, dejando al desnudo la fragilidad intrínseca del modelo.
EL DESPERTAR DEL SUEÑO
La crisis, sin embargo, estalló en toda su magnitud en enero de este año, cuando el entonces ministro de Hacienda Rolf Lueders anunció la intervención de los dos grandes grupos económicos -Vial y Cruzat- equivalentes al cincuenta por ciento de la banca nacional. La medida, destinada a "sanear" el sistema financiero nacional, no cumplió con ese propósito y, por el contrario, desató la más grave crisis social y política de los últimos diez años.
Por una parte, el gobierno se vio obligado a iniciar una tensa etapa de renegociación de su cuantiosa deuda externa con más de seiscientos bancos de Estados Unidos, Europa y Japón, al mismo tiempo que se veía obligado a enfrentar a un país que comenzaba a despertar del sueño que le habían prometido y que resultó ser una pesadilla.
La crisis económica se fue convirtiendo así, paulatinamente, en crisis social hasta transformarse en política. La prensa oficialista se ha visto incapaz de silenciar la ola de suicidios, el aumento de la delincuencia y de la mendicidad, la proliferación de vendedores ambulantes, el hambre de los sectores marginales y el aumento de las "ollas comunes" en las poblaciones periféricas de Santiago, donde el desempleo alcanza el sesenta por ciento.
EL FIN DE LA PAZ SOCIAL
Mientras oficialmente se daba a conocer que el país había gastado cuarenta y tres millones de dólares en importar whisky durante tres años, extraoficialmente se daban a conocer otras cifras, como por ejemplo que de quinientos veinticinco mil usuarios del servicio de agua potable en Santiago, ciento cuarenta mil son deudores morosos y treinta y tres mil carecen de este servicio porque la empresa procedió a cortarles el suministro por no pago de las respectivas cuentas. En el caso del suministro de energía eléctrica, se sabe también que existen actualmente en Santiago treinta y cinco mil viviendas sin luz por las mismas razones, al mismo tiempo que miles de pobladores "roban" la luz mediante el ingenioso expediente de "colgarse" del sistema de alumbrado público.
Algunas tibias "marchas de protesta", convocadas en los últimos meses del año pasado por los partidos de izquierda y la primera huelga ilegal de los mil doscientos trabajadores de la central hidroeléctrica de Colbun Nachicura, en febrero de este año, fueron los primeros indicios de que la paz social se había terminado en Chile. La huelga fue aplastada por el simple expediente de contratar desempleados para reemplazar a los "parados", pero al mismo tiempo actuó como detonante sobre la masa de trabajadores y sobre los partidos políticos, inmovilizados por el "receso" decretado por el gobierno para ellos.
En abril de este año, la Confederación de Trabajadores del Cobre, que con sus veintidos mil afiliados es la central sindical más poderosa del país, convocó a una primera "jornada de protesta nacional" para el once de mayo.
La protesta de la CTC, que encabeza Rodolfo Seguel, debía ser pacífica y básicamente, consistía en un llamado a la población para que se abstuviera ese día de enviar los niños al colegio y realizar sus compras, y revivir el sonar cacerolas a las veinte horas, tal como se hacía en 1973 como una manera de exigir la renuncia del entonces presidente Allende.
La protesta del once de mayo tuvo un éxito que superó incluso las esperanzas de sus organizadores. El ausentismo escolar alcanzó el setenta por ciento y en igual proporción cayeron las ventas del comercio ese día, al mismo tiempo que se registraban violentos incidentes en prácticamente todos los campus universitarios y al anochecer se registraba un ensordecedor estruendo de cacerolas y de bocinazos, no sólo en los sectores periféricos de la capital sino además en los sectores donde residen las clases media y alta del país.
La protesta alcanzó su máxima expresión durante la noche, especialmente en las poblaciones periféricas, donde los pobladores formaron barricadas de fuego con neumáticos para impedir el ingreso de las fuerzas policiales.
Dos personas resultaron muertas en esa oportunidad, al mismo tiempo que cientos eran detenidos y el gobierno empezaba cuarenta y ocho horas después una serie de allanamientos masivos con fuerzas del ejército, la policía uniformada y efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El efecto amedrentador que el gobierno buscaba con estas medidas no surtió efecto, con el resultado de que una segunda protesta, convocada para el día catorce de junio, tuvo mayores alcances incluso que la primera, con un saldo de cinco muertos y acciones como asaltos a almacenes, recintos policiales y locales del gobierno, que fueron calificadas de "vandálicas" por las autoridades.
El gobierno está enfrentando la movilización nacional con medidas judiciales y administrativas buscando descabezar el movimiento sindical que aparece a la cabeza de esta protesta. Es así como actualmente se encuentra detenida y procesada la mayoría de la dirigencia de los trabajadores del cobre, junto con la de otros organismos sindicales, tales como los de la construcción, campesinos, los gastronómicos y los del transporte, que convocaron a un paro nacional para el día jueves de la semana pasada.
Paralelamente, los mineros del cobre, que adhirieron a la protesta y que iniciaron un paro de actividades en apoyo a sus dirigentes detenidos, fueron puestos bajo control militar y obligados a reiniciar sus actividades bajo amenaza de despido colectivo.
La expresión política de todo este cuadro es completamente diferente a la que el país mostraba hace un año.
En las filas de la derecha, que hasta ese momento adhería incondicionalmente al régimen de Pinochet, reina hoy el desconcierto y el propio jefe del Estado ha acusado de "traidores" a los sectores que hoy le niegan su apoyo. La derecha aparece hoy fragmentada y desconcertada. Sus máximos exponentes, como el ex senador Francisco Bulnes, están empeñados en la ardua tarea de conseguir que el gobierno implemente rápidamente la democracia que prometió en 1980, cuando al amparo del aparente éxito económico de esa época, obtuvo la aprobación de la constitución politica que garantizaba un avance gradual hacia formas democráticas de gobierno. La constitución prometía un proceso gradual de "transición" hacia la libertad y hoy la derecha busca apurar esa marcha, en la medida que ve que la crisis precipita los acontecimientos y que las autoridades, en lugar de avanzar hacia la transición, endurece sus posiciones.
Hasta ahora, sin embargo, el gobierno hace caso omiso a estas recomendaciones. Las medidas represivas contra los dirigentes del cobre, demócrata cristianos en su mayoría, no han logrado más que endurecer la posición de la mayor colectividad política de centro, que aparece claramente decidida a seguir impulsando nuevas jornadas de protesta junto con la izquierda, pese a las diferencias que los separan.
El gobierno está buscando aplacar a la DC con medidas como la autorización para regresar al país de algunas de sus más destacadas figuras actualmente en el exilio, como Andrés Zaldívar (presidente mundial de la DC) y el ex diputado Claudio Huepe. Sin embargo, en la medida en que al mismo tiempo impide el regreso de otros connotados DC como Jaime Castillo, Manuel Bustos y Renán Fuentealba y encarcela a sus máximos dirigentes sindicales, anula el efecto apaciguador que busca y obliga a los democristianos a continuar bregando en las filas opositoras.
DIVISION EN LA IZQUIERDA
La izquierda por su parte aparece hoy dividida en dos grandes grupos, un sector más moderado, formado por grupos cristianos y socialistas, que busca formar una alianza al estilo del Partido Socialista Obrero Español conocido como "convergencia socialista", y otro, más radical, formado por el Partido Comunista, el MIR y el Partido Socialista, que se inserta en la ortodoxia marxista, y que no descarta formas de lucha más violentas para alterar radicalmente la situación.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, dentro del hermetismo que las rodea, parecen seguir prestando su apoyo incondicional al gobierno, a pesar de algunos rumores contrarios.
De todos modos, el desafío está planteado y la dinámica de los hechos dirá la última palabra. El gobierno aparece hoy más aislado que nunca, cuestionado por fuerzas sociales, gremiales y políticas, que van desde la Iglesia Católica hasta los pobladores, pasando por las asociaciones de profesionales, los colegios, y las amas de casa.
Las próximas jornadas de protesta que anuncia la oposición y el paro nacional en gestación serán claves para el futuro del país y la estabilidad del gobierno.