"TODOS HAN MUERTO"

"El caso conforma un capítulo negro de la historia argentina". "Estamos ante un horror que la historia y los hombres deben juzgar hoy". "Es la primera vez que un genocidio es reconocido por sus responsables, es como si Adolfo Hitler en conferencia de prensa hubiese anunciado el exterminio de seis millones de judíos". Estas frases son solo una pequeña muestra de las expresiones que llovieron como guijarros la semana pasada sobre los quepis de los militares argentinos, al conocerse un informe de ellos sobre la situación de los desaparecidos en ese país.

No era para menos. Según el anuncio del gobierno de Buenos Aires, las 20 mil o más personas que desaparecieron en ese país, después de haber sido arrestadas por causas políticas, entre 1969 y 1979, deben darse por muertas. Así de simple. El informe militar dice textualmente: "Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliadoso en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de las sepulturas".

El texto, dado a conocer el 28 de abril, se tituló "Documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo" y pretendía resumir "el accionar subversivo " en ese país en la última década.

Reconociendo que en los operativos "antisubversivos" cometieron sus ejecutores errores que "pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto de los derechos humanos", la junta militar extrañamente subrayó que su documento "quiere ser un mensaje de fe reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida", además de asegurar que los "excesos" cometidos por los agentes de la represión solo quedarán "sujetos al juicio de Dios" y a la "comprensión de los hombres".

Pero, ni lo uno ni lo otro, obviamente, le fue concedido a los autores del informe. La pedida "comprensión de los hombres" fue barrida más bien por la ola de protestas que se levantó en los cuatro puntos cardinales.

La primera y quizás más contundente de ellas la expresó el vital y octogenario dirigente socialista, protagonista de la lucha contra el fascismo en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, Sandro Pertini, presidente de Italia desde 1976, quien en un telegrama expresó a las autoridades argentinas que el citado documento suscitaba "el desprecio y la protesta mía y del pueblo italiano en nombre de los elementales derechos humanos, tan cruelmente aplastados".

En igual sentido, poco después se pronunciaron el Vaticano, los gobiernos de Francia y España --que también tienen nacionales suyos dentro de los desaparecidos-- así como numerosas organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos del mundo.

"¿Por qué usted, hombre honesto y oficial íntegro, quiere defender oficiales que por sus graves faltas deshonraron el uniforme que usted lleva con honor?", preguntó Pertini al presidente argentino Reynaldo Bignone en una carta en la que ratificó y amplió sus durísimas acusaciones del telegrama a Buenos Aires. "La humanidad debe sentirse herida a través de ellos", agregó.

No hubo guerra sucia
En su carta, el líder italiano recordó que las víctimas de la represión en Argentina no eran sólo argentinas. Según las listas oficiales de desaparecidos en aquel país, más de 300 son italianos o de origen italiano.

Respondiendo a la actitud de Buenos Aires, que había protestado contra lo que consideró como una "inadmisible intromisión del presidente italiano en asuntos internos" de Argentina, Pertini declaró que su condena no constituía una intromisión en asuntos internos de otro país ya que era "la humanidad en su conjunto la que había sido aplastada en sus derechos elementales" con la decisión del régimen argentino sobre los desaparecidos. "Es el gobierno de Buenos Aires el que debe responder al mundo entero de todas esas violaciones de los derechos humanos y civiles", añadió.

Poco después, el canciller italiano, Emilio Colombo, hizo el comentario que encabeza esta nota, siendo seguido por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y por el dirigente demócrata cristiano argentino Néstor Vicente, respectivamente.

El informe militar, que no incluía ninguna nómina de muertos o desaparecidos, indicó que en los 10 años analizados se produjeron en Argentina 21.642 "hechos terroristas", asegurando que la "estructura subversiva" llegó a tener 25 mil integrantes, de los cuales 15 mil eran combatientes.

Tal argumentación fue refutada de inmediato por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, en Buenos Aires, quien sostuvo que la junta faltaba a la verdad "porque pretende que en el país hubo una guerra sucia, mientras existen innumerables pruebas que nos permiten afirmar que el 80% de los detenidos desaparecidos fueron secuestrados en sus hogares, en la vía pública o en los lugares de trabajo, ante testigos".

Dicha asamblea declaró, además, que el gobierno negaba la justicia "al justificar el terrorismo de Estado mencionando una legislación anterior cuyo fin no era instrumentar la desaparición forzada de personas ".

Según el documento de la junta militar, las acciones desplegadas por las fuerzas armadas en la "represión de la subversión" constituyeron "actos de servicio". Pero ¿acaso secuestrar, torturar, asesinar, mentir con total descaro, son "actos de servicio"?, preguntaron las "Madres de la Plaza de Mayo", la organización que desde hace seis años lucha por el paradero de sus hijos y familiares desaparecidos. "Solo la impudicia y la desverguenza pueden calificar así estos crímenes", dijeron.

"Están vivos"
Ellas y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, rechazaron la tesis según la cual los desaparecidos estaban ya muertos, afirmando que en varios centros de detención de Argentina sobrevivían muchos desaparecidos, que el gobierno debía sacarlos de cárceles ilegales y secretas que allí existen y entregarlos vivos. Pérez Esquivel indicó en Buenos Aires que aunque él sabía tal cosa, no podía revelar donde éstos se encuentran pues, de hacerlo, podría perjudicar sus vidas. Dijo que los militares no los han matado a todos "por miedo a que se desencadene una guerra civil".

El Premio Nobel, quien fuera detenido y torturado por la junta militar en 1977, declaró que la responsabilidad de los desaparecidos recaía "sobre el vértice militar, sobre los generales Videla, Viola, Galtieri el almirante Massera y otros muchos militares", y que el actual régimen sigue inspirándose en la ideología de la seguridad nacional, lo que era algo similar al nacional-socialismo de Hitler.

Por su parte, la prensa argentina ha recogido pronunciamientos contrarios al documento de numerosas personalidades políticas y sindicales, en las que se rechaza, además, el intento de la junta militar de sacar adelante una amnistía para los responsables de los crímenes oficiales.

En d campo sindical, los pronunciamientos contra el texto militar han sido de la CGT Azopardo, CGT-Brasil y de la CGT-RA.

Felipe González, el tibio
Y la declaración del gobierno de Felipe González, aunque también obtuvo el agradecimiento de diversos sectores argentinos, fue criticada por la debilidad de su tono y la confusion de algunos de sus términos. Raimundo Ongaro, dirigente sindical peronista dijo al respecto que por encima de la noble actitud del gobierno español era "una falla decir que algunos de los reprimidos serían terroristas". "Un gobierno no debe decirlo, ya que eso solo la justicia puede determinarlo con base en la constitución y las leyes constitucionales", precisó.

Entre los pocos que respaldaron el informe en cuestión estuvo -Claro está-- el ex presidente Jorge Rafael Videla, quien gobernara el país entre los duros años de 1976 a 1981.

El afirmó que el documento "estuvo inspirado en la justicia "y que lo suscribía plenamente admitiendo que durante ese período hubo "errores" que pudieron "exceder el límite de la ética".

El escándalo sin duda perjudicará al gobierno de Buenos Aires no sólo en el campo doméstico sino también internacionalmente. Horas antes de que estallara la crisis, la cancillería italiana mediaba entre Argentina y Gran Bretaña en torno a la cuestión de las Malvinas. Debe recordarse que, durante la guerra en el Atlántico Sur, el gobierno de Roma votó en contra de la opinión mayoritaria de los países de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea y en favor del levantamiento de sanciones a Buenos Aires cuando Galtieri decidió invadir las islas. Un deterioro similar podría desarrollarse por parte de los gobiernos de París y Madrid si Bignone se empeña en optar por la criticada "solución " del problema de los desaparecidos.