Ya que no se callan...

Las imágenes delataron a Lina Ron, una notoria militante chavista de la Unión Popular Venezolana (UPV), un partido que apoya al presidente Hugo Chávez. El lunes, ella lideró a unos 35 motociclistas armados que decidieron lanzar bombas de gas lacrimógeno y tomar las instalaciones de Globovisión, el único canal de línea abiertamente opositora desde cuando el gobierno decidió cerrar Rctv, hace ya dos años. El asalto dejó dos personas heridas y provocó desmayos e intoxicaciones. Todo quedó grabado y la condena pública no se hizo esperar. Hasta el Presidente, que en otras ocasiones había alabado el fervor de su pintoresca seguidora, rechazó la acción, aunque más que por exaltar la tolerancia o el respeto a las ideas divergentes, por su efecto contraproducente. "Lo que hace es darle oxígeno a la contrarrevolución. Le hace daño a la revolución la compañera Lina Ron. Se presta para un juego a favor del enemigo", dijo.

Globovisión ha sido, desde hace tiempo, una piedra en el zapato para el líder de la revolución bolivariana, quien ha dicho que el canal pertenece a "oligarcas apátridas", "lacayos del imperialismo" y "mafiosos", y lo acusa de ejercer el "terrorismo mediático". A pesar de que sólo transmite en señal abierta en dos ciudades (Caracas y Valencia), Chávez asegura que "envenena" a los venezolanos por su línea editorial crítica, y ha pedido a sus subalternos que actúen en su contra. La cadena ha sido víctima de todo tipo de ataques (ver entrevista). Pero el del lunes llegó en un momento clave en el que, una vez más, se cuestiona las restricciones a la libertad de expresión en la República Bolivariana.

La semana anterior el gobierno, que ha amenazado a otras 250 emisoras de radio, cerró 34. Y casi al mismo tiempo, la Fiscal general presentó ante la Asamblea Nacional un polémico proyecto de ley contra "delitos mediáticos" que desató la preocupación y el rechazo de todo tipo de asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, en Venezuela y en el exterior. El proyecto contempla penas de cárcel para los medios que atenten contra la "estabilidad", la "paz social" o la "moral pública", nociones subjetivas. Sectores opositores no dudaron en atribuirle una inspiración "hitleriana" y Human Rigths Watch lo calificó como una "receta para la censura". A mediados de la semana pasada, su aprobación quedó pendiente, aunque nada garantiza que haya sido descartado.

La clave parece estar en unas palabras de Chávez en marzo, cuando dijo a sus funcionarios que "si no fuera por estos medios, que están en manos de la oligarquía y atacan y mienten y manipulan tanto, el apoyo al gobierno, a la revolución, estaría en mucho más del 80 por ciento". Desde ese regaño público, el ministro de obras Públicas y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, empezó a actuar en el caso de las radiodifusoras, y luego la Fiscal anunció su proyecto de ley de delitos mediáticos. "Recibimos la instrucción de acabar con el latifundio mediático, y lo vamos a hacer. Si la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo la va a obligar por las malas", dijo Cabello hace un mes ante el Congreso.

El gobierno asegura que la decisión sobre las radios, que el Colegio Nacional de Periodistas calificó como "despótica", fue un acto administrativo dictado por irregularidades en los permisos para operar. Pero pocos dudan que tiene una inspiración política. Como dijo a SEMANA Marcelino Bisbal, director del posgrado de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello, "son demasiadas casualidades juntas. Hay una línea de conducción política para acallar aquellos medios que hoy todavía siguen siendo críticos con este gobierno".

Chávez quiere para su gobierno lo que llama "la hegemonía comunicacional", pero aunque ha conseguido controlar el legislativo y el judicial, el llamado cuarto poder, como se conoce a la prensa, ha resistido sus embates. Durante estos 10 años el gobierno ha creado nuevos medios oficiales, impulsó una legislación restrictiva y asestó un gran golpe con el cierre de Rctv, el canal más antiguo de Venezuela, pero no ha sido suficiente. "El gobierno maneja cifras y sabe que los niveles de audiencia y el nivel de lectura de los diarios gubernamentales son relativamente bajos. Requiere silenciar ciertos medios que tienen una audiencia importante", asegura Bisbal.

El cierre de las radios, y en especial de la cadena CNB, le apuntaría a debilitar esas voces opositoras, pues a través de esa señal se solía transmitir Aló, ciudadano, un popular programa de opinión de Globovisión abiertamente crítico con la gestión del gobierno. Desde cuando se cerró Rctv no hay canales de cobertura nacional, a excepción de la radio y, según explicó a SEMANA Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, "sin la radio va a ser muy difícil dar un mensaje a nivel nacional". A esos temores se suma un secreto a voces que asegura que el gobierno ya decidió cerrar Globovisión, como ha amenazado en varias ocasiones, pero está buscando reducir el costo político. Y clausurar ese canal sin temer la reacción de las emisoras privadas de radio será mucho más fácil.