¿Hasta cuándo aguantará Venezuela?

Mientras la crisis económica, el desabastecimiento médico y alimentario y la inseguridad se llevan por delante a Venezuela, la pelea entre el Legislativo opositor y el Judicial y Ejecutivo oficialistas no para de complicarse. Esta semana, la política venezolana parecía una pelea callejera donde cada bando tiraba golpes a matar.

La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lanzó el primer puño cuando decidió reducir las potestades de control político al poder judicial, ciudadano y electoral de la Asamblea Nacional (AN). En respuesta, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se plantó en sesión permanente para definir el mecanismo constitucional que logre revocar al presidente Nicolás Maduro.

En una escalada en espiral, cada poder busca blindarse frente al otro. Por el lado del chavismo, los antecedentes no faltan para demostrar que, generalmente, se las arreglan con prácticas leguleyas para eliminar lo que les estorba. De lejos, el mejor ejemplo es el del alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma. Cuando este asumió en 2008, Chávez creó el cargo de jefe de gobierno de Caracas, a quien transfirió las competencias correspondientes al alcalde.

Algo similar sucedió con la sentencia del TSJ. Los magistrados y el presidente Nicolás Maduro no disolvieron la Asamblea, ni desconocieron la votación del 6 de diciembre que eligió a 112 diputados opositores, pero le quitaron buena parte de sus funciones. Confabulados, Poder Ejecutivo y Judicial se blindaron con una herramienta que apenas tiene un viso de legalidad. Andrés Dávila, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, dijo a SEMANA que “la revolución bolivariana movió sus fichas en el Poder Judicial, en una acción desesperada tras perder el Legislativo”.

Con la “sentencia del miedo”, como la caracterizó el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, el TSJ declaró inconstitucional el proceso por el cual la AN investigaba varios casos de corrupción. Y, en la parte más grave, cortó de un tajo la promesa opositora de revisar la legalidad de las designaciones apresuradas de 13 magistrados titulares y 21 suplentes, hecha por el gobierno después de las elecciones en el afán de asegurarse una Justicia chavista antes de que la oposición pudiera evitarlo. En estas, el gobierno violó los artículos 254, 256, 263 y 264 de la Constitución, que exigen que la ciudadanía participe en la designación de magistrados, que tengan autonomía política y una experiencia mínima de 15 años como juez, abogado o catedrático, y que la AN los apruebe con las dos terceras partes de los votos.

Ante el doble atropello constitucional, la actual AN desacató la decisión judicial y tomó una posición aún más desafiante. “Vamos a investigar casos de drogas en la Fuerza Armada, casos de corrupción en Pdvsa, la espeluznante situación de la deuda externa, el escándalo de los dólares de Cadivi y todo lo que haya que investigar”, afirmó Ramos Allup en rueda de prensa. Pero no solo llegó hasta allí, sino que, dos días después, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, sostuvo “la necesidad absoluta de salir de este gobierno, razón por la cual estamos en sesión permanente para afinar la estrategia que nos permita conquistar el poder” y añadió que “no nos temblará el pulso para convocar una constituyente”.

Como si fuera poco, la AN solicitó la mediación de la OEA ante el inminente choque de poderes, y acudió al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para la normalización de la institucionalidad democrática y del orden constitucional. Sin embargo, todo se complica, pues el gobierno acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de respaldar maniobras “golpistas” de la oposición.

Los pocos caminos que quedaban para salir de la tensión que carcome al país parecen cerrarse, mientras la población es la principal afectada a causa del atropello de sus garantías democráticas. El vaso no puede derramarse más: con un Ejecutivo dispuesto a usar a fondo un Poder Judicial de bolsillo, y un Legislativo maniatado, el panorama es desesperanzador y, aunque sigan lanzándose golpes -o acusándose de golpistas-, nadie está cerca de ganar por knock out.